viernes, 26 de febrero de 2010

Conferencia de prensa del Equipo Nizkor, AfarIIREP y AGE en Madrid sobre la situación de las víctimas del franquismo. Radio Nizkor, 25feb10


Radio Nizkor ha extractado la conferencia de Prensa celebrada en Madrid el 23feb10 y convocada por el Equipo Nizkor, la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo (AfarIIREP)y la Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español (Archivo, Guerra y Exilio - AGE).
Los temas abordados fueron los siguientes:

Carta-informe al Congreso sobre la anulación de las leyes y sentencias nacionalsocialistas en Alemania,
Estado del procedimiento por las víctimas españolas en Mauthausen y,
Poder judicial en España y los crímenes del régimen franquista
Intervienen, por este orden, Ana Viéitez, Presidenta de AfarIIREP; Dolores Cabra, Secretaria General de AGE, y Gregorio Dionis, presidente del Equipo Nizkor, quien fue además portavoz de la rueda de prensa.

El contenido detallado de este documento audio es el siguiente:


00m 05ss Introducción
01m 21ss Inicio de la rueda de prensa. Intervención de Ana Viéitez para presentar y exponer la carta-informe dirigida por las tres asociaciones a todos los diputados del Congreso español. Esta carta explica el proceso de anulación seguido en Alemania en relación con las leyes y sentencias nacionalsocialistas.
08m 25ss Intervención de Dolores Cabra: estado general de la cuesión y situación de las asociaciones de víctimas del franquismo
16m 45ss Intervención de Gregorio Dionis acerca del procedimiento en la Audiencia Nacional sobre las víctimas de Mauthausen.
27m 51ss Inicio turno de preguntas. Pregunta sobre la Carta dirigida a los Sres. Diputados. Responde el portavoz, Gregorio Dionis.
29m 10ss Pregunta sobre el asunto del Juez Garzón. Responde el portavoz, Gregorio Dionis.
34m 59ss Pregunta sobre el proyecto de ley promovido por Miguel Ángel Rodríguez Arias. Responde el portavoz, Gregorio Dionis.
38m 18ss Fin de la rueda de prensa y créditos finales.

jueves, 25 de febrero de 2010

El profesor José María Azuaga analiza la historia del maquis en Almuñécar

COSTATROPICAL INFORMACION.

El historiador José María Azuaga pronunciaba una interesante conferencia la noche del martes, 23 de febrero, sobre la historia de los maquis o guerrilleros antifranquistas en Almuñécar, desde la Guerra Civil hasta su desaparición en 1952.

Redacción - 24 Febrero 2010
Una conferencia que forma parte de las actividades organizadas por el IES Al Ándalus, que ha contado con la colaboración de la biblioteca municipal y la concejalía de Cultura, y que congregó a un centenar de personas en la Casa de la Cultura sexitana, entre los que había algunos alumnos de éste centro de secundaria. Azuaga Rico es profesor del IES Martín Recuerda de Motril y ha investigado el mundo “difícil y escabroso” de los guerrilleros, utilizando “las fuentes orales y los testimonios de los guerrilleros y de miembros de la Guardia Civil”, como destacaba su presentadora, la profesora Virginia Cañestro García.

Bajo el título “Represión, resistencia y guerrilla antifranquista en Almuñécar 1936-1952”, Azuaga repasó la trayectoria histórica del fenómeno del maquis en nuestro municipio, así como su contexto nacional e internacional, diferenciando en el mismo varias etapas. En sus comienzos se trababa de huidos, guerrilleros que se fueron al monte para huir de la represión, siendo conocidos también como “niños de la noche”. La evolución del régimen franquista y la propia Guerra Mundial condicionaron la evolución del mundo guerrillero o la “resistencia”, que fueron quienes “acudieron a las armas con el fin de acabar con el régimen de Franco”, para lo que contaban con el apoyo “de los enlaces o los guerrilleros del llano”.

El conferenciante dio un repaso a lo sucedido en Almuñécar, centrándose especialmente en los hechos que rodearon el primer desembarco de guerrilleros, ocurrido en octubre de 1944, dirigido por Ramón Díaz Fernández y la época de mayor extensión del fenómeno, desde finales de 1947, en que José Muñoz Lozano, conocido como ‘Roberto’, se hizo cargo de la Agrupación de Granada, a la que fusionó la de Málaga. En su intervención, Azuaga desgranó las dificultades y claroscuros del fenómeno guerrillero, que padeció una brutal represión por parte de la dictadura, de la que también fueron víctimas sus familiares.

El maquis perduró hasta 1952, cuando los últimos “de la sierra” decidieron irse a Francia, guiados con un mapa que había sacado de un libro. Un recorrido a pie “de cien noches”, de junio a octubre, que les llevó hasta los Pirineos. Tres de sus seis integrantes eran de Almuñécar, de los que aún viven dos, Francisco Martín y Miguel Salado Cecilia, quien estuvo presente en el homenaje que el ayuntamiento les hizo a los miembros de la guerrilla.

El caso contra el juez Baltasar Garzón muestra las contradicciones estructurales del sistema de impunidad español.

EQUIPO NIZKOR
El caso contra el juez Baltasar Garzón muestra las contradicciones estructurales del sistema de impunidad español.

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A raíz de las distintas informaciones periodísticas sobre las querellas admitidas por el Tribunal Supremo español contra el magistrado-juez Baltasar Garzón Real, y dada la confusión creada entre las cuestiones de fondo y forma y entre causas y consecuencias, Radio Nizkor ha preparado esta nota informativa aclarando determinadas cuestiones procesales, ante la complejidad derivada de la existencia de procedimientos superpuestos.


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Mediante Auto de 26 de mayo de 2009, el Tribunal Supremo español aceptó a trámite una querella criminal presentada por la organización de extrema derecha "Manos Limpias" por presunto delito de prevaricación contra Baltasar Garzón Real, Magistrado-Juez titular del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 (en adelante "JCI No. 5") de la Audiencia Nacional.
Tal prevaricación habría sido cometida en el marco de las Diligencias incoadas por distintas denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional el 14 de diciembre de 2006 referidas a presuntos delitos ocurridos durante los años de la guerra civil (1936-1939) y la posguerra.

El 28 de enero de 2010, el mismo tribunal dictó Auto de admisión a trámite de la querella criminal presentada contra Baltasar Garzón Real por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y estafa, en relación con cobros del Banco Santander y el posterior archivo de una querella contra el Presidente de dicho Banco, Emilio Botín, que había recaído en el JCI No. 5.

El origen de los hechos que ha dado lugar a ambos procedimientos arrancan, en el caso de las Víctimas de la Dictadura Franquista, en 2006, y en el caso de los cobros del Banco Santander en 2004 o principios de 2005.


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En relación con el caso de las víctimas del franquismo, se inicia éste con las denuncias de varios abogados españoles presentadas en diciembre de 2006 ante la Audiencia Nacional de Madrid, resultando asignadas al Juzgado del que es titular el juez Baltasar Garzón Real.
El 29 de enero del 2008, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, de conformidad con las instrucciones orales del Fiscal General del Estado, emitió su dictamen sobre la admisibilidad de las denuncias. Su conclusión fue que "no procede admitir a trámite las denuncias presentadas, ex art. 313 Lecrim, al no ser competente el Juzgado Central de Instrucción, debiendo procederse al archivo".

El 16 de octubre del 2008, casi 2 años después de la presentación inicial de las denuncias, el juez Baltasar Garzón dictó auto declarándose competente para investigar los crímenes objeto de las denuncias, investigación más centrada en la localización y desenterramiento de restos de las víctimas que en la determinación de las responsabilidades penales individuales de los victimarios. Además, Garzón limitó su investigación al período que va de 1936 a 1952.

El problema es que según la legislación española, concretamente el artículo 65 de la LOPJ, en materia penal la Audiencia Nacional sólo tiene competencia para conocer de los delitos contra la Corona, terrorismo, tráfico de drogas, delitos monetarios, delitos contra la seguridad del tráfico mercantil cuando afectan a más de una Provincia, y crímenes graves contra los derechos humanos (crímenes de guerra, contra la humanidad, etc.) cometidos fuera del territorio español (y esto último, tras la reforma reciente de la LOPJ, en los casos en que exista un nexo con intereses españoles, como la nacionalidad de las víctimas).

Fuera de los anteriores supuestos, la Audiencia Nacional no tiene competencia, para investigar o juzgar casos de delitos cometidos por ciudadanos españoles contra ciudadanos españoles en el territorio español. Estos casos han se ser vistos por los jueces naturales, llamados también jueces territoriales.

Bajo la legislación española y la jurisprudencia en vigor, la declaración de competencia por parte de un juez contra legem, contra lo previsto en la ley, es un delito muy grave. Por esta razón, Baltasar Garzón ha sido acusado de prevaricación y está siendo investigado por el Consejo General del Poder Judicial.

El Equipo Nizkor y diversas asociaciones de víctimas del franquismo advirtieron del problema de competencia del juez el 30 de septiembre de 2008 en un comunicado.

Advirtieron también en su día a los abogados implicados en la interposición de las denuncias iniciales, entre ellos los letrados Fernando Magán Pineño y Margalida Capellà i Roig, del problema de la falta de competencia objetiva de la Audiencia Nacional, así como de los problemas de fundamentación en derecho internacional de los ilícitos penales incluidos en esas denuncias, los relacionados con el nivel de prueba y con el análisis de las mismas en función de los tipos penales, así como el hecho de que esas denuncias estaban más bien relacionadas con los desenterramientos de fosas comunes y no tanto con la demanda de investigación penal.

La falta de competencia objetiva podía originar un problema muy grave para los distintos casos incluidos en esas denuncias, ya que conforme al art. 238, 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.), tal y como después lo puso de manifiesto la Fiscalía de la Audiencia Nacional, "Los actos procesales serán nulos de pleno derecho" "1. Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional", cual era el caso.

Por eso, en ese comunicado de 30sep08, el Equipo Nizkor decía que "Dadas la repercusión y expectativas que necesariamente comporta la actuación del titular del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 entre las asociaciones de víctimas y entre las víctimas del franquismo, creemos que es necesario hacer una llamamiento para que se respete en forma estricta el debido proceso y se proceda conforme a los estándares previstos para toda investigación penal, de manera tal que no se pueda poner en duda el procedimiento de investigación en la fase de instrucción, ni poner en duda el nivel de prueba necesario para este tipo de delitos, llegado el caso."

Y también:

"Recordamos que la base documental reviste una importancia primordial de cara a las pruebas del tipo penal de "crímenes contra la humanidad" y que existen normas procesales y de validación y certificación de pruebas documentales que no pueden ser obviadas en ningún caso si lo que se pretende es que éstas gocen de un valor indubitable en cuanto pruebas procesalmente válidas y puedan soportar el principio de contradicción procesal.

Por lo tanto, sugerimos que estos extremos sean tenidos en cuenta a la hora de realizar estas diligencias procesales excepcionales hoy en curso."

"De la misma manera, consideramos necesario una prudencia responsable en la utilización de los tipos penales, tanto en su consideración desde el punto de vista del derecho internacional, como del derecho interno.

En ese sentido, recordamos que la investigación de hechos como los ocurridos bajo el régimen franquista son de una complejidad procesal y de fondo que no puede trivializarse y menos aún utilizarse en forma no acorde con los hechos o con las pruebas existentes.

No albergamos duda alguna de que los actos represivos cometidos por el régimen franquista son constitutivos de los ilícitos penales que, de conformidad con el derecho en vigor y la jurisprudencia aplicable, son subsumibles en el tipo penal de "crímenes contra la humanidad", tal cual hemos fundamentado en todos los documentos que hemos hecho públicos desde 2004.

Somos conscientes de que existen problemas importantes en la tipificación penal dependiendo en gran medida del periodo cronológico que se deba investigar, pero no tenemos duda de que no son aplicables tipos penales como el de genocidio, dado que la finalidad de los crímenes cometidos por el régimen franquista no se corresponde con la finalidad requerida por ese tipo penal, independientemente de otras valoraciones que deberán resolverse, llegado el caso, en el incidente de competencia o de archivo."

El Equipo Nizkor y diversas asociaciones de víctimas del franquismo completaron ese comunicado con otro de fecha 20 de noviembre de 2008, posterior a la declaración de competencia efectuada por el Juez Garzón y ante el problema procesal creado por la misma.

En el mismo se volvía a insistir en que "El problema de fondo [en el caso que nos ocupa] no es la argumentación jurídica con relación a los tipos penales, sino lo que se denomina competencia absoluta y, en este sentido, tanto el Juez Baltasar Garzón como todos los abogados que presentaron las distintas denuncias ante la Audiencia Nacional sabían o deberían haber sabido que la Audiencia Nacional no es competente para delitos de esta naturaleza cometidos en territorio nacional."

Como era previsible, la Fiscalía apeló la competencia del JCI No. 5 en un escrito de 20 de octubre de 2008.

El 7 de noviembre de 2008 el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por 10 votos a favor y 5 en contra, decidió dar razón a la Fiscalía de la Audiencia y solicitar al Juez Instructor que "paralice todas las actuaciones acordadas en el sumario 53/08 a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación".

El 18 de noviembre de 2008, el juez Baltasar Garzón hace público un Auto inhibitorio a favor de los jueces naturales, concretamente a más de 60 juzgados ordinarios repartidos por todo el Estado.

En el comunicado del Equipo Nizkor de 20nov08 al que se ha hecho alusión, se decía también que "El auto inhibitorio tiene como finalidad principal tratar de evitar el tratamiento del recurso presentado por el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional ante el Pleno de la Sala de lo Penal y, por lo tanto, tratar de salvar las responsabilidades procesales del juez titular del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5, así como la posible nulidad de la mayor parte de la diligencias ordenadas toda vez que la falta de competencia absoluta no deja lugar a otra salida procesal en la lógica seguida por el juez instructor."

"Si bien el principio del Juez natural es un derecho irrenunciable para cualquier organización defensora de la libertades civiles, el reparto dispuesto en el auto inhibitorio del Juzgado de Instrucción Núm 5 a favor de 62 juzgados ordinarios, tenía y tiene consecuencias graves para las víctimas, y esto por dos razones:

a) en la mayoría de las Audiencias Provinciales existen autos que cierran este tipo de casos con fundamentos claramente violatorios del derecho europeo e internacional y en los que se han usado argumentos como la institución de la prescripción de los delitos y otras argucias ilegales, con el agravante de negar el derecho de recurso al Tribunal Supremo, y

b) no existen abogados con formación suficiente en derecho internacional para hacer frente a una avalancha procesal como la dispuesta por el Juez titular del Juzgado de Instrucción Núm. 5, ni jueces que tengan conocimientos de derecho penal internacional para substanciar los casos respetando el debido proceso y el derecho penal europeo e internacional".

Esto forma parte de lo que el Equipo Nizkor ha denominado el "modelo español de impunidad".

Había una solución procesal alternativa para esta cuestión, que el Equipo Nizkor propuso públicamente a su debido tiempo y en estos términos :

"El Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 debería, a nuestro entender, haber hecho uso de artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y enviar las actuaciones al Tribunal Supremo solicitando que se nombre un juez especial para continuar las investigaciones dado que, en este caso, se cumplen las condiciones previstas en dicho artículo.

Esperamos que el Pleno de la Sala Penal decida la utilización de este artículo de la LeCrim, lo que demostraría su buena fe en permitir el acceso de las víctimas al derecho a la justicia que les asiste."


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Sobre la cuestión de las exhumaciones de fosas comunes o masivas a que se refería el Auto de competencia, afirmaban el Equipo Nizkor y las asociaciones firmantes de ese comunicado de 20nov08:
"que no existe ninguna relación entre proceder a la exhumación de una fosa y presentar denuncias o querellas por crímenes contra la humanidad y menos aún se da una relación de causa-efecto de modo que sin la exhumación de la fosa no habría querella o denuncia posible. El afirmar esto es un sofisma legal que sólo conduce a la confusión de los familiares y de todas las víctimas.

Los desenterramientos de crímenes de guerra y/o crímenes contra la humanidad tienen un protocolo forense para determinar exactamente el tipo penal. No es distinto a lo que hacen los forenses militares españoles en Bosnia y, por supuesto, el protocolo de desenterramiento tiene que ser similar al que utiliza un tribunal como el de la ex Yugoslavia. Levantar una fosa sin estas garantías es lo mismo que destruir las pruebas forenses de tipo penal.

Además existe una cuestión ética y moral con relación a los "sin nombre", o sea, a los miles de enterrados que no tienen nadie que los represente y que no podrán ser identificados como ocurre estadísticamente en este tipo de casos ya que, aún utilizando los sistemas más modernos de identificación legal e incluso bancos genéticos de datos familiares de denunciantes, siempre existirán restos no identificados (N.N.) y restos identificados sin representación judicial de sus familiares o herederos.

A esto cabe agregar que debe ser el Estado el que garantice jurídica y financieramente este tipo de procedimientos y no particulares, y menos aún empresas privadas. Eso sería lo mismo que aceptar la privatización de la justicia y de las pruebas forenses, lo cual sería claramente contrario a los principios que rigen la justicia en un estado de derecho."


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De mayor preocupación para Baltasar Garzón y potencialmente para la justicia europea e internacional, es la querella presentada en su contra por dos organismos de extrema derecha, quienes alegan que el verdadero error del juez fue caracterizar los crímenes franquistas como crímenes contra la humanidad.
Uno de estos grupos es la Falange Española de las JONS, el equivalente español del Partido Nacionalsocialista en Alemania y del Partido Nacional Fascista en Italia. Este grupo persigue el objetivo de reivindicar las acciones de la dictadura franquista. Pudo presentar esta denuncia ya que, como consecuencia de la aprobación de la "Ley de la Memoria", el Congreso reconoció la legalidad de este partido.

Esta querella fue aceptada por el Tribunal Supremo, que mediante Auto de 03feb10, conluyó lo siguiente:

"El examen de aquellas actuaciones ha revelado, como hecho probable, que el Magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo, erigidos en aparente objeto del procedimiento, sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar.

Tal hecho puede constituir el delito de prevaricación del artículo 446.3º del Código Penal, por el que ha sido admitida la querella."

El juez ponente en este caso es el Magistrado Instructor D. Luciano Varela Castro, el mismo que formuló un voto particular disidente en favor del Capitán de Corbeta argentino Adolfo Scilingo en la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó su condena por crímenes contra la humanidad, voto que concluyó literalmente en los seguientes términos.

"Y considero que, por ello, debió estimarse el recurso interpuesto por D. Adolfo Francisco Scilingo Manzorro, declarando, sin entrar en el fondo de la acusación por tales delitos de asesinato y detención ilegal, la falta de jurisdicción de los tribunales españoles".

Ello a pesar de la probada existencia de más de 600 víctimas españolas.

Existe por tanto un peligro serio de que el Tribunal Supremo, en lugar de limitarse a valorar la cuestión objetiva de la competencia del juez Baltasar Garzón respecto de esas denuncias de 2006, entre en las cuestiones sustantivas y utilice este caso para rechazar la aplicación de la tipificación penal de crímenes contra la humanidad a los delitos cometidos por el régimen franquista.


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Caso por Corrupción
Mientras tanto, el juez Baltasar Garzón tiene problemas penales adicionales. En 2005 obtuvo una licencia con goce de sueldo para ir a estudiar inglés a los Estados Unidos, para lo que se le autorizó a viajar con dos guardaespaldas y una secretaria judicial en funciones de secretaria personal.

Durante su estadía quiso dar una serie de conferencias por las cuales recibió honorarios. Según la legislación española, un juez en excedencia no puede recibir remuneraciones, al ser esto incompatible con su función. Este hecho fue investigado por el Consejo General del Poder Judicial y archivado porque las faltas de este tipo tienen un período de prescripción de 2 años y la denuncia de los hechos se hizo después de ese plazo.

Sin embargo, han salido a la luz nuevas pruebas que demuestran que el propio Baltasar Garzón le solicitó al presidente del banco Santander, Emilio Botín, que financiara sus charlas en Nueva York.

Esta financiación alcanzó los $300,000. A su regreso de Nueva York , Garzón archivó una querella penal en contra de Emilio Botín que había recaído en su juzgado. El 28 de enero de 2010, el Tribunal Supremo aceptó la querella contra Garzón por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y estafa. También el Consejo General del Poder Judicial reabrió la investigación que había cerrado en relación con la no inhibición del juez respecto de la querella contra Botín.

Radio Nizkor, 21 de febrero de 2010.
Este programa ha sido realizado con información suministrada por Derechos Human Rights y publicada originalmente en inglés el 19 de febrero de 2010, e información publicada por el Equipo Nizkor.

miércoles, 24 de febrero de 2010

CENTENARIO MIGUEL HERNANDEZ


Para conmemorar el centenario del poeta comunista Miguel Hernández se ha creado la Comisión Nacional del Centenario del Nacimiento de Miguel Hernández, presidida por los reyes e integrada por importantes cargos públicos de los dos partidos dinásticos. Es la comisión más apropiada para conmemorar el Centenario de un poeta como…José María Pemán. Como era previsible, los actos se están sucediendo bajo el signo de la nueva censura de lo políticamente correcto, mostrando a un Miguel Hernández, que ni él mismo se reconocería si pudiera contemplarlos. He aquí uno de los poemas que, como otros muchos, no encontraremos en ninguno de los actos programados por la comisión, el titulado “El cura asesino de Ocaña”, que el poeta escribió en el siniestro penal.
Muy de mañana, aún de noche,
Antes de tocar diana,
Como presagio funesto
Cruzó el patio la sotana.
¡Más negro, más, que la noche
Menos negro que su alma
El cura verdugo de Ocaña!
Llegó al pabellón de celdas,
Allí oímos sus pisadas
Y los cerrojos lanzaron
Agudos gritos de alarma.
"¡Valor, hijos míos,
que así Dios lo manda!"
Cobarde y cínico al tiempo
Tras los civiles se guarda,
¡Más negro, más, que la noche
Menos negro que su alma
El cura verdugo de Ocaña!
Los civiles temblorosos
Les ataron por la espalda
Para no ver aquellos ojos
Que mordían, que abrasaban.
Camino de Yepes van,
Gigantes de un pueblo heroico,
Camino de Yepes van.
Su vida ofrendan a España,
Una canción en los labios
Con la que besan la Patria.
El cura marcha detrás,
Ensuciando la mañana.
¡Más negro, más, que la noche
Menos negro que su alma
El cura verdugo de Ocaña!
Diecisiete disparos
Taladraron la mañana
Y fueron en nuestros pechos
Otras tantas puñaladas.
Los pájaros lugareños
Que sus plumas alisaban,
Se escondieron en los nidos
Suspendiendo su alborada.
La Luna lo veía y se tapaba
Por no fijar su mirada
En el libro, en la cruz
Y en la "star" ya descargada.
¡Más negro, más, que la noche
Menos negro que su alma
El cura verdugo de Ocaña!

Garzón insiste en negar a la dictadura la amnistía del 77


Público.es
El juez espera el mismo trato judicial que cualquier ciudadano
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pide que el Tribunal Supremo le trate con "los mismos principios y garantías" que a cualquier otro ciudadano en los casos que tiene abiertos contra él . Garzón hizo esa petición durante un debate sobre la Justicia Universal en Chicago al responder a una pregunta sobre si creía que él, que ha perseguido con éxito crímenes contra la humanidad perpetrados en otros países, podía perder su puesto por investigarlos en España.

"Yo creo firmemente en la Justicia, si no, no sería juez", explicó el magistrado. "Llevo 29 años siendo juez. Es mi vida y, por tanto, creo firmemente en la Justicia. Dicho esto, yo soy un ciudadano más y, por tanto, si hay una acción judicial en mi contra debo asumir esa posición y lo único que se me debe es aplicar los mismos principios y garantías que a cualquier ciudadano", añadió.

Confianza
Garzón expresó su confianza en qué así será y dijo no sentirse preocupado: "Voy a seguir creyendo en la Justicia", aunque para ello tenga que "demostrar" que el principio de Justicia Universal rige tanto dentro como fuera de España.

Precisamente, la Justicia Universal fue el tema que Garzón debatió con David J. Scheff en una charla en el Instituto Cervantes en Chicago ante un auditorio de 170 personas. Schefffue embajador extraordinario para crímenes contra la Humanidad del Gobierno de BillClinton y es catedrático de Derecho y director del Centro Internacional de Derechos Humanos de EEUU. Tras recordar que la jurisprudencia sobre la Justicia Universal se remonta a principios del siglo XX y culmina con el Tribunal Penal Internacional, Garzón reconoció que ese principio "está sujeto a discusión y valoración jurídica".

Apoyándose en la Justicia Universal, el juez Garzón atribuyó en 2008 al dictador Francisco Franco y otros 34 jefes militares españoles, que se rebelaron contra el régimen legalmente constituido de la República, la puesta en marcha de un plan de exterminio sistemático de sus oponentes políticos y de una represión que acabó con al menos 114.266 personas desaparecidas, de las que no se ha dado razón de su paradero, lo que a su juicio son crímenes contra la humanidad.

Scheff preguntó a Garzón si la Ley de Amnistía de 1977 impide investigar los crímenes del franquismo. Garzón explicó que no podía entrar en profundidad sobre el asunto, "por respeto al Tribunal Supremo", pues la interpretación de esa ley es parte fundamental del proceso. No obstante, el magistrado español señaló que, en su opinión, los crímenes de Franco no quedarían cubiertos por esa ley por tratarse de crímenes contra la humanidad, como las de punto final y obediencia debida no cubrieron los de la dictadura argentina.

Contra la humanidad
"En ningún caso procede la amnistía cuando se trata de crímenes contra la humanidad", respondió Garzón cuando el moderador le preguntó si se deben aplicar tales leyes para propiciar la paz en la transición de una dictadura a una democracia. El magistrado cree que quizá la Justicia Universal no deba aplicarse en el momento inmediatamente posterior a la dictadura, pues puede poner en peligro la normalización democrática, pero sí ejercerse pasado cierto tiempo. Y recordó que su aplicación "no es una facultad, sino una obligación". En toda América, subrayó, se juzgan ahora los crímenes contra la humanidad perpetrados durante las dictaduras.

Sobre las restricciones a la Justicia Universal en España, Garzón optó por la ironía. Es "curioso", destacó, que "PSOE y PP no se pongan de acuerdo para resolver la crisis económica" y en cambio lo hicieran para esa norma.

martes, 23 de febrero de 2010

23-F: La patraña nacional. El rey debe asumir sus responsabilidades



29 años de silencio culpable por parte de los poderes públicos en los que nos hemos tenido que tragar historietas falsas sobre “el bueno y gran Borbón” que nos salvó a todos los españoles de Tejero.
Amadeo Martínez Inglés.

Ha costado casi tres décadas pero al final la verdad, como no podía ser de otro modo, ha saltado a la luz con fuerza inusitada (de momento, solo a través de los no censurados canales informativos de la red) una vez que el secreto mejor guardado de la transición, la muy reservada directiva golpista de la cúpula militar española de los años ochenta clasificada como “Máximo Secreto” y que contemplaba la madrugada del 2 de mayo de 1981 como siniestro punto de partida de un nuevo “Alzamiento Nacional”, la desconocida hasta hace muy pocos días “Operación Móstoles”, la técnicamente conocida por sus planificadores y valedores como DIPLANE (Directiva de Planeamiento Estratégico) CGA-02M-81 de la Capitanía General de Aragón y con “poder operativo real” sobre el 80% del conjunto de las FAS españolas de la época… está ya a disposición de todos los españoles.

Sí, así es, a día de hoy, cuando se cumple el vigésimo noveno aniversario del famoso y mediático 23-F, acaba de desvelarse el último de sus secretos y ya se sabe a ciencia cierta cual fue la razón última (y única) de que en España se desarrollara, en la tarde/noche de aquél tragicómico día 23 de febrero de 1981, una de las mayores y chapuceras maniobras político-militares que recuerda la historia de este país: contra el orden establecido, contra la propia Constitución española, contra sus leyes y contra la pacífica convivencia de todos sus ciudadanos. Y a cargo, precisamente (aunque la verdad durante todo este tiempo ha permanecido escondida tras las amplias bambalinas mediáticas del sistema) de la más alta autoridad institucional que debía garantizar todo lo anterior: el jefe del Estado español a título de rey, Juan Carlos de Borbón.

Sí, sí, amigos, nos han estando engañando durante casi treinta años (cortesanos, periodistas, políticos y pelotas de la muy rancia monarquía de derecho franquista que todavía “disfrutamos”) a los ciudadanos de este país en relación con el 23-F, haciendo pasar por un rey valentón, salvador de la democracia y defensor de los derechos y libertades de todos sus súbditos a un señor (con corona eso, sí) que, en realidad, fue el impulsor, el coordinador y el máximo responsable de aquella mal llamada “intentona militar involucionista”. Y es ahora, tras 29 años de silencio culpable por parte de los poderes públicos en los que nos hemos tenido que tragar historietas falsas sobre “el bueno y gran Borbón” que nos salvó a todos los españoles de Tejero y los suyos, y hasta series televisivas hagiográficas y repugnantes por parte de TVE, cuando por fin se puede demostrar con pruebas irrefutables provenientes del ámbito militar que este monarca sin par, Juan Carlos I, demócrata, valeroso, enviado por Dios cual nuevo Santiago matamoros para salvar in extremis a la siempre cristiana España, fue en realidad quien, víctima de un agudo ataque de miedo insuperable ante lo que se le venía encima en la emblemática fecha del 2 de mayo de ese fatídico 1981 por cuenta de sus antiguos subordinados (los generales franquistas) que querían su cabeza por traidor a su generalísimo, se permitió dar luz verde a sus validos y cortesanos militares para que pusieran en marcha el contragolpe blando y palaciego que recondujera la difícil situación… o sea, el 23-F que todos conocemos.

Y ahora, sabiendo lo que ya sabemos, solo nos queda a los españoles, en el vigésimo noveno aniversario de aquella charlotada “made in Zarzuela”, el recurso de pedirle cuentas, muy claras y precisas, a nuestro querido rey “salvador” de antaño. Porque, de entrada, y a poco que estudiemos someramente la documentación que sobre el 23-F y la “Conspiración de mayo” de los generales franquistas que lo propició corre como la pólvora estos últimos días por la red, queda meridianamente claro para cualquiera que el todavía jefe del Estado español (a título de rey) cometió ese infausto día, entre otros, presuntos (pero que muy presuntos) delitos de golpismo, traición y cobardía. Sí, sí, tres y a cual peor. Aclaremos un poco la cuestión para los no iniciados en estos chanchullos borbónicos. Veamos:

El ciudadano Borbón (rey de España sí, pero por la gracia de Franco), cometió en primer lugar un presunto delito de golpismo. Siempre estuvo muy claro para los pocos, poquísimos, investigadores que llevamos décadas estudiando aquella su subterránea apuesta palaciega del 23 de febrero de 1981, que la máxima responsabilidad de tan demencial maniobra político-militar-institucional debía recaer en su regia figura. Y existían (y existen) tantas pruebas y tan abundantes indicios racionales de esa culpabilidad que alguno de esos investigadores (no miro a nadie), inasequible al desaliento y luchando a brazo partido contra el omnímodo poder del sistema, se ha permitido trasladarlas repetidas veces a las más altas instituciones del Estado español, Cortes Generales incluidas; para que la verdad de lo sucedido hace ahora 29 años pudiera salir a la luz y fuera conocida en toda su extraordinaria gravedad por el pueblo español. Ahora, tras la salida a la opinión pública del secreto militar tan celosamente guardado durante treinta años en lo más recóndito del estamento castrense, la cosa no admite ya ninguna duda y al campechano y golpista Borbón de nuestra historia no le quedará más remedio, más pronto que tarde, que asumir su errores con todas las consecuencias.

En segundo lugar, el coronado sujeto que preside el organigrama político español, deberá asumir también algún día con todas las consecuencias la perversa traición que cometió con sus leales subordinados, colaboradores y validos militares (los generales Armada y Milans) al abandonarles a su suerte tras la absurda mascarada de Tejero; después de llamarles repetidas veces desleales, miserables y golpistas y patrocinando un absurdo juicio militar en Campamento (Madrid) que, además de salvar sus claras responsabilidades personales como supremo valedor de la desgraciada intentona político-militar puesta en escena por Tejero, corroborara la injusta clasificación de ambos altos militares como “cabezas de turco” institucionales y los enviara a prisión por treinta años sin las más elementales garantías jurídicas y de defensa.

Y por último, tras las últimas informaciones aparecidas sobre el 23-F y sus prolegómenos políticos y militares, queda también meridianamente diáfano que el monarca español, presunto héroe de aquella estrafalaria asonada, hizo gala de una cobardía sin límites a lo largo de todo su desarrollo refugiándose permanentemente en el egoísmo más brutal, en la vanidad más escandalosa y en el más absoluto desprecio por el pueblo español al que puso, con su insano proceder, al borde de una nueva guerra civil. Todo por salvar como fuera su preciada corona.

Todos los hechos históricamente relevantes en un país, hasta los más despreciables como las guerras y los golpes de Estado, tienen sus reglas y, si se permite la ironía en un caso como éste, su “deontología profesional”. Y si en un golpe de Estado o en cualquier otra acción ilegal contra la patria, un líder político o militar (y no digamos un rey inviolable, cuasi divino) se ve abocado a cambiar sus planes, sus indeseables proyectos, para reconducir su ilegal operativo e, incluso, para sobrevivir a su crimen, no puede ni debe abandonar a sus subordinados sin asumir sus responsabilidades, aunque solo sea a título intimo y personal. Y menos aún traicionarles públicamente, insultarles y enviarles a galeras por muchos años.

Prácticamente en ningún país de este violento mundo, ni el más descerebrado de los golpistas castrenses en una acción contra el Estado ni el más sanguinario de los generales carniceros en una cruenta guerra, osaría, saltándose a la torera una norma “ética” no escrita en reglamento militar alguno pero respetada hasta el sacrificio por cualquier jefe u oficial con mando, tachar de traidores y desleales a unos subordinados que, cumpliendo órdenes suyas, se han sacrificado y puesto en juego sus carreras y sus vidas.

Lamentable, desde luego, la actuación del rey Juan Carlos I en la larga noche del 23-F. Aunque alguien podría decir al respecto: “Así han obrado la mayoría de los reyes españoles durante siglos”. Y es verdad. Pero esos reyes casi siempre acabaron, aunque la historia no lo recogiera, con el infamante apellido de “rey felón” grabado a fuego sobre su regia corona. Y, además, ninguno, que yo sepa, tuvo la desfachatez y la caradura de reclamarse demócrata y salvador de los derechos y libertades de sus súbditos.

Golpista, traidor y cobarde. Tristes sambenitos para nuestro antes “muy amado” (ahora muchos españoles lo reciben con gritos e insultos) y envejecido Juan Carlos I que, sin embargo, logró salvar su corona y su figura el 23-F. Pues esta es la verdad, amigos, y así acabará pasando a la historia, pese a quien pese. Aunque TVE, siguiendo órdenes de La Zarzuela, nos siga dando la lata año tras año con su matraca oficialista: “El día más largo del rey...” Y, también, queridos pelotas de la televisión pública, el más despreciable y culpable de su ya largo reinado, a pesar de que al final, traiciona que te traiciona, se saliera con la suya. Por cierto ¡Anda que no pasó miedo ese recordado día el puñetero Juanito de nuestra historia, llorando a moco tendido en brazos de su “santa griega” y del bueno de don Sabino! Pero hay que reconocer que aguantó el tipo el muy c… Y es que tiene una cara que se la pisa.

Coronel. Escritor. Historiador

V Encuentro: Luchadores por la libertad


Ateneo Andaluz / Kaos en la Red, 19-2-2010 - 20 Febrero 2010
El próximo domingo se organiza en Dos Hermanas (Sevilla) una jornada por la Memoria Histórica que por su interés queremos difundir


PROGRAMA DE ACTOS:



EXPOSICION Del 21 de Febrero al 7 de Marzo de 2010).

Lugar: Centro Cultural “La Almona”. c/ Real de Utrera 3.

11.00 horas Apertura al Público.

11,30 h. Visita de autoridades y organizadores a la Exposición.



ACTO POLITICO. domingo 21 de Febrero 2010

Teatro Municipal “Juan Rodríguez Romero”. c/ Ntra. Sra de Valme.

12,30 horas: Apertura a cargo de Mercedes de Pablo, periodista.

12,35 horas: Saludo del Alcalde de Dos Hermanas.

12,45 horas: Interviene Antonio Iglesias Rodríguez, Presidente de la Asociación “Memoria, Libertad y Cultura Democrática”.

13,00 horas: Entrega de pergaminos a todas las personas homenajeadas (12).

13,45 horas: Intervención de José Mª Romero Calero, en nombre de los homenajeados.

13,50 horas. Clausura del Acto.



PERSONAS HOMENAJEADAS:

Cristóbal Aguilar Barea (Sevilla). Gabino Gutiérrez Monrové (Bollullos de la Mitación. Sevilla). Juan Hidalgo Navarrete (La Rinconada. Sevilla). Antonio León Flores (Fuentes de Andalucía. Sevilla). Luís López García (Maracena. Granada). Luís Monge Ortiz (Dos Hermanas. Sevilla). Pedro Pimentel Sánchez (Arriate. Málaga). José Mª Romero Calero (Dos Hermanas. Sevilla). Juan Romero Pazos (Sanlucar de Barrameda. Cádiz). Diego de los Santos López (El Viso del Alcor. Sevilla). Marta Saurel Thomas (Aubin, Francia). Viuda de Manuel Benítez Rufo.



Organiza: Asociación “Memoria, Libertad y Cultura Democrