sábado, 30 de enero de 2010

Pasar la página


Arturo Peinado. La Horda Feliz, 28-01-2010 - 29 Enero 2010 .

Lo más grave de la Transición no es que se usasen los símbolos oficiales vigentes en el momento, sino la certificación de la impunidad
Hace una semana leíamos: “Eurodiputados catalanes piden que se retire un símbolo franquista del Parlamento Europeo. El PSC pide al Gobierno que envíe a Bruselas un ejemplar de la Constitución sin el águila y las flechas” (1). Estas noticias fueron pronto comentadas por nuestro compañero, camarada y amigo Emilio Sales con el espíritu crítico que le caracteriza, en un artículo titulado “La gallina constitucional”(2)

Sin embargo nos resultó especialmente sorprendente una sagaz propuesta de solución a tan incómodo conflicto: “mientras llega ese momento, los eurodiputados del PSOE y el PP han propuesto pasar la página y seguir mostrándolo en la exposición abierto por otra parte” (3).

En primer lugar debemos partir de una incontestable realidad: el águila franquista era el escudo oficial del Estado español en diciembre de 1978 cuando se promulgó el texto constitucional, y lo siguió siendo hasta 1981.

Ciertamente hoy es impresentable y políticamente incorrecto exhibir en Bruselas y en el Congreso de Diputados ejemplares del texto constitucional presididos por sendas gallinas, con su yugo, sus flechas y sus lemas de “una, grande y libre”. Pero la pretensión en este caso de ocultar los símbolos franquistas externos, enmascara un objetivo más profundo: hurtar un análisis de fondo y un posible debate social sobre la Constitución del 78 en sí, y las circunstancias políticas e históricas en que ésta se generó.

Por ejemplo, que todos los que pudieron votarla lo hicieron en circunstancias completamente diferentes a las actuales, y tienen hoy al menos 49 años. O que la pervivencia del carácter oficial de esos símbolos durante la Transición, no es más que un síntoma (relativamente anecdótico) de que el proceso estuvo diseñado y dirigido por los herederos de la dictadura, en una situación de correlación de fuerzas de manifiesta inferioridad de la oposición democrática, bajo la permanente espada de Damocles del golpe militar involucionista y la violencia impune de los pistoleros fascistas. También estos días hemos conmemorado los aniversarios de los asesinatos de Enrique Ruano y de los Abogados de Atocha.

Asimismo podríamos analizar la forma en que esa Constitución fue aprobada: porque las elecciones de 1977 no fueron planteadas explícitamente a los ciudadanos electores como constituyentes; porque se impidió la presentación de cualquier candidatura republicana; porque las autoridades y corporaciones municipales que controlaban el proceso (hasta la elecciones locales de 1979) estaban formadas exclusivamente por adeptos y beneficiarios de la dictadura nombrados a dedo por el respectivo Gobernador Civil, a su vez designado por el ministro de la gobernación de turno, quien era elegido vía digital por el jefe del Estado del momento. Y no olvidemos que la dictadura tuvo dos titulares en la Jefatura del Estado, uno desde 1936 hasta su muerte física en 1975, y el otro, desde noviembre del 75 hasta la promulgación de la Constitución en diciembre de 1978.

Lo más preocupante del proceso constituyente no es que no estuvieran derogados los símbolos oficiales del franquismo en 1978, consecuencia natural de que no se hubiera producido ninguna ruptura democrática con el régimen nacido a sangre y fuego el 18 de Julio del 36. Porque ¿quién había designado a la persona que rubricó los ejemplares del texto constitucional hoy expuestos en el Europarlamento y en el Congreso de Diputados?. Deberíamos tener presente que desde hace 70 años, todos los decretos y leyes que aparecen en el BOE son firmados por un militar que no ha sido votado por nadie, y que el himno y la bandera actualmente oficiales (que también lo eran en 1978) fueron reestablecidos por Cabanellas, Queipo de Llano y Franco en Sevilla, el 15 de agosto de 1936, para la parte del país controlada entonces por los militares facciosos.

En consecuencia, lo más grave de la Transición no es que se usasen los símbolos oficiales vigentes en el momento o que el proceso estuviera en todo momento tutelado por responsables de la dictadura recién conversos (de manera casi milagrosa) a la democracia, sino la certificación, vía Ley de Amnistía de 1977, de la impunidad de los golpistas del 36, de los jueces y fiscales del TOP, y de los torturadores de la Brigada Político-Social, entre muchos otros. O, por ejemplo, que nadie haya exigido la presentación de disculpas públicas y reparación material efectiva a las víctimas del franquismo por parte de las instituciones y de las empresas que se lucraron del trabajo esclavo de los presos republicanos, algunas de cuyas herederas cotizan hoy en el Ibex 35. Y en este asunto podríamos tomar lecciones y ejemplo de países como Francia, Austria y Alemania. (4)

También resulta sorprendente comprobar cómo se pueden escandalizar por la presencia de la siniestra gallina en un documento oficial de 1978 quienes han certificado, aprobando la Ley de Memoria de 2007, la plena legalidad y vigencia de las sentencias represivas del franquismo en nombre de la “seguridad jurídica”.

Algunos argumentarán que “precisamente gracias a esa Ley de Memoria se retiran los símbolos”. Aparte de que es una vergüenza nacional que aún se tenga que reivindicar 35 años después de la muerte del dictador, el argumento es falso: no se ha publicado aún el reglamento de la Ley que concreta plazos y tipología de los símbolos a retirar, amén (y nunca mejor dicho) de los subterfugios que la Ley facilita a determinadas instituciones, en especial a la Iglesia católica, para soslayar las obligaciones que establece como marco general. La Ley de Memoria, como mucho, está sirviendo de acicate para que diversas instituciones de la Administración del Estado y algunos ayuntamientos retiren hoy símbolos y nombres de calles en cumplimiento de las competencias y facultades que les son propias desde 1979.

En consecuencia, que por una vez y sin que sirva de precedente, estamos de acuerdo con los eurodiputados del PP y del PSOE en que ya va siendo hora de pasar página.

Arturo Peinado. Federación Estatal de Foros por la Memoria

Madrid, 28-01-2010

Franco y Queipo de Llano saldrán del callejero de Málaga

laopinióndemalaga.es » Málaga
Jueves 28 de enero de 2010
EFE El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó hoy, por unanimidad, sustituir de una manera inmediata las calles dedicadas a los principales artífices del golpe de estado y la posterior dictadura franquista, los nombres de Franco y Queipo de Llano (en Olías) y de los generales Mola y Sanjurjo (en Echeverría de Gamarra).

Además se aprobó por todos los grupos políticos, instar a la comisión municipal de memoria histórica a someter al Pleno en un plazo lo más breve posible, una relación de nombres que deban ser eliminados de la nomenclatura de las vías públicas del Ayuntamiento, de acuerdo a la Ley 52/2007, contando para ello con las opiniones de la Universidad de Málaga.

De esta forma se elimina en Málaga la última distinción que el Ayuntamiento se le habían concedido a Franco, que ostentaba también los títulos de hijo adoptivo y predilecto, alcalde honorario, al tiempo que estaba en posesión de la medalla de oro de la ciudad.

La comisión municipal de memoria histórica también tendrá que abordar la retirada de los honores y títulos otorgados por el Ayuntamiento a otros personajes de la dictadura que siguen vigentes, como los títulos de Hijo Adoptivo y Predilecto de la ciudad a Queipo de Llano, que le fue otorgado el 20 de marzo de 1937, tras la ocupación de Málaga, entre otros.

También José Utrera Molina, subjefe provincial falangista en 1949, ministro, gobernador de Ciudad Real, Burgos, Sevilla, Jefe nacional del movimiento, tiene la medalla de oro de la ciudad y es hijo predilecto de la misma, entre otros protagosnistas de la Dictadura.

viernes, 29 de enero de 2010

Rabat pide compensaciones para los marroquíes que lucharon en la Guerra Civil

Rabat pide compensaciones para los marroquíes que lucharon en la Guerra Civil
'Ha llegado el momento de que se haga justicia', dice el Gobierno marroquí
Reclama mejorar sus condiciones materiales y las de sus familiares
Efe | Rabat
Actualizado jueves 28/01/2010 17:57 horasDisminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de Marruecos, Taib Fasi Fihri, pidió a España que conceda a los soldados marroquíes que participaron en la Guerra Civil española y a sus familias reparaciones por los daños que sufrieron.

"Marruecos invita a España a una nueva lectura audaz de la memoria común, con serenidad y lejos de todo prejuicio, siguiendo un método científico para iluminar las zonas de sombra", señaló anoche el ministro en una comparecencia ante la Cámara de Representantes, según informa la agencia oficial marroquí MAP.

Fasi Fihri indicó que no se sabe con precisión el número de marroquíes que combatieron en España, pero que las estimaciones oscilan entre los 100.000 y los 130.000 -mientras que las fuentes españolas los sitúan en 80.000-, y aseguró que entre los reclutados había unos 9.000 niños.

Según la Asociación Marroquí de Antiguos Combatientes, cerca de 2.000 de estos soldados siguen vivos en las provincias del norte de Marruecos y en el Sáhara Occidental.

Este colectivo denuncia que las pensiones que reciben son muy inferiores a las vigentes en España o América Latina. Ahora, el Gobierno marroquí considera que "ha llegado el momento de que se haga justicia a estos combatientes y a sus herederos", especialmente mejorando sus condiciones materiales, añadió Fasi Fihri.

Para el ministro, las reparaciones deben negociarse "en el marco de un diálogo constructivo" que consagre las relaciones entre ambos países y "concrete la voluntad de depurar definitivamente la herencia colonial".

Madrid: El PP defiende al franquista Arias Navarro en el pleno municipal


El País, - 28 Enero 2010



Arias Navarro -a quien algunos apodaban El carnicerito de Málaga- fue presidente del Gobierno durante la dictadura y alcalde de Madrid



DANIEL VERDÚ – Madrid – 28/01/2010

La bancada popular del Ayuntamiento lanzó ayer a dos de sus representantes a defender las tesis más conservadoras de la derecha: la normalización del franquismo y la persecución del aborto. La imagen ofrecida la construyeron los ediles de Latina y Chamartín, Begoña Larrainzar y Luis Miguel Boto.

La bancada popular del Ayuntamiento lanzó ayer a dos de sus representantes a defender las tesis más conservadoras de la derecha: la normalización del franquismo y la persecución del aborto. La imagen ofrecida, que no acabó de sentar bien a muchos de los concejales populares más próximos a Gallardón, la construyeron los ediles de Latina y Chamartín, Begoña Larrainzar y Luis Miguel Boto, para rechazar dos proposiciones que lanzó el PSOE y que fueron apoyadas y defendidas por IU.

Primero le tocó a Larrainzar explicar por qué no piensa cambiar el nombre del parque Carlos Arias Navarro, en Latina. La propuesta era de la edil socialista Noelia Martínez, que intentó sin éxito que la zona verde pase a llamarse parque de Aluche, como la conocen ya todos los vecinos.

Arias Navarro -a quien Martínez recordó que algunos apodaban El carnicerito de Málaga por la represión que lideró en la ciudad andaluza en la posguerra y que terminó con más de 4.000 muertos-, fue presidente del Gobierno durante la dictadura y alcalde de Madrid. Por eso se le concedió el nombre al parque, dice el PP. Y porque hizo mucho por las zonas verdes, aseguró Larrainzar. “Fue un alcalde comprometido con que todos los barrios de la capital tuvieran un parque, y gracias a él existe esta zona verde en Aluche, sin cuya iniciativa quizá no estaría”, insistió. Además, la edil del PP no tuvo reparos en comparar a aquel regidor impuesto por el régimen con Enrique Tierno Galván y con Agustín Rodríguez Sahagún, ellos sí, elegidos democráticamente.

“Lo que hizo ese alcalde por Madrid eran quintos pisos sin ascensor ni cañerías de agua caliente”, se revolvió Martínez en un tono muy duro antes de citar a Adolfo Suárez para resumir el sentir de la gente del barrio de Aluche en esta cuestión: “Elevar a la categoría de normal en política lo que en la calle es normal”.

(…)

http://www.elpais.com/articulo/madrid/PP/defiende/franquista/Arias/Navarro/pleno/municipal/elpepiespmad/20100128elpmad_6/Tes?print=1

miércoles, 27 de enero de 2010

El Gobierno rehúye hacerse cargo de las exhumaciones

12:09 del Miércoles, 27 de Enero de 2010
Público.es
Justicia firma un convenio con las comunidades del PSOE para elaborar un mapa estatal de la represión. Las víctimas reclaman que el Estado pague directamente los trabajos en las fosas.

El Gobierno firmó ayer un convenio de colaboración con ocho comunidades autónomas (Andalucía, Catalunya, Euskadi, Aragón, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias) para reunir toda la documentación sobre el lugar donde los golpistas de 1936 enterraron a sus víctimas. El mapa resultante estará incompleto porque las comunidades gobernadas por el PP se han negado a colaborar. Las víctimas no verán consumada ninguna de sus peticiones porque el Ejecutivo no se compromete a pagar directamente la recuperación de los cuerpos y a darles entierro digno.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ensalzó el valor de la firma por ser una exigencia de la Ley de la Memoria firmada en diciembre de 2007. "Las Cortes así lo han querido y así lo haremos por lealtad institucional, como han demostrado las comunidades autónomas aquí presentes", explicó en un gesto de crítica a las autonomías que no se han sumado al intercambio de documentación.
"No se trata de justificarse, sino de hacer justicia", critica Emilio Silva
Después del acto protocolario, Caamaño no quiso criticar al PP por su falta de compromiso con las víctimas del franquismo y achacó la falta de políticos conservadores en el acto a "problemas de coordinación en las agendas".
El mapa de fosas, exigido en el artículo 12 de la ley, ya existe en algunas comunidades, como Andalucía y Catalunya. La asociación andaluza Todos los nombres recibió una subvención de la Junta para su elaboración. El viceconsejero de Justicia de Andalucía, José Antonio Ortiz, señaló que la tarea siguiente de recuperación e identificación de cadáveres sería pagado por las subvenciones que el Ministerio de Presidencia otorga anualmente desde 2006 a colectivos ligados a la memoria histórica.
El titular de Justicia también mencionó esas subvenciones, aunque no forman parte del desarrollo de la Ley de la Memoria. "El Gobierno ha dedicado 14 millones de euros desde 2006 a 2009 a subvenciones a 140 asociaciones diferentes, de los cuales un 27% ha sido para proyectos relacionados con localización de fosas y exhumación de restos", enumeró el ministro.
Caamaño recuerda que el Ejecutivo ha invertido 14 millones en ayudas
Las asociaciones beneficiadas por esas ayudas critican que el Gobierno delegue en ellas la tarea de localizar y exhumar. "No se trata de justificarse, sino de hacer justicia", reprochó el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva. Este colectivo, que hizo la primera identificación genética de una víctima recuperada de una fosa de 1936, reclama al Gobierno que establezca una "estructura administrativa" que permita recuperar los restos.
"El problema es que no permiten acceder a las verdaderas fuentes de información, que son, por ejemplo, los archivos de la Guardia Civil", reclama el portavoz del sindicato CGT, Cecilio Gordillo. "En Andalucía ya se han hecho ocho mapas de fosas, siempre a iniciativa de las asociaciones", explica Gordillo. La Junta de Andalucía, tras pagar 60.000 euros en la búsqueda infructuosa de Federico García Lorca, anunció que abriría una fosa en cada provincia.
"Lo demás es un paripé"
Las víctimas reclaman un método como el practicado por la Generalitat de Catalunya, que dispone de una ley propia de fosas y donde la memoria histórica forma parte de las políticas públicas del departamento del Interior.
"A nosotros nos cuesta cada exhumación 30.000 euros aproximadamente. Eso es lo que se llama hacer una política pública. Lo demás es un paripé", opinó tras la firma del convenio el secretario general de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitar, Joan Boada Masoliver.
Catalunya se ha hecho cargo de la identificación de 3.000 cuerpos y de 90 exhumaciones
Catalunya se ha hecho cargo de la identificación de 3.000 cuerpos y de 90 exhumaciones. El convenio con Justicia servirá para compartir información y detallar el listado. "De los 3.000 identificados, 400 no son catalanes y puede que haya descendientes de ellos que están reclamando sus restos en otra comunidad", explicó Boada. La gran parte de los muertos en Catalunya son soldados del frente de la Guerra Civil; el Gobierno de la República se mantuvo en pie durante la contienda impidiendo la represión caliente, sin juicio previo, que se produjo en los lugares tomados por los golpistas.
Caamaño afirmó que el mapa de fosas es un "reconocimiento sincero y una reflexión para mirar al futuro de manera limpia" que permite investigar "por primera vez en democracia la realidad de nuestra historia más reciente". El ministro evocó en varias ocasiones a los "familiares, allegados y amigos de las víctimas" que "fueron obligados a guardar silencio" sobre el lugar en el que fueron enterrados aquellos que "murieron por defender la libertad y lo que hoy es el modo de ser de España".
La ARMH señaló que más importante que el mapa es buscar a los desaparecidos. "No han hecho nada todavía, y se va a morir la generación que vivió la guerra y la posguerra", reclamó Silva. El representante de Catalunya en el acto protocolario coincidió con esa reflexión: "Las exhumaciones no son tan caras cuando se trata de dar dignidad a gente que se muere".
En nombre de las comunidades autónomas firmantes habló la consejera de Educación y Cultura de Aragón, María Victoria Broto, que recordó que "facilitar a los familiares conocer dónde están sus antepasados es una obligación moral".

Enlace para firmar, por la anulacion de procedimientos del franquismo




Este enlace, os permite acceder, directamente a la hoja de firmas, para la anulacion de los procedimientos franquistas, esperamos vuestras firmas.
Hagamos que su voz se oiga.
http://www.foroporlamemoria.info/firmas_malaga.php

martes, 26 de enero de 2010

SEVILLA: “Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo”


Reparto de propaganda el pasado sábado 23 de enero ante la Consejería de Administración y Justicia de Andalucía.


Foro por la Memoria de Andalucía, - 25 Enero 2010
El pasado sábado 23 de enero, nos volvimos a concentrar en Sevilla ante la Consejería de Justicia y Administración Pública de Andalucía, bajo los lemas “Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo” y “Sin Justicia no hay Memoria, No al Protocolo de Exhumaciones de la Junta de Andalucía”. Dada las duras condiciones climatológicas, la provincia se encontraba en alerta por fuertes lluvias, decidimos, en vez de celebrar la concentración, centrarnos en nuestra labor informativa sobre la campaña de recogida de firmas contra dicho protocolo de exhumaciones que la Consejería de Justicia ha elaborado y aprobado a finales de 2009.

Se repartieron multitud de folletos y se recogieron unas 40 firmas a pesar del poco tiempo que estuvimos, debido a las inclemencias del tiempo. Por ello, a partir de ahora todos nuestros eventos irán acompañados de una mesa informativa y recogida de firmas para dicha campaña.

Más información:

http://www.foroporlamemoria.info/2009/12/campana-de-recogida-de-firmas-sin-justicia-no-hay-memoria/

Agradecemos el apoyo y participación desinteresada de tod@s.



Foro por la Memoria de Andalucía

miércoles, 20 de enero de 2010

El Ayuntamiento de Málaga se opone a la Memoria Histórica

La comisión de este área lleva casi un año estancada y el PP se niega a su reactivación

El Ayuntamiento de Málaga se opone a la Memoria Histórica

ELPLURAL/ANDALUCÍA

El Partido Popular ha demostrado estar en contra de las acciones destinadas a recuperar la Memoria Histórica. En esta ocasión es el PP de Málaga, con Francisco de la Torre al frente, quien ostenta la alcaldía de la capital, el que se ha negado a aprobar una moción presentada por IU que abogaba por recuperar la comisión municipal para la recuperación de la memoria histórica. Hace casi un año que esta comisión no se reúne

Desde Izquierda Unida habían solicitado que se recuperase esta comisión y se cumpliese la llamada Ley de la Memoria Histórica en la capital malagueña. Los populares, sin embargo, no están de acuerdo y se han negado a aprobar la iniciativa.

Museo de la Memoria Histórica
IU también había solicitado reconvertir la Cárcel Provincial en un Centro Museo Documental de la Memoria Histórica. A pesar de que en el pleno se había aprobado por unanimidad, el PP ha rechazado cumplir esta iniciativa.

Más de 100 calles franquistas
Además de esta negativa, IU se ha quejado en varias ocasiones del callejero local de la capital. Según su portavoz, Pedro Moreno Brenes, hay más de 100 calles con nombres de los principales personajes de la dictadura. Incluso, recalcan, una lleva el nombre de Francisco Franco. Además, escudos, placas y bustos franquistas todavía perviven en las calles de Málaga.

Recuerdos “ofensivos”
El portavoz de IU continúa señalando que no cree que esta “sea la tónica” en “todo el PP”, pero señala que en Málaga “hay personas en el PP a quienes no les gusta la recuperación de la memoria histórica”. Pedro Moreno Brenes asegura que hay gente a la que le resulta “ofensivo recordar y dignificar a las víctimas del franquismo”. Desde IU señalan que esta postura es “inadmisible” y se han quejado públicamente de ello.

Reactivar la Comisión
La moción presentada por IU, señalan, pretendía “reactivar la comisión de memoria histórica”. Con esta iniciativa pretendían retirar los nombres franquistas de las calles y anular la declaración de hijo predilecto a Queipo de Llano que llevó a cabo el Ayuntamiento de la localidad.

Queipo de Llano, hijo predilecto
El general franquista Queipo de Llano, “la segunda Giralda de Sevilla”, como lo bautizó José María Pemán, fue nombrado hijo predilecto de Málaga tras la ocupación de la capital. A pesar de que en su ciudad natal, Sevilla, ya se le ha retirado el título de hijo predilecto, el PP malagueño sigue manteniendo la distinción.

andalucia@elplural.com

martes, 19 de enero de 2010

Málaga: El alcalde apoya el Parque de la Memoria previsto en San Rafael

laopinióndemalaga.es, - 15 Enero 2010 .El Ayuntamiento se muestra conforme con la petición de los familiares de las víctimas. El proyecto culminará los trabajos de exhumación del cementerio


IU exige que se apruebe la conversión de la antigua cárcel en centro documental

LUCAS MARTÍN. MÁLAGA El Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde a la habilitación del denominado Parque de la Memoria en el antiguo cementerio de San Rafael, proyecto que culminará los trabajos de exhumación de represaliados llevados a cabo en los últimos tres años en el camposanto.

Según informó el presidente de la Asociación contra el Silencio y el Olvido por la Memoria Histórica, José Dorado, la iniciativa cuenta ya con la conformidad del alcalde, Francisco de la Torre, que se comprometió en el inicio de las excavaciones a apoyar la construcción de un panteón en recuerdo de las más de 4.500 personas que fueron asesinadas en el recinto.

El parque supondrá la protección de las fosas en las que fueron sepultados los cuerpos y la elevación del monumento funerario, que recogerá los nombres de las víctimas. La idea del colectivo es que el panteón pueda albergar los restos, posibilidad que dependerá del deseo de cada una de las familias.

Por otro lado, el grupo municipal de IU exigió ayer al Ayuntamiento de Málaga el cumplimiento de los acuerdos relativos a la ley de la Memoria Histórica, que incluyen, entre otros apartados la retirada de los símbolos franquistas y la habilitación de un centro documental sobre la represión, iniciativas en las que el equipo de gobierno se ha inhibido hasta el momento, pese a contar con el respaldo de una moción institucional.

El concejal de la coalición de izquierdas Pedro Moreno Brenes puso de relieve la apatía del Consistorio, al que acusó de carecer de “voluntad política” para llevar a cabo lo pactado en pleno. El edil se mostró, además, indignado por la falta de implicación en la conversión de la antigua cárcel provincial en un centro de memoria histórica, propuesta a la que, según dijo, el Ayuntamiento se ha opuesto en última instancia, tras respaldar la petición oficialmente. “La concejala Teresa Porras ha dicho que eso no va ahí, como si pudiera revocar por sí misma los acuerdos plenarios”, señaló.

El representante de IU incidió en que ambas iniciativas fueron discutidas y aprobadas en la sesión reglamentaria y responsabilizó “a algunas personas del PP” de no gustarles la recuperación de la memoria. “Parece que les resulta ofensivo recordar y dignificar a las víctimas del franquismo y eso es inadmisible”.

En cuanto al centro de la memoria, el vicepresidente de la asociación, José Galisteo, apostó por radicarlo en el emplazamiento aprobado en pleno, la antigua cárcel de Málaga, ya que se trata, reseñó, del lugar en el que fallecieron muchas de las víctimas, entre ellas, los hijos de asesinados.

El proyecto consiste en reservar las dependencias para la puesta en marcha de un centro documental sobre la Guerra Civil y la represión y de un museo, en el que se expondrán buena parte de los enseres personales recogidos en la exhumación de San Rafael. Galisteo apuntó que la iniciativa no resulta incompatible con los planes expresados por el Ayuntamiento en los últimos meses. “Una parte puede ser para el barrio y otra para el centro”, puntualizó.

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2010/01/14/alcalde-apoya-parque-memoria-previsto-san-rafael/314683.html

lunes, 18 de enero de 2010

Concentración el sábado 23 de enero, a las 11:30 horas, ante la Consejería de Administración y Justicia (Plaza de la Gavidia, 10)


Foro por la Memoria de Andalucía, - 16/01/10
Concentración el sábado 23 de enero, a las 11:30 horas, ante la Consejería de Administración y Justicia (Plaza de la Gavidia, 10)

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO y SIN JUSTICIA NO HAY MEMORIA, NO AL PROTOCOLO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.



Estimad@s compañer@s y amig@s:

Con este correo os queremos invitar a participar el sábado 23 de enero a la concentración que realizaremos en Sevilla en la plaza de la Gaviria número 10, frente a la Consejería de Justicia y Administración Pública de Andalucía, bajo los lemas VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO y SIN JUSTICIA NO HAY MEMORIA NO AL PROTOCOLO DE EXHUMACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA para volver a exigir una implicación real de los poderes judiciales y políticos para con las víctimas.

En esta sexta concentración vamos a seguir dando continuidad a nuestra campaña de recogida de firmas contra el protocolo de exhumaciones que la Consejería de Justicia a elaborado y presentado a finales de 2009. Al que, como hemos informado anteriormente, presentamos alegaciones ante el Comisario de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía y donde dejábamos constancia de que la justicia no puede quedarse al margen de las exhumaciones, y que en las fosas donde se encuentran ilegalmente inhumadas las víctimas de la represión franquista deben ser levantadas de acuerdo con la Legislación Internacional de Derechos Humanos, por lo que deben ser los Jueces de Instrucción los que acuerden las medidas oportunas para ese levantamiento, todo ello en el marco de la investigación de los delitos que cometieron las personas que ejecutaron, directa e indirectamente, a los allí inhumados. Al no recibir respuesta, iniciamos la campaña SIN JUSTICIA NO HAY MEMORIA NO AL PROTOCOLO DE EXHUMACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, poniéndola en marcha el 21 de noviembre de 2009 justo cuando coincidía con nuestra quinta concentración para exigir al estado VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN para las víctimas del franquismo. Dicha campaña la fortalecimos con una recogida de firmas para presentarlas ante la Consejería de Justicia y Administración Pública y al Comisario de Memoria Histórica de Andalucía para exigirle que modifique el protocolo de exhumaciones en base a las valoraciones ya realizadas, que se pueden consultar en el siguiente enlace y donde también podéis dejarnos vuestra firma:


http://www.foroporlamemoria.info/2009/12/campana-de-recogida-de-firmas-sin-justicia-no-hay-memoria/


En dicha concentración instalaremos varias mesas informativas y de recogida de firmas, para solicitar el apoyo a todas las personas que quieran mostrar su rechazo a dicho protocolo, ya que debemos luchar contra la impunidad de los crímenes franquistas y exigir a que las administraciones no contribuyan a que éstos continúen sin ser juzgados, y sobre todo teniendo en cuenta con la privacidad a la que quieren someter las exhumaciones, contribuyendo a negar el derecho a la verdad que tiene también toda la sociedad y no sólo los familiares de las víctimas. Lo que más sorprende es que, precisamente, sea la Consejería de Justicia la que promueve este protocolo de exhumaciones ya que viola el Derecho Penal Internacional, queriendo realizar las excavaciones como si fueran, por ejemplo, simples yacimientos romanos, sin ninguna intervención judicial. Esperemos que se pidan cuentas al respecto a la Consejera de Justicia y al Comisario de la Memoria de Andalucía, en especial por no valorar lo que desde el movimiento memorialista y desde diversas organizaciones de Derechos Humanos se viene reclamando desde hace años: la aplicación de las leyes y normas internacionales relacionadas con lo crímenes contra la humanidad imprescriptibles.

Bajo estos planteamientos os convocamos nuevamente, el sábado 23 de enero ante la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, Plaza la Gaviria, 10 en Sevilla, para la concentración-recogida de firmas.


Os esperamos. Cualquier duda o sugerencia estaremos encantados de atenderla.


Es importante que este correo llegue al máximo número de personas posible como un medio más para empezar a poner fin a tantos años de silencio y de impunidad. Por todo ello pedimos vuestra colaboración. Gracias.

FORO POR LA MEMORIA DE ANDALUCÍA.

foroporlamemoria_andalucia@hotmail.com
www.foroporlamemoria.info

jueves, 14 de enero de 2010

El Supremo admite la querella de Falange contra Garzón por el caso de las fosas

El Tribunal Supremo ha acordado la admisión de la querella interpuesta el pasado 1 de septiembre por Falange Española de las JONS contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al que este partido acusa de un delito de prevaricación en relación con la causa que abrió este juez por las desapariciones tras la Guerra Civil española.

En un auto notificado este miércoles, el alto tribunal señala que el contenido de esta querella es "en todo punto coincidente" con las previamente presentadas y admitidas a trámite contra este mismo magistrado por parte del sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, por lo que acuerda la acumulación de esta última iniciativa a la causa que ya se investiga.

Por el momento, la investigación contra Garzón por el asunto de las fosas de la Guerra Civil se encuentra pendiente de que el instructor de este procedimiento, Luciano Varela, decida, tras la realización de diversas pruebas, si finalmente procede contra el juez o archiva la causa.

miércoles, 13 de enero de 2010

Ante el segundo aniversario de la "Ley de la memoria"

El 27 de diciembre de 2007 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 310 el texto de lo que dimos en llamar "Una ley aberrante". A dos años de su promulgación no cabe más que ratificarse en esa calificación.

La cuestión central en relación con la "Ley de la memoria" es que no reconoce jurídicamente a las víctimas del franquismo: no sólo a las de la Guerra Civil, sino a las de todo el periodo dictatorial. Tampoco reconoce las víctimas españolas de la II Guerra Mundial, ni las que lucharon en los ejércitos aliados, ni las que fueron exterminadas en los campos nacionalsocialistas, como por ejemplo los españoles republicanos exterminados en el campo de Mauthausen.

La ley aprobada en 2007 implica el reconocimiento de la legalidad franquista y tiene una manifiesta voluntad de servir de defensa de esa legalidad al plantear la igualación de víctimas y victimarios, o sea, de los responsables de una serie crímenes graves bajo el derecho internacional.

Esta Ley ignora las Resoluciones 32(1) y 39(1) de la Asamblea General de la ONU (aprobadas en 1946), que proclamaron que el Régimen de Franco fue "fundado con el apoyo de las Potencias del Eje", y que "En origen, naturaleza, estructura y conducta general, es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini". Ésta es la única definición con valor jurídico en derecho internacional existente y la Ley de la memoria la oculta, utilizando definiciones sin valor jurídico alguno.

Esta Ley desconoce intencionadamente la resolución 95 (I) de la Asamblea General de la ONU, así como la jurisprudencia comparada europea en cuanto a las víctimas provocadas por los Países del Eje, es decir, las provocadas por el fascismo y el nacionalsocialismo, y también la jurisprudencia directamente relacionada con el tratamiento jurídico a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.

El artículo 3 de la Ley proclama la "ilegitimidad" de los tribunales franquistas aceptando, por ende, su legalidad y, como dijimos en un comunicado de 14 de agosto de 2007, esta postura doctrinal retrotraía la discusión al año 1930 en que los conocidos juristas y abogados D. Felipe Sánchez Román y D. Luis Jiménez de Asúa defendieron en una asamblea del Colegio de Abogados de Madrid la necesidad de dejar sin efecto el del Código Penal de 1928, conocido como "Código de Primo de Rivera", y que fue aprobado por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928. Su propuesta fue aprobada por mayoría del Colegio de Abogados de Madrid. La ponencia en cuestión afirmaba expresamente que "El Código penal gubernativo, impuesto por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928, previo acuerdo del primer Consejo de ministros de la Dictadura, adolece, por esta sola razón, de ilegítima procedencia, del más rotundo vicio de ilegalidad".

En aquella oportunidad el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, en un largo artículo publicado el 15 de abril de 1930 en el diario "La Nación" de Madrid y titulado: "Lo del Colegio de Abogados: un abuso de la mayoría", explica en forma extensa por qué dicho código puede ser ilegítimo, pero es legal, postura que defendió en la mencionada Asamblea del Colegio de Abogados de Madrid.

Un año después, el 15 de abril de 1931, el Gobierno de la II República, entre los primeros actos legislativos que acomete, promulga un Decreto aparecido en la Gaceta de 16 de abril de ese mismo año, "Disponiendo quede anulado sin ningún valor ni efecto el titulado Código Penal de 1928, como igualmente los titulados Decretos-leyes de la Dictadura que establecieron o modificaron definición de delitos o fijación de penas".

Con los mismos argumentos defendidos por Luis Jiménez de Asúa en 1930, cuando afirmaba que el Código Penal de 1928 era "de ilegítima procedencia, [y por lo tanto gozaban] del más rotundo vicio de ilegalidad", consideramos que deben analizarse las leyes franquistas y, por lo tanto, rechazamos expresamente el criterio de que son "ilegítimas" pero "legales", en cuanto, como hemos dicho, es un criterio claramente reaccionario y que repugna a cualquier doctrina política y jurídica democrática.

Se trata por tanto de una ley contraria al derecho internacional, a la jurisprudencia europea y que, consecuentemente, viola el propio derecho interno español. Es una ley aberrante.

Es por ello que en el segundo aniversario de su promulgación nos vemos obligados, por imperativo ético, a declarar que la denominada "ley de la memoria" es nula de pleno derecho e insalvablemente ilegal.

11 de enero de 2010

Gregorio Dionis, Presidente del Equipo Nizkor

Ana Vieitez, Presidenta de AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo)

Dolores Cabra, Secretaria General de la Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio)

Un hombre sin piedad llegó a Casas Viejas


DIARIO DE JEREZ.
T. Ramos


“No te lo ordené. Lo de la ley de fugas era una manera de hablar. Es como si te digo que mates a esa niña. Tú, claro, no lo harías”, le dijo Menéndez a Rojas. “Sí lo haría”, respondió el capitán
En febrero de 1933, un mes después de la matanza de Casas Viejas, el capitán Manuel Rojas porfiaba con el director general de Seguridad, Arturo Menéndez, sobre si éste le había ordenado o no que aplicase la ley de fugas cuando en enero lo había enviado a Andalucía para reprimir una revuelta anarquista. Charlaban en el despacho de Menéndez, en la Puerta del Sol de Madrid. El escándalo ya había saltado. La prensa y la oposición al Gobierno que presidía Manuel Azaña ya habían desvelado que en Casas Viejas, la Guardia de Asalto al mando de Rojas, tras sofocar la rebelión, con el pueblo ya dominado, había detenido a doce vecinos, los había arrimado a una pared y, sin más, los había fusilado y rematado con un tiro en la cabeza.
El Gobierno sostenía aún la versión oficial sobre lo sucedido el 11 y el 12 de enero: que todos los fallecidos en Casas Viejas habían caído en tiroteos con los guardias. Que hubo una lucha en la que perecieron cerca de treinta personas, entre ellas dos guardias civiles y un guardia de asalto. Pero poco a poco la verdad se abría paso y ponía contra las cuerdas a un Gobierno que había negado la matanza y que ahora era acusado de haberla ordenado.
Era febrero, pues, y Rojas y Menéndez conversaban reservadamente sobre los sucesos de Casas Viejas. Rojas había firmado ya dos informes, entregados al Gobierno, en los que mentía sobre lo ocurrido. Ante el director general de Seguridad, que debía saber ya de los fusilamientos y buscaba la manera de que no le salpicasen a él ni al Gobierno, Rojas no es que lo contase todo y detallado, pero sí se empeñaba en dejar algo absolutamente claro: sostenía que en Casas Viejas había hecho, ni más ni menos, lo que él, Menéndez, le había ordenado: aplicar la ley de fugas.
Menéndez, agobiado, negaba. Nadie te ordenó eso, Manolo. No es así, lo que te dije es que dispararas sin duelo contra quienes os atacasen, que actuaras con energía…, insistía el director general de Seguridad ante el capitán. Claro que me lo ordenaste, Arturo: me dijiste que si hacía falta, aplicase la ley de fugas. Hice lo que me dijiste.
Menéndez no lograba convencer a su amigo y subordinado. Se veía metido en un lío de proporciones considerables. Él mismo le había asegurado a Azaña que lo de los fusilamientos era un mentira, que todo eso era una invención que usaban los radicales de Lerroux para derribar el Gobierno.
Entonces, en un último intento por hacer entrar en razón a Rojas, Menéndez se acercó a la ventana. Manolo, hay cosas que se dicen a veces que no deben ser tomadas a rajatabla. Si mencioné la ley de fugas, era una manera de hablar… Mira, ven. Le indicó la calle. ¿Ves aquella chiquilla? Es como si yo te digo ahora que bajes y la mates. Tú, claro está, no lo harías.
La respuesta de Rojas debió dejar helado a Menéndez.
Sí lo haría, contestó Rojas. Lo haría aunque fuese en contra de mi criterio y después daría cuenta de lo ejecutado y también de mi desacuerdo con la orden recibida.
Esa conversación, esa escena en el despacho de Menéndez se la refirió Rojas al juez instructor del caso Casas Viejas en una de sus declaraciones antes del juicio en el que compareció como acusado de asesinar a catorce personas. Como Rojas no dejó de mentir y de retorcer la verdad desde que partió de Benalup, con los cadáveres aún amontonados en la corraleta de la choza de Seisdedos, es muy posible que su versión sobre la charla esté convenientemente adaptada. Pero aún así, lo que importa de ella es el hecho de que Rojas fuese capaz de decirle a un juez, para exculparse de los fusilamientos, que mataría a una niña inocente si se lo ordenaban, que las órdenes estaban, en fin, por encima de la conciencia.
El capitán Rojas está ahí retratado. En esa anécdota que él mismo relató. Arturo Menéndez probablemente cayó en la cuenta en aquel momento de quién era Rojas, de que el hombre al que había enviado a apagar un incendio era un peligroso pirómano. Y de que nada iba a apartar a Rojas de pensar y decir que lo que hizo en Casas Viejas fue cumplir órdenes.
Así fue efectivamente. Rojas acabó siendo procesado y condenado y jamás dejó de apelar a las órdenes para justificar lo sucedido: nunca quiso asumir el papel de único culpable. Una campaña difamatoria (”quizá la más indecente que registre la historia del periodismo español”, como dijo El Sol en 1935) ayudó a Rojas a difuminar y borrar su protagonismo en Casas Viejas. El capitán Rojas había actuado en el pueblo gaditano siguiendo órdenes del Gobierno y esas órdenes habían salido de boca del propio Azaña con frase de pistolero, dijeron una y otra vez algunos periódicos pese a que sabían con certeza que eso era mentira.
A la campaña le dio alas Arturo Menéndez al organizar desde la Dirección General de Seguridad un torpe intento de tapar lo sucedido en Casas Viejas y dar a entender que Azaña y su Gobierno participaban en el ocultamiento. No era así. El propio Azaña llegó a llamar a su despacho Rojas, a quien no conocía, y le preguntó si era cierto que habían fusilado a vecinos de Casas Viejas. No es cierto, negó Rojas hasta tres veces. Fuimos duros, crueles, pero no fusilamos a nadie, le aseguró el capitán al jefe del Gobierno, que bien sabía ya que aquel hombre le estaba mintiendo y se preguntaba por qué no admitía lo ocurrido.
Esa entrevista se produjo el 1 de marzo de 1933. Azaña desconocía entonces que Rojas negaba porque pretendía que Menéndez lo respaldase: que dijese que él había cumplido órdenes.
Al poco, el 4 de marzo, Rojas declaró en Medina ante el juez especial que investigaba los Sucesos de Casas Viejas. Rojas confesó entonces los fusilamientos.
Rojas le dijo al juez que la mañana del 12 de enero, ordenó a sus hombres recorrer la aldea en busca de revolucionarios. Los guardias le llevaron varios detenidos y eso le contrarió, explicó, porque les había transmitido las órdenes que tenía: les había dicho que se los cargasen al arrestarlos. En vista de que no lo habían cumplido, ordenó a sus hombres que condujesen a los detenidos con la intención de aplicarles luego la ley de fugas a la salida de la población. Pero ocurrió que pasaron por delante de los restos de la choza de Seisdedos, donde permanecía aún el cadáver carbonizado del guardia de asalto al que habían matado los vecinos que se hicieron fuertes en la casa. Allí, los guardias comenzaron a decirles a los detenidos que se fijasen bien en lo que habían hecho con su compañero. Rojas dijo que él intervino también y les ordenó a los detenidos que se acercasen a ver los cadáveres que había en la choza. Entonces los detenidos, que iban atados unos a otros, entraron todos en la corraleta de la choza, contó Rojas, y uno de ellos, con gesto insolente, le dijo algo que no pudo percibir y luego lo miró irónicamente, como en tono de chanza. Rojas dijo que como llevaba la pistola en la mano, en un momento de arrebato por la mirada insolente que el detenido les había dirigido a él y a los demás guardias, disparó sobre ese hombre e inmediatamente sonó una descarga que dio en tierra con todos los detenidos. Quedaron dos con vida, matizó Rojas. Ante lo sucedido, y en atención a las órdenes recibidas, explicó, los tirotearon también y los mataron.
En ese momento, Rojas estaba muy enfadado con Menéndez y con el Gobierno. Con Menéndez, porque consideraba que lo había traicionado al no querer admitir que le había dado orden de aplicar la ley de fugas. Con el Gobierno, porque ya sabía que no iba a recibir su apoyo sino todo lo contrario. Por eso y porque estaba convencido de que no había cometido delito alguno, Rojas apenas ocultaba ni disfrazaba su papel en Casas Viejas cuando declaró esa primera vez ante el juez. No es que dijese toda la verdad pero se acercaba suficientemente a ella como para dejar ver que, tal como corroboraron al principio (y ya no después) algunos testigos, su comportamiento fue frío y dominante. Él mandaba, él decidía, él ejecutaba (Fernández Artal le dijo al juez instructor que le sorprendió la frialdad con que Rojas mandó la ejecución y disparó contra los detenidos).
Dos días después de hacerlo en el Juzgado, Rojas declaró en Cádiz ante los diputados de la comisión parlamentaria que investigaba los Sucesos. Esa segunda declaración es la que aparece en diferentes libros sobre los Sucesos. También ahí admitió los fusilamientos. Pero ya entonces comenzó a cuidar sus palabras, a maquillar los hechos, a decir lo que creía conveniente. Entonces, por ejemplo, le preguntaron si dio orden a sus hombres de disparar contra los detenidos y el capitán contestó: “Hay quien dice que la di, otros que no la di y yo no recuerdo”. La respuesta ponía una distancia importante con la imagen de autoridad personal que él mismo se había otorgado dos días antes. Chocaba frontalmente con lo que le había dicho al juez: que tras matar a los detenidos, todos los presentes lo felicitaron, le dijeron que así era cómo se acababa con aquellas cosas.
Rojas compareció después en varias ocasiones, entre marzo y abril de 1933, ante el juez instructor de la causa. Unas veces porque el juez lo llamó. Otras, porque él pidió declarar. Rojas permanecía encarcelado en el castillo de Santa Catalina, en la capital gaditana, en una soleada y amplia celda con vistas al mar. Lo que le fue diciendo al juez ayuda a comprender al personaje.
Rojas fue reconstruyendo su historia y modificando detalles. Pero nunca contó, por ejemplo, que tras matar a los detenidos, le entregó su mechero al teniente de Asalto Gregorio Fernández Artal y le ordenó que pegase fuego a toda la manzana de chozas y casas contiguas a la ya arrasada de Seisdedos. Esto es, que incendiase toda la parte alta del pueblo, donde vivían los campesinos, los más en chozas con tejado vegetal por las que correría el fuego sin obstáculo. Tampoco contó que cuando Artal le dijo que esas casas ya habían sido registradas y que en ellas sólo quedaban mujeres y niños, él insistió y reiteró la orden. Y no dijo, en fin, que Artal se negó, pidió al delegado del gobernador que mediase para evitar la masacre, que le ayudase a convencer a Rojas, y que sólo entonces el capitán desistió: cuando Fernando de Arrigunaga le advirtió del problema tan horroroso que supondría la pérdida de las mujeres y niños, de aquellas gentes, y de sus casas.
Rojas sí le contó un día al juez, por ejemplo, que en Casas Viejas, en las horas que transcurrieron entre el incendio de la choza de Seisdedos y su orden de practicar las detenciones, había estado meditando sobre la situación de aquel pueblo, sobre el estado de rebeldía en que se encontraba. Y que después de reflexionarlo mucho, creyó que la solución era cumplir fielmente la órdenes que le había comunicado Menéndez cuando salió de Madrid. Que ése fue el motivo que le determinó a efectuar aquellas detenciones y a fusilar a los detenidos en la forma que ya tenía dicho.
El teniente Fernández Artal le dijo al juez instructor que al amanecer, el capitán Rojas ordenó hacer una requisa en las casas de la parte alta del pueblo y detener a todos los que se encontrasen en ellas. Lo que Rojas no le indicó ni le ordenó a él en ningún momento, aseguró, fue que aplicase la ley de fugas a cada detenido en el momento de su detención. Si se lo hubiese ordenado, agregó, no lo hubiese hecho aun a cambio de perder su carrera. Los registros de las casas no fueron hechos con indicaciones de la Guardia Civil ni de nadie, aseguró Artal. Las patrullas, dijo, entraban en todas las que encontraban al paso. Entre los fusilados había hasta un vecino enfermo que él había puesto en libertad tras detenerlo. Un guardia del pueblo le había dicho que era un hombre honrado. Rojas se enfureció al saberlo y ordenó detenerlo de nuevo.
Rojas le dijo en cambio al juez que la Guardia Civil iba designando las casas de los más peligrosos y, sobre todo, las de quienes habían sido reconocidos en el ataque del día anterior al cuartel. No le cabía duda de que los detenidos habían participado en los sucesos, aseguró Rojas. Sobre todo, dijo, el individuo contra quien él disparó. Un guardia civil le había dicho que ese detenido era uno de los principales cabecillas revolucionarios.
Obsesionado con justificar lo que había hecho, Rojas también le explicó otro día al juez que la mañana del día 12 de enero había un verdadero peligro y no sólo para la fuerza que él mandaba, sino también para los vecinos de Casas Viejas e incluso para los de otros pueblos de la comarca. En esa situación, razonó, si él no hubiese hecho un rápido y ejemplar escarmiento, creyó entonces y seguía creyendo ahora que, en un probable envalentonamiento, los revoltosos hubiesen podido copar a toda la fuerza, saquear el pueblo y poner en peligro no sólo al Gobierno sino a la misma República, que la rebelión se hubiese extendido a toda Andalucía, atenta a lo que ocurría en Casas Viejas. Él temió, dijo, que si la revuelta no era sofocada en sus comienzos con energía, se hubiese propagado y luego, por mucha fuerza que hubiese mandado el Gobierno, no habría sido eficaz.
En algunas comparecencias, Rojas arrinconó el argumento de la órdenes recibidas de tal manera que se hacía casi imposible entonces suponer que un año después iban a convertirse en centro del juicio sobre la matanza. El propio Rojas asumía el mando, argumentaba su decisión de matar a los detenidos, la defendía como una idea suya y genial que había salvado a la República de un movimiento revolucionario que se hubiese extendido sin remedio. Rojas no necesitaba órdenes, era un gran estratega: llegó a Casas Viejas, vio, actuó, dio el rápido y ejemplar escarmiento que hacía falta, y venció.
Meses después, el abogado Eduardo Pardo Reina se hizo cargo de su defensa y Rojas supo que había estado metiendo la pata con sus sucesivas declaraciones ante el juez. Pardo Reina debió echarse las manos a la cabeza cuando las leyó. Luego debió explicarle a Rojas que tenía que olvidarse totalmente de que él había disparado contra alguno de los detenidos en la corraleta y también de que no recordaba si había dado o no orden de disparar a sus hombres: lo que tenía que recordar perfectamente es que no dio esa orden y que él sí disparó su pistola, pero al aire. También debió explicarle Pardo Reina a Rojas que uno de los detenidos le había amenazado o agredido, no mirado de modo insolente; que no hubo gesto de burla sino amenaza, debió recalcarle el letrado. Pardo Reina debió convencer, en fin, a Rojas de que quienes dispararon contra los detenidos fueron sus hombres, los guardias de asalto, cuando lo vieron a él en peligro, que todo fue accidental, que hasta tuvo que agacharse para que no le alcanzasen las balas porque él estaba junto a los detenidos. El abogado debió aclararle a Rojas que en absoluto había tenido intención alguna de aplicar la ley de fugas en Casas Viejas ni había conversado con el delegado del gobernador sobre dónde era mejor matar a los detenidos. También debió explicarle que pese a todo eso, tenía que mantener que Menéndez le dio orden de aplicar la ley de fugas, de disparar a diestro y siniestro y no dejar heridos ni prisioneros. También, era muy importante, de matar a mujeres y niños.
En mayo de 1934, ante el tribunal que lo juzgó, Rojas ya no admitía que él hubiese fusilado a nadie ni que hubiese aplicado la ley de fugas. Sólo mantenía, eso sí, que se lo habían ordenado.
Sus hombres, explicó, habían disparado contra los campesinos sin que él lo ordenase, de forma imprevista, cuando uno de los detenidos se le echó encima. Toda una película que nadie sensato podía creer. Ni recordaba ya que él mismo había relatado que tras los primeros disparos, dos de los detenidos se habían quedado fuera de la corraleta, con vida, y que también los mataron.
Rojas albergaba para entonces una nueva narración de hechos en su cerebro. Y nada ni nadie iban a obligarle a modificar ni una coma de esa nueva verdad. A lo realmente sucedido y a su propia versión primera, Rojas les había echado encima más paladas de tierra que las que sepultaban a todas las víctimas de Casas Viejas.

Insumisión. Veinte años después


Febrero de 1989 fue un mes clave para el antimilitarismo en el estado español: cincuenta y siete jóvenes se declararon insumisos al Servicio Militar Obligatorio. Desde entonces y hasta 2001, fecha en que se abolió la mili, 1.670 desobedientes pasaron por prisión. LDNM ha charlado con media docena de activistas de la época.
¿Cómo explicarías qué era el Servicio Militar Obligatorio a un chaval de hoy?

Iñaki Otamendi, Coordinadora Antimilitarista Kakitzat: La mili fue la manera en la que el Estado Español dotó durante años de mano de obra gratuita al ejército, obligando a todos los nacidos hombres a pasar un largo período de instrucción militar en los cuarteles. Además pretendía ser una escuela en la que los hombres asumieran valores patrióticos españoles y aprendieran obediencia a la jerarquía ante los posibles enemigos exteriores e interiores. Las condiciones en las que se cumplía la mili eran muy precarias, y la violencia no sólo provenía de los mandos militares: las “novatadas” servían para humillar a los nuevos y para fomentar el individualismo. El número de suicidios y accidentes era bastante elevado.

Cthuchi Zamarra, ex Grupo Antimilitarista de Carabanchel: Se inventaron el rollo de la Prestación Social Sustitutoria (trabajo en servicios sociales) para parecer que daban libertad de opciones. En realidad tenían a los jóvenes trabajando gratis. La desobediencia se hizo para cambiar el sistema, no para escaquearse de la mili, y aunque el servicio obligatorio terminó aboliéndose, todavía siguen gastando nuestro dinero en pagar a profesionales de la violencia y comprar armas de destrucción masiva.

¿Quiénes fueron los primeros insumisos?

Carlos Barranco, Movimiento de Objeción de Conciencia, Valencia: Los primeros desobedientes se llamaron a sí mismos “objetores de conciencia”.Hablo del período desde 1971 hasta 1986, antes de la entrada en vigor de la Prestación Social Sustitutoria. Estos primeros objetores provenían mayoritariamente de comunidades cristianas de base, muy influidas por la Teología de la Liberación, de ciudades como Valencia, Madrid, Bilbao y Barcelona. Pero no explicaban su toma de postura en términos religiosos, sino que se presentaban como “no violentos” y abrazaban toda una tradición de pacifismo y desobediencia de siglos de antigüedad. Éste fue el caso del primer objetor de conciencia político, Pepe Beunza, que en 1971, en Valencia, anunció públicamente su negativa a acudir al servicio militar. La campaña de apoyo que llevaba varios años preparando tuvo el efecto deseado: no sólo provocó debates en las cortes franquistas y acciones de apoyo a escala internacional, sino que arrastró a varios jóvenes a declararse también objetores de conciencia, lo que generó una dinámica imparable que no cesó hasta la abolición del servicio militar treinta años después.

Mar Rodríguez, Asamblea Antimilitarista: Aparte de los encarcelados, muchas personas participaron en los grupos de apoyo a los insumisos, entre ellos el de padres y madres. Casi todas esas personas fuimos mujeres, pero no éramos sólo las novias y madres, que también; no queríamos ser el lugar de descanso del guerrero/insumiso, sino que era nuestra opción política. No sin dificultades fuimos superando los roles de género, tan marcados al principio: ellos a la cárcel, nosotras a visitarlos. Fuimos muy activas y también formamos espacios propios, sólo de mujeres, en los que debatir acerca del objetivo final: un mundo sin ejércitos ni guerras.

¿Por qué tuvo la insumisión tanta repercusión social y cuáles fueron sus principales logros?

Antonio Carretero, antimilitarista de Valladolid: El movimiento de objeción de conciencia e insumisión ha sido hasta el momento el movimiento social autoorganizado de mayor calado y duración que ha existido en el estado español. Su repercusión fue fruto de un conjunto de condiciones favorables: por una parte, el éxito arrollador de la objeción colectiva a principios de los ochenta, que acrecentó y consolidó el antimilitarismo como alimento ideológico; por otra, la percepción social de que la transición política tenía con el ejército una cuenta pendiente, de que el franquismo seguía demasiado vivo en la institución castrense, lo que quedaba especialmente patente en la mili obligatoria.

Pablo San José, grupo Antimilitarista Tortuga: La repercusión se la dio la represión. Encarcelar a cientos de personas por el simple hecho de negarse a portar un arma en un ejército produjo un gran escándalo. La dimensión ética de los insumisos era intachable. La institución estatal, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca pudo llevar la iniciativa en el plano simbólico-ideológico. La represión, en lugar de tener un efecto disuasorio, multiplicó el número de insumisos, ampliando el efecto publicitario de la campaña, que acabó siendo imparable.

Chtuchi Zamarra: La insumisión no fue un movimiento, sino una estrategia que partió del movimiento antimilitarista y caló en otros movimientos. Sus principales hitos fueron lanzar a la calle el debate sobre la necesidad de la existencia de ejércitos y difundir en los movimientos sociales las técnicas de acción no violenta y el rechazo a la lucha armada, que aún estaba de moda en aquella época; en los setenta había varios grupos armados: ETA, Terra Lliure, GRAPO y FRAP, entre otros.

¿Cómo se organizaban los colectivos de insumisos?

Carlos Barranco: El Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), fundado formalmente en 1977 –aunque ya llevaba algunos años actuando– fue la red de grupos con mayor actividad durante este ciclo de treinta años de lucha. La red la formaban grupos locales pequeños, autónomos y de funcionamiento horizontal y asambleario, que se coordinaban y decidían sus campañas a escala estatal en asambleas periódicas. Durante el período de la insumisión aparecieron otros grupos que siguieron básicamente la campaña del MOC, como la Coordinadora de Colectivos Anti-mili Mili-KK, surgida de partidos de izquierda como el Movimiento Comunista, que tuvo especial fuerza en Barcelona, Madrid y el País Vasco. Otros colectivos pusieron en práctica la llamada “insumisión total”, que se diferenciaba de la del MOC y Mili-KK en que el desobediente rechazaba acudir al juicio e ingresar en prisión, pasando así a la clandestinidad y renunciando a utilizar el juicio y la eventual estancia en la cárcel para dar dimensión pública a su acción. Estos “insumisos totales” pertenecían a grupos anarquistas y autónomos.

¿Qué recepción tuvo la insumisión entre las organizaciones de izquierdas tradicionales?

Pablo San José: Al principio la obviaron por completo, ya que no encajaba en su esquema de acción política. Cuando la campaña alcanzó difusión, vieron una ocasión de obtener réditos políticos y se sumaron a ella. Su manera de participar, a mi juicio, fue torticera: se llenaron la boca con discursos a favor de la insumisión y muchos de sus miembros o cargos públicos participaron en concentraciones de apoyo o como testigos en juicios, pero nunca se implicaron al cien por cien favoreciendo que surgieran nuevos insumisos desde sus filas. En esta generalización incluyo a toda la izquierda tradicional más allá del PSOE: sindicatos, Partido Comunista, sectas leninistas… Imagino que nunca confiaron en una historia que no podían controlar.

Carlos Barranco: En los setenta, los referentes de estas organizaciones eran las guerrillas latinoamericanas de El Salvador, Nicaragua, Cuba... Muchas de estas organizaciones postulaban entonces la utilidad de hacer el servicio militar para aprender lo que más tarde podría ser usado en la lucha armada. En el País Vasco, la izquierda abertzale defendía aquello de “la mili con los milis” (ETA Militar) como propuesta general para la juventud vasca. Pero con el crecimiento del movimiento de desobediencia civil, especialmente de la insumisión, empezaron a verlo como un instrumento más. Muchas de estas organizaciones cambiaron de táctica e intentaron instrumentalizarlo para sus propios fines, creando sus grupos afines de insumisión. Es el caso del Movimiento Comunista y la Liga Comunista Revolucionaria con Mili-KK, o la insumisión “al ejército español” promovida por las juventudes de Herri Batasuna en el País Vasco y por las juventudes de Esquerra Republicana en Catalunya.

¿Cómo evolucionó la respuesta institucional a la insumisión?

Pablo San José: Fue una partida de ajedrez entre el movimiento antimilitarista y el estado. En los años setenta se encarceló a algunos objetores. Con la transición se aparcó el problema en espera de una ley que regulara el tema, tratando de invisibilizarlo. A partir de la promulgación de la Ley Objeción de Conciencia con el PSOE se comenzó a encarcelar a los insumisos. En Navarra hubo una encarcelación masiva. En todo caso, la represión siempre fue selectiva. La mayoría de insumisos eran condenados a penas inferiores a las marcadas por la Ley para evitar su entrada en prisión. Creo que esto obedecía en parte a los escrúpulos personales de numerosos jueces, pero pienso que hubo también una estrategia de estado instrumentalizada desde la fiscalía: la insumisión encarcelada había tenido un poderoso efecto llamada y se habían disparado las estadísticas de objetores e insumisos; a partir de ahí, el estado recula. Primero lo intentó con la aplicación del tercer grado automático, pero los insumisos se plantaron y dejaron la medida en agua de borrajas. Posteriormente, con la “reforma Belloch” del Código Penal, se sustituyó la pena de cárcel por la de inhabilitación. En la fase final de insumisión en los cuarteles, volvió a haber un pequeño grupo de insumisos en una prisión militar, pero como eran pocos y ya estaba anunciado el fin del servicio militar, el Estado consideró inocua su estancia en prisión.

Antonio Carretero: El gobierno, la justicia y el estado mostraron su cara abrupta pero siempre queriendo parecer “amables”. La insumisión generó en las instancias del poder tensiones entre quienes andaban diseñando la posibilidad de eliminar la mili obligatoria y configurar un nuevo ejército profesional y moderno –en las coordenadas de la OTAN y la UE– y quienes defendían la necesidad de una mili reducida, pedagógicamente modernizada y humanizada como medio de acercar a los jóvenes y a la sociedad en general al nuevo ejército… El problema fue que, entre tanto, un sector importante de la juventud ya había decidido por ellos, lo que aceleró sin duda la opción de eliminar el servicio militar obligatorio. En este sentido, la objeción de conciencia y la insumisión han sido, en conjunto, el único acto de democracia directa y radical que se ha producido en la España postfranquista, lo que corrobora que la desobediencia civil sigue siendo una de las estrategias políticas fundamentales para actuar contra el poder instituido.

José Manuel López, MOC y Asamblea Antimilitarista: Al principio se intentó presentar a los insumisos como insolidarios. No se dudó en mentir descaradamente, como cuando Televisión Española presentó como jóvenes que hacían la Prestación Social Sustitutoria a un grupo de insumisos que habían ido a Bosnia a trabajar durante la guerra. Después montaron el Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (MPDL, oficiosamente Menuda Panda De Ladrones), orquestado por Paca Sauquillo, que organizó el envío de prestacionistas (esta vez de verdad) a la ex Yugoslavia, pero la jugada les salió mal porque, a su regreso, los chicos dieron una rueda de prensa muy sonada en la que denunciaron el mamoneo de la supuesta ONG y apoyaron sin reservas a los insumisos. Otra estrategia importante fue identificar a los insumisos con “independentistas” y partidarios de Herri Batasuna, sugiriendo la incoherencia de declararse pacifista y “apoyar terroristas”. La guinda de esta estrategia la puso el ministro de defensa Tomás de la Quadra comparando a los insumisos con “terroristas que asesinan niños”, lo que le valió la reprimenda incluso de sus compañeros del PSOE.

¿Como afectó al movimiento de insumisión la encarcelación de insumisos?

Iñaki Otamendi: Este castigo supuso un altavoz para los mensajes antimilitaristas. La presencia activa de insumisos en las cárceles también sirvió para sacar a la luz las condiciones que sufrían los presos sociales y denunciar el sistema penitenciario.

Cthuchi Zamarra: Al movimiento le dio mucha fuerza, pues lejos de asustar a los chavales, se fueron sumando a la estrategia cada vez más jóvenes. Se trataba de un modelo heroico que, en cierto modo, invisibilizó el trabajo de otro tipo que también se llevó a cabo en estos colectivos.

¿Se intentó dar continuidad a la experiencia de la insumisión tras la profesionalización del ejército?

Iñaki Otamendi: El movimiento antiglobalización asumió la lucha contra las guerras, el relevo generacional fue escaso, y desaparecieron muchos grupos antimilitaristas, pero aún hay colectivos que continúan trabajando en el antimilitarismo e intentan denunciar el gasto militar y el papel de los ejércitos en el desorden mundial, aunque ahora los medios de comunicación no estén interesados en dar voz a estos colectivos.

Cthuchi Zamarra: Entre las propuestas de desobediencia civil se mantiene desde 1983 la objeción fiscal, es decir, dedicar el importe de los impuestos que se destinan a gastos militares a proyectos de construcción de alternativas pacíficas.

José Manuel López: Con el anuncio del fin de la mili se adoptó la estrategia de insumisión en los cuarteles, pensada, en principio, para el período de agonía de la mili, aunque creo que también se pretendía probar como posible herramienta contra el ejército profesional. Como esta nueva fase fue algo problemática dentro del movimiento, no se planteó continuarla después. También se han valorado otras estrategias de desobediencia civil directa, como el allanamiento de instalaciones militares, pero tampoco han cuajado. La profesionalización del ejército y el fin de la insumisión han sido sin duda un momento muy complicado para los movimientos antimilitaristas, y en concreto para el MOC, con un bajón importante de la militancia. Ahora, una vez tomada la distancia necesaria, seguimos un poco perdidas a la hora de orientar nuestro trabajo antimilitarista. Probablemente no podía haber sido de otra manera… Al menos, aquí seguimos.

David García Aristegui (Fuente original: LaDinamo)

Cronología

1960-1970 Cientos de Testigos de Jehová cumplen penas de más de diez años en prisión por negarse a hacer el servicio militar.

1971-1973 Campaña de Pepe Beunza, primer objetor de conciencia, con acciones internacionales de apoyo y una marcha desde Ginebra a la cárcel de Valencia en la que estaba preso.

1975 Campaña de servicios sociales autogestionados organizados por los objetores en “busca y captura” en barrios marginales. El más célebre fue el de Can Serra, en L’Hospitalet de Llobregat, que marcó el comienzo del despegue de las cifras de desobedientes.

1977 Fundación del Movimiento de Objeción de Conciencia y su primera acción de calle en Madrid. El MOC y otros antimilitaristas no aceptan que un tribunal decida sobre la condición de objetor, ni aceptan un servicio sustitutorio al militar.

1986 Campaña contra el referéndum de la OTAN, que sumó al antimilitarismo a jóvenes y partidos de izquierda.

1989 Los primeros insumisos se niegan a acudir a los cuarteles. El boicot inicial a la Prestación Social Sustitutoria por parte de sindicatos y organizaciones sociales contribuyó a generar un gran número de objetores “legales” y a cortocircuitar los intentos de asimilación del Gobierno.

1990 La primera Guerra del Golfo extiende el rechazo al militarismo.

1992 Se denuncia la represión selectiva con la campaña “O todos o ninguno”.

1993 Plante de los insumisos al tercer grado penitenciario.

1995 Aprobación del Nuevo Código Penal por el que los insumisos serán “inhabilitados”, aunque se mantiene la cárcel como castigo.

1997 Defensa invierte 2.000 millones de pesetas en una intensa campaña de imagen y reclutamiento del Ejército profesional.

2001 Los últimos soldados de reemplazo abandonan los cuarteles; ese año solo hacen la mili 5.000 de los 91.000 sorteados.

2002 El Gobierno se ve forzado a reformar el Código Penal y el Código Penal Militar para eliminar los delitos relacionados con la insumisión. Amnistía para cerca de 4.000 insumisos procesados y unos veinte insumisos en los cuarteles.

EL I.V.A UNA NUEVA INJUSTICIA SOCIAL


El Gobierno en breve subirá el impuesto del valor añadido conocido como I.V.A, me parece increíble no haber oído ninguna voz en contra de esta medida, que afecta tanto a lo más ricos como a los cuatro millones de parados, que tenemos en este momento en nuestro País, al igual que a todos los mil euristas, y a todos esos ciudadanos que viven en la más infames de las pobrezas.
Abogamos por que se suban los impuestos a aquellos que más tienen, y debemos negarnos a la subida de un impuesto que pagamos todos por igual, independientemente de los ingresos que cada uno tengamos, los productos básicos son los mismos para todos, mientras se incrementa esta medida que considero una injusticia social en toda regla, no se investigan los caudales que algunos tienen depositados en paraísos fiscales, yo me pregunto ¿quien ha visto un billete de 500 euros? , llamados popularmente “Bin laden” , porque la mayoría no los ha visto nunca, alguien puede decirme ¿dónde han ido a parar todos esos billetes que fabricó la Casa de la Moneda, tras la implantación del euro?, ¿hace algo el Banco de España para averiguar su paradero?
No puedo entender como en una sociedad en crisis como la que estamos viviendo, no se levante una sola voz en contra de la subida de este impuesto, espero que todos pensemos un poco en lo significaría esta medida en la actual situación económica, porque la leche, el azúcar y todos LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD LOS PAGAMOS TODOS POR IGUAL, lo mismo que los que no son de primera necesidad o así reconocidos por el gobierno, como los pañales, compresas etc. Aunque me he referido a los de primera necesidad, pues con la situación económica actual, muchos no tendrán ni para comprar esos productos, que gracias a las subidas anuales, más la subida del I.V.A será aun más complicado adquirir, parece que este es el modelo de sociedad más justa que estamos creando, donde todos seamos iguales, siempre que sea para pagar más.
Rafi Torres.

martes, 12 de enero de 2010

2.840 exhumados sin solución


lA OPINION DE MALAGA
FOTO DENUNCIA


Los políticos guardan silencio sobre este asunto. Nuestra situación es lo primero. 2.840 exhumados se encuentran en cajas individuales esperando “su situación” sacados de fosas comunes del Cementerio San Rafael y depositadas en casetas de obras durante más de dos años. Son trasladados al cementerio de Parcemasa y depositados en sótanos, son seres de seres queridos desconocidos. Son los investigadores doctores los que tienen que manifestarse ante este gran problema ¿Cómo se pueden exhumar tantos cadáveres de un cementerio?
Estos trabajos pueden ser realizados por voluntarios sin ánimo de lucro, que se conozcan y hayan trabajado en campos de exhumaciones. Este gran trabajo se realiza en equipo, donde los restos exhumados son trasladados a los laboratorios para su identificación…. No podemos gastar el dinero de las subvenciones, concedido por el Estado y el Ayuntamiento, en limpiar los cementerios de restos humanos. Tenemos que identificar, y no sacar más cadáveres de la tierra. Señor alcalde este problema lo tiene usted en sus manos, como alcalde de todos los malagueños.


Comentario de FRANCISCO TORRES el 29/12/2009 a las 4:03 PM
INFORMACION A LOS CIUDADANOS….LA ASOCIACION QUEDA OBLIGADA A REALIZAR LAS IDENTIFICACIONES DE LOS RESTOS DESCUBIERTOS EN LAS FOSAS,PUNTO 3 DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS. RD 1697-2007 POR EL QUE SE REGULA LA CONCESION DIRECTA DE LA SUBVENCION A LA ASOCIACION CONTRA EL SILENCIO Y EL OLVIDO Y POR LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA DE MALAGA.BOE-27-12…….TENEMOS 2840 RESTOS SIN IDENTIFICACION….EN TRES AÑOS NO TENEMOS NI UN CADAVER IDENTIFICADO.ESTO ES LA REALIDAD Y LA VERDAD.FRANCISCO TORRES RODRIGUEZ. 952302744. EN ESTOS MOMENTOS TENEMOS UN GRAN PROBLEMA.EN MALAGA. \\"NUESTRO HOLOCAUSTO\\"


Comentario de FRANCISCO TORRES el 27/12/2009 a las 11:44 PM
SUBVENCION A LA ASOCIACION CONTRA EL SILENCIO Y EL OLVIDO Y POR LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA DE MALAGA——BOE 27-12. UN CONJUNTO DE ACTUACIONES OPERATIVAS EN LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA LO CONSTITUYE LA LOCALIZACION , EXHUMACION, IDENTIFICACION DE LOS RESTOS PERTENECIENTES A LOS DESAPARECIDOS DURANTE LA GUERRA CIVIL. ARTICULO 8 . INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO…….1.DARAN LUGAR A LA OBLIGACION DE REINTEGRAR TOTAL O PARCIALMENTE LA CANTIDAD PERCIBIDA,CON EL INTERES DE DEMORA CORRESPONDIENTE,ARTICULO 37 DE LA LEY 38-2003,DE 17-11 GENERAL DE SUBVENCIONES.TENEMOS UN GRAN TRABAJO QUE TERMINAR. IDENTIFICAR A LOS 2840 RESTOS EXHUMADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SOTANOS DEL CEMENTERIO PARCEMASA DE MALAGA.PUES EL NO CUMPRIMIENTO DARIA LUGAR A REINTEGRAR TOTAL O PATCIAL LA CANTIDAD PERCIBIDA. FRANCISCO TORRES.MIENBRO DE LA ASOCIACION.PRUDENCIA.


Comentario de FRANCISCO TORRES RODRIGUEZ el 06/12/2009 a las 10:47 PM
EXHUMACIONES………….LAS EXHUMACIONES HAN DE SER LLEVADA A CABO POR EXPERTOS FORENSES,ESTOS EXPERTOS DEBEN SER COMPETENTES, INDEPENDIENTES E INPARCIALES,ENCAMINADOS A DETERMINAR SU IDENTIDAD Y LA FORMA Y CAUSA DE SU MUERTE. LOS FAMILIAREA TIENEN QUE TENER ACCESO A LOS LUGARES DONDE SE LLEVAN A CABO LAS INVESTIGACIONES ETC……………EL GOBIERNO TIENE QUE CREAR EQUIPOS FORENSE NACIONALES Y LA INSTALACION DE UNA BASE DE DATOS NACIONAL – ADN -ETC………..6-12-2006 FRANCISCO TORRES.MALAGA.

lunes, 11 de enero de 2010

Vivencias de Josefa Ortiz Vallej



Yo era una niña nacida y criada en Villanueva del Rosario (Málaga). En una

casa muy humilde, pero llena de amor y cariño. La Guerra Civil me destrozó mi

vida; la mía, así como la de mi hermano. Todo cuanto un niño empieza por

descubrir dentro de su interior.

localizado este documento en el siguiente enlace:

http://memoriagranada.blogia.com/2009/123101-vivencias-dolor-y-humillacion.php

García Lorca en 2010

Público.es
Acabó 2009 sin que se pudieran encontrar los restos de Federico García Lorca en ese ya mítico barranco de Viznar. No sé que nos deparará 2010 al respecto. La esencia del caso, sin embargo, es muy simple: el muerto más famoso de la guerra civil, ese esqueleto enigmático que simboliza todo la crueldad que desencadenó el alzamiento militar de Franco, no puede permanecer en paradero desconocido. Para los amantes de las metáforas en vivo, he ahí una exquisita representación figurativa de las penurias de la llamada Ley de la Memoria Histórica, nacida sietemesina y raquítica. De una manera u otra, Spain continua siendo different. Puede que para algunos la modernidad definitiva en nuestro país esté constituida por el trazado del AVE o por el nivel de penetración de Internet. Para mí, y lo siento, tiene más que ver con la forma con que asumimos los errores y las herencias del pasado. Mientras García Lorca continúe siendo un montón de huesos enterrados en el monte, como se hubiera soterrado a un perro, no hay modernidad posible, ni dignidad, ni justicia, ni expiación.

Como en uno de sus romances, ese cuerpo insepulto vaga por las calles y nos representa a todos, y a todos nos interroga. Son sus huesos, pero son también los de tantos asesinados injustamente, los ultimados con un tiro en la nuca en un recodo del camino, los fusilados por haber permanecido leales a sus ideas, los abandonados a su suerte y a sus enfermedades en celdas insalubres, los aniquilados por el hambre, por los bombardeos, por el puro miedo. Todos ellos son Lorca y por eso hay que honrar sus restos. Simplemente.

sábado, 9 de enero de 2010

La verdadera historia de la matanza de Badajoz


Maider
El 14 de agosto de 1936, casi un mes desde el comienzo de la sublevación fascista, la ciudad de Badajoz cayó bajo el mando del mayor asesino que se conoce en la historia de este municipio, el general Yagüe, comenzaría así el principio del horror y humillación más grande sufrida por sus vecinos.

La Guardia Civil ansiaba venganza, días atrás se habían atrincherado en el cuartel situado junto a la iglesia de Santo Domingo, tras varios días se rindieron y lejos de ser fusilados fueron encarcelados como presos políticos en la cárcel de Badajoz al igual que otros sublevados que tampoco fueron fusilados, aunque se definían a sí mismos como fascistas.



La cárcel se encontraba en la calle Atocha, lo que se conoce como la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela Oficial de Idiomas. El director de la cárcel se llamaba Miguel Ángel Pérez Blasco, fascista confeso contrario al alcalde socialista Sinforiano Madroñero, éste ejercía sus funciones sin ninguna limitación aun estando ocupada la ciudad por la izquierda, ordenó volver al trabajo al profesor de la prisión Vicente López de Haro Rodado aun encontrándose de vacaciones, para hacerlo preso justo a la entrada de los nacionales y posteriormente mediante la “causa general” promovida por Franco para den! unciar a todos los sospechosos de rojos y contrarios al fascismo, ser fusilado sin juicio previo el 17 de agosto de 1936.

El 13 de agosto los nacionales alcanzaron la ciudad, situaron sus ofensivas en tres zonas estratégicas, la brecha abierta en la muralla localizada junto al actual parque de los Legionarios donde estaban situados los que su mismo nombre indica, la Legión, la brecha abierta en lo que se conoce como la carretera de la Circunvalación junto al puente de la Autonomía donde se encontraban los moros y la brecha abierta en la conocida como avenida de Huelva, junto al Instituto Zurbarán donde se encontraban los falangistas y demás sublevados. La Alcazaba de Badajoz parecía un fuerte muy difícil de alcanzar para Yagüe.

Los obuses eran lanzados y volaban por encima de las cabeza de las personas que vivían junto a la estación de trenes, todo el que intentaba escapar hacia Portugal, al entrar los nacionales en la ciudad, era detenido y enviado de vuelta por los militares de Salazar.

El teatro López de Ayala fue bombardeado y totalmente hundido por las bombas debido a que decían que allí se encontraban hacinados muchos rojos.

Tras derribar las resistencias los moros entraron en la ciudad sedientos de sangre matando a todo el que salía a la calle, violaban mujeres y arramplaban con toda la comida que encontraban, cuentan que guardaban en sus bombachos las cabezas cortadas de los milicianos que tenían dientes de oro como premio.

En la catedral, se atrincheró una resistencia roja, hubo un enfrentamiento armado pero poco después fueron asesinados por los hombres de Yagüe, comenzaron los fusilamientos en San Juan, en medio de la plaza se desarmaba y se procedía a la masacre, corría la sangre por las aceras de la actual calle Zurbarán, junto al actual bar Mercantil, de ahí su nombre, la “calle de la sangre”.
Junto al hotel Zurbarán, próximo a Puerta Palma había una nave donde guardaban caballos, éstos fueron sacados para hacinar allí a cientos de presos rojos para posteriormente ser enviados a la calle Pedro de Alvarado próximo al seminario y a la estación de trenes, a la casa de uno de los tenientes militares fascistas nacido en Badajoz, aquí se hacían juicios rápidos, siempre desfavorables para los milicianos ya que eran condenados a muerte por un tribunal militar.
Los hermanos Plá, pertenecían a una conocida familia adinerada de Badajoz, se definían como republicanos y por esto fueron encarcelados también, el obispo Jose María Alcaraz y Alenda, fascista con las manos llenas de sangre hizo un esfuerzo interesado por sacarles de allí hablando con Yagüe, pero aun así éste no le hizo caso y los mandó matar.

En la plaza de toros situada donde ahora se encuentra el Palacio de Congresos, fueron llegando los camiones con los detenidos que la gente iba denunciando, no se sabe si por miedo o por envidia, por riñas anteriores que poco tenían que ver con ideales políticos. Se hacinaban hasta no caber e iban siendo fusilados, la mayoría sin juicio previo debido a no tener ningún motivo. Las mujeres, madres, hermanas… dormían alrededor de la plaza esperando noticias de sus hombres. De igual manera ocurrían los asesinatos en el cementerio, en su muro y en su interior, los cuerpos eran quemados y posteriormente enterrados en la fosa común que allí se encuentra. Muchos familiares se acercaban a ver si podían ver sus cuerpos y así saber si habían muerto o no.

Mientras tanto el gobierno de la República mandó bombardear Badajoz, pero el jefe de la aviación Mendiola, que era pacense, ordenó dar la vuelta para no matar a la población descargando las bombas junto al barrio de San Roque.

Queipo de Llanos republicano sublevado en Sevilla que consiguió ocupar esa ciudad mientras llegaban los moros mandando a unos militares subirse a un camión y proceder a dar vueltas alrededor para dar sensación que eran muchos, dió un mitin en la Plaza de San Francisco alardeando su victoria mientras tanto.

Los familiares de los asesinados eran reprimidos y despedidos de sus trabajos, a sus hijos se les decía que sus padres eran malos y por eso habían muerto, eran obligados a cantar el “cara al sol” cada mañana de pie con el brazo alzado y a dar gracias a los salvadores de la patria.

Los matrimonios civiles eran anulados y los nacidos de estos y no bautizados reprimidos, así como los niños huérfanos.

Badajoz quedó lleno de viudas, lleno de sangre, sin población civil joven y obligada a olvidar y a callar la humillación.

El general Yagüe confesó sonriendo, por segunda vez al ser preguntado sobre si era verdad esta matanza en Badajoz, que no podía dejar que en sus filas avanzaran 4000 presos rojos, jamás hubieran ganado la guerra entonces.

Que los crímenes de guerra aquí cometidos no queden impunemente olvidados.

Algunos mitos y realidades sobre lo público y lo privado

1º Mito capitalista: Los costes salariales y la estabilidad en el empleo restan “competitividad” a las empresas.

Realidad: Los países “competitivos” han sido durante décadas aquellos que han generado estabilidad en el empleo, cualificación profesional, sindicados fuertes, convenios colectivos y participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa.

¿O Francia y Alemania no han sido durante décadas economías “competitivas”, según lo entiende el mercado? ¡Ojo, con asumir el concepto de competitividad! Para el capital significa: más productividad, menos empleados, menos costes laborales.


2º Mito capitalista: Las empresas privadas funcionan mejor que las empresas públicas.

Realidad: Muchas empresas privadas quiebran todos los días, en tiempos de crisis, y también en tiempos de bonanza, destruyendo empleo.

La empresa Air Comet del Presidente de la Patronal CEOE, Díaz Ferrán es un buen ejemplo: ocho meses sin pagar las nóminas, incapacidad para afrontar la deuda, vuelos cancelados, pasajeros desatendidos, concurso de acreedores y Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 640 trabajadores. ¿El Presidente de la Patronal puede asegurar que lo privado funciona mejor?


3º Mito capitalista: Hay que privatizar las empresas públicas para lograr una mayor “eficiencia” económica.

Realidad: No se privatiza por razones de eficiencia económica sino por los intereses económicos de una minoría que quiere crecer a costa del patrimonio de la mayoría.

Se han vendido empresas públicas bien gestionadas que han perdido “eficiencia” con la privatización. Buen ejemplo de ello es la privatización de ENDESA que, vía despidos o prejubilaciones a cargo de las arcas públicas, sustituyó al personal fijo cualificado que conocía y mantenía la red, por subcontratas (algunas del empresario Florentino Pérez) con personal temporal y menos cualificado para ahorrar costes y aumentar beneficios. Resultado: los apagones de varios días en los que tuvo que intervenir el Estado, con el envío de soldados, para poder restablecer el servicio eléctrico.


4º Mito capitalista: Los funcionarios no trabajan.

Realidad: Todo se puede y se debe mejorar, pero si realmente los trabajadores públicos no trabajaran, este país sería un caos monumental.

La Seguridad Social, el INEM, los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, los centros de secundaria (ESO, bachillerato, Formación Profesional), las Universidades, los centros de salud, los hospitales públicos, Hacienda, la Policía, la Aduana, los Ayuntamientos, las Concejalías de las Comunidades Autónomas, el transporte urbano de titularidad pública, las Delegaciones de Gobierno, las oficinas de Correos, los Registros públicos y otros, atienden, todos los días, a millones de personas a lo largo y ancho de la España peninsular e insular.


5º Mito capitalista: Todos los españoles quieren ser funcionarios. (No quieren trabajar).

Realidad: Las personas necesitan empleo estable porque tienen que comer y vivir todos los días, pagar con regularidad la hipoteca o el alquiler.

Si el sector privado ofrece, cada vez, menos empleo de calidad, más precariedad, más temporalidad, horarios abusivos, bajos salarios, menos derechos laborales, más despidos, es normal que las personas, para cubrir sus necesidades vitales, aspiren, cada vez más, a estar en el sector público que ofrece más estabilidad, mejores condiciones salariales, más derechos laborales, más respeto a las categorías profesionales, más derechos sindicales.


6º Mito capitalista: Los trabajadores españoles quieren una sociedad “subsidiada”, el papá estado.

Realidad: Las trabajadoras y trabajadores españoles queremos un Estado Social de Derecho. El capitalismo, al contrario, quiere menos Estado y más mercado.

El capitalismo quiere menos rentabilidad social para la mayoría y más rentabilidad económica para los bolsillos de una minoría privilegiada. Con su doble moral, no dudan en vaciar las arcas del Estado solicitando subvenciones para la cuota empresarial a la Seguridad Social, beneficiándose de importantes bonificaciones fiscales, cobrando cuantiosos fondos públicos estatales o europeos o ayudas estatales como las que han ido a las manos de los bancos para reflotar al sector financiero privado que venía obteniendo beneficios multimillonarios. ¡Todo para el capital! ¡Nunca ganan bastante dinero!


7º Mito capitalista: Las empresas públicas no son productivas. Sólo generan burocracia.

Realidad: El sector público europeo ha tenido, durante décadas, importantes empresas productivas cuyos beneficios revertían en las arcas del Estado y se redistribuían en salarios indirectos, desarrollando un modelo de sanidad, educación y otros servicios públicos.

El sector público europeo constaba de compañías eléctricas, compañías de telefonía, banca pública, explotaciones mineras, compañías petrolíferas, compañías aéreas, compañías navieras, hasta fábricas de coches como la RENAULT cuyos beneficios nutrieron las arcas del Estado francés durante más de 40 años. Ahora el 80% de los beneficios entra en los bolsillos de una minoría económica. Este sector industrial y financiero fue público desde los años 40 (expansión del comunismo en Europa, con su ola de nacionalización de empresas) hasta los años 90 (expansión del neoliberalismo en Europa, con su ola de privatizaciones). ¿Cómo se atreven a decir que el Estado y los/as trabajadores/as públicos/as no pueden gestionar empresas productivas?


8º Mito capitalista: El objetivo de las empresas es crear empleo y riqueza en su país.

Realidad: El objetivo de las empresas privadas es ganar dinero, creando o destruyendo empleo, según convengan a sus cuentas de resultados.

Para incrementar sus ganancias, tampoco dudan en trasladar sus fábricas, cultivos, empresas a otros países menos desarrollados, en busca de mano de obra barata y sin derechos laborales a la que explotan sin ninguna consideración. ¿Por qué hablan de empleo, si quieren decir beneficios?


9º Mito capitalista: Los trabajadores “privilegiados”, con empleo y buenos sueldos, no deberían plantear reivindicaciones, en estos momentos, en los que otros trabajadores están en paro.

Realidad: Lo que no se dice es que se pretende abusar, también de los “privilegiados” que, todavía, tienen empleo y salarios decentes.

Negándose a las sustituciones, aumentando los horarios de los turnos de trabajo, cargándose los convenios colectivos. Buscan que se callen ante los abusos, confrontando a los trabajadores con empleo con los trabajadores en paro, cuando ha sido el capitalismo el que ha generado la crisis y el paro y no está por la distribución de la riqueza.


Resumiendo: ¿Para qué necesitamos la clase trabajadora a un sector privado que nos despide, no es capaz de generar empleo, se nutre, para funcionar, de las arcas públicas y pretende quitarnos los servicios públicos que todavía nos quedan para aumentar su cuenta de resultados? ¿Y a las fuerzas políticas que lo defiende?

A pesar de la propaganda machacona que nos lo quiere hacer creer, la economía de mercado, esto es el capitalismo, no es el único sistema posible. La economía, en la sociedad humana, es el intercambio con el medio natural y social para la subsistencia humana. Hay elección de medios, en función de los fines que se persigan. Los fines de una minoría, a saber un sistema privado. Los fines de la mayoría, a saber un sistema público.

Las y los trabajadores podemos, y debemos, reforzar las ideas fundamentales que dieron solidez al movimiento obrero, con las consiguientes conquistas sociales, para desarrollar un sector público productivo que nos permita ir construyendo un modelo económico alternativo para la mayoría.

María Puig Barrios

viernes, 8 de enero de 2010

Para el arzobispo de Granada la mujer que aborta debe ser abusada

Escándalo en la red, y en la sociedad en general. Javier Martínez, Arzobispo de Granada, eleva la Ley de Godwin a extremos jamás explorados antes. Sus declaraciones le hacen liderar destacado hasta ahora la elección del hijo de puta del mes en este blog. Ha sido incluso creado un grupo en Facebook pidiendo adhesiones para que la justicia actúe contra él.
ENLACE:http://www.facebook.com/group.php?gid=268613790820#

Redacción

El arzobispo de Granada, Javier Martínez, pronunció el pasado domingo una homilía en la Catedral en la que comparó la reforma de la Ley del Aborto con el régimen de Hitler, alegando que los crímenes nazis no eran tan «repugnantes» como los que permite cometer dicha ley. Acto seguido, Martínez dio a entender que la mujer que aborta «mata a un niño indefenso» y, por tanto, «da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar» de su cuerpo.

Martínez considera el aborto «un genocidio silencioso», y cree que la humanidad está involucionando al aprobarse los últimos cambios a la ley que permite interrumpir el embarazo. «Matar a un niño indefenso, y que lo haga su propia madre, da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar del cuerpo de la mujer, porque la tragedia se la traga ella», dijo el obispo. La oficina de información de los Obispos del Sur, que distribuyó ayer su homilía del domingo, explicaron que esta frase de Martínez apunta primero «al abuso que la mujer comete primero con su cuerpo y con su hijo», y que la deslegitima para negarse a que el hombre abuse de ella «como si fuera un objeto». El arzobispo se refería a que si la madre es capaz de matar a su propio hijo, el varón tiene entonces autoridad absoluta para hacer lo que quiera con ella y con su cuerpo.

Además, Martínez asegura que «es de cobardes matar al débil», dijo Martínez, que se refirió a la Edad Media, esa época «que nadie se atreve a recordar porque tampoco es políticamente correcto», para señalar que hubo una orden militar cristiana en la que los caballeros hacían el juramento de no combatir nunca con menos de dos enemigos a la vez porque para ellos era «indigno combatir de igual a igual» con quien no era cristiano.

Para el prelado, esta «licencia para matar no es más que un primer paso de la pérdida de libertad» de la sociedad y el primer paso, «gravísimo, que anuncia que estamos ya en una nueva y terrible dictadura».

Para Martínez, es la humanidad «la que retrocede con este genocidio silencioso al que se nos invita y que ahora se promueve», genocidio que se impone, dijo, a ciertos profesionales «como si fuera una obligación, el mismo tipo de obligación que las que tenían los oficiales en los campos de concentración».

Visto en El Correo de Andalucía.

Memoria, huida y muerte

Diario de Sevilla, - 4 Enero 2010
.Aparecen en Granada fosas relacionadas con milicianos malagueños que trataban de huir por la Alpujarra cuando fueron sorprendidos y fusilados




Encarna Maldonado / Málaga | Actualizado 02.01.2010 “¡Malagueños! Me dirijo en primer lugar a los milicianos engañados. Vuestra suerte está echada y habéis perdido. Un círculo de hierro os ahogará en breves horas; porque si por tierra y aire somos los más fuertes, la Escuadra leal a la dignidad de la Patria os quitará toda esperanza de huida, ya que la carretera de Motril está cortada”. La proclama del general Queipo de Llano lanzada desde aviones antes y durante la evacuación de Málaga la recoge la historiadora de la Universidad de Málaga (UMA) Encarnación Barranquero en su libro Málaga entre la guerra y la posguerra.



A comienzos de febrero de 1937 la ciudad estaba rodeada. Las tropas franquistas se aproximaban por la costa occidental, mientras que una columna italiana de la Brigada Manzini se encontraba en Zafarrraya. La huida hacia Antequera, adonde había llegado el general Franco en esos días, era inviable.

A pesar de la cercanía de las fuerzas franquistas e italianas, las autoridades de la República habían descartado la evacuación de la ciudad “quizás porque esperaban una ayuda militar que nunca llegó. Días antes todavía hablaban de resistir, de Numancia, de armas de Rusia… Mientras que la prensa era triunfalista e incluso se habían programado mítines para el día en el que finalmente se produjo la ocupación”. Toda esa población se vio sorprendida por el cerco, explica Encarnación Barranquero, que desde hace más de 20 años estudia la desbandá de la Carretera de Almería.

Cuando se hizo evidente la caída de Málaga, milicianos, población civil y refugiados salieron en desbandada por la Carretera de Almería, el camino que parecía más expedito, con el objetivo de alcanzar Almería y la zona republicana. ¿Cuántos huyeron? Muchos miles. El Socorro Rojo Internacional que operaba en aquellos momentos en Almería apuntaba que 150.000. Encarnación Barranquero calcula que un tercio de la población malagueña intentó la huida, junto a otros 60.000 refugiados procedentes de Cádiz, Sevilla, Ronda y Antequera que se habían apilado en Málaga desde 1936. Esta historiadora de la UMA, que en la actualidad estudia la represión patronal en la posguerra, subraya entre los indicios en los que se sustentan estas estimaciones cómo tras la caída de la capital la mitad del medio millar de obreros de la fábrica textil de Los Guindos no acudió a su puesto de trabajo.

Bombardeos indiscriminados desde el aire y el mar sobre esta población que huía se cobraron miles de vidas en uno de los episodios más cruentos de la Guerra Civil. Algunos supervivientes de los bombardeos, ante la imposibilidad de alcanzar el frente a través de Motril, ya en manos de las tropas italianas, trataron de evitar las bombas alejándose de la línea de costa y atravesar las Alpujarras para llegar a Almería.

La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica tiene testimonios orales de vecinos del Valle de Lecrín, Órgiva y Vélez de Benaudalla que señalan cómo estos milicianos eran sorprendidos por grupos falangistas y de tropas hispanomoras que iban limpiando las zonas tomadas por la columna italiana que bajaba hacia Motril. Esta asociación excavó la pasada primavera una fosa de más de 10 metros de longitud y entre 1,50 y 1,75 de profundidad, en Melegís, en el Valle de Lecrín (Granada), donde fueron enterrados 18 milicianos, casi todos menores de 30 años y casi todos ellos con un tiro de gracia recibido cuando ya habían caído en el enterramiento. Los cuerpos no han sido ni identificados ni reclamados por nadie, pero sí se pudieron individualizar y está previsto que se haga un banco de datos en el municipio.

De acuerdo con los testimonios orales recogidos por la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, los milicianos procedían de la desbandá de la Carretera de Almería. Llegaron exhaustos y les fueron servidas patatas fritas antes de que un batallón los fusilara en una noche comprendida entre el 15 y 25 de febrero de 1937.

Esta organización, que preside la historiadora Maribel Brenes, también ha localizado restos humanos en Vélez de Benaudalla (Granada), donde de nuevo testimonios orales señalan que fueron fusilados y enterrados en una fosa común milicianos huidos de Málaga. La alcaldesa de esta localidad, Pilar Peramos, pidió a esta asociación en septiembre del año pasado que estudiara esta fosa de la que se hablaba en el pueblo pero de la que no había más rastro que los relatos orales.

A comienzos de diciembre del año pasado, tras unos días de intensas lluvias, miembros de esta organización localizaron durante un rastreo periódico cerca del cortijo El Noguerón un hueso que podría pertenecer a un húmero y un cráneo. Efectivos de la Guardia Civil retiraron los restos y el Juzgado de Instrucción número 3 de Motril abrió diligencias y determinó que el Instituto de Medicina Legal de Granada hiciera los estudios pertinentes para datar los vestigios. Al tiempo, el historiador de la Universidad de Granada y Vicepresidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Rafael Gil Bracero, aportó un estudio con los indicios históricos que sustentan la existencia de esta fosa.

Los expertos forenses emitieron su informe hace unos días, es decir 12 meses después de la aparición, para indicar únicamente y sin más precisión que se trata de restos de más de 20 años de antigüedad, previsiblemente de un individuo de entre 55 y 60 años del que no se puede determinar ni siquiera el sexo, por lo que la jueza de Motril Claudia María López ha acordado el archivo de las diligencias. El abogado de la asociación, Antonio Vélez, reconoció ayer que la asociación aún no ha analizado qué hacer tras el carpetazo dado por la autoridad judicial al caso de las fosas de Vélez de Benaudalla.

La memoria oral también habla de malagueños supervivientes de la Carretera de Almería en la fosa granadina de Órgiva, que es la más grande de la provincia. A pesar de las masacres que se produjeron en la huida, miles de personas lograron llegar a Almería. Las historiadoras de la UMA Encarnación Barranquero y Lucía Prieto han reflejado en el libro Población y Guerra Civil en Málaga: caída, éxodo y refugio el rastro de los refugiados a lo largo del levante español. “Almería no tenía capacidad para atender a tantas personas, por lo que trataban de evacuarlas lo más rápidamente posible a otras zonas republicanas. Desde allí fueron llevados a Murcia, Alicante, Jaén, Ciudad Real y a todo el Levante hasta Cataluña”, explica Barranquero.

Al término de la guerra sobre todo los que llegaron a Cataluña lograron traspasar la frontera francesa, donde no les aguardaba un futuro más prometedor con la II Guerra Mundial en ciernes. Encarnación Barranquero recoge en un artículo publicado en el séptimo número de la revista Sociedad que edita la Asociación de Amigos de la Cultura de Vélez cómo decenas de naturales de la Axarquía fueron recluidos en campos de exterminio nazis, donde perdieron la vida al menos otros 18 compatriotas de esta comarca.

http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/597700/memoria/huida/y/muerte.html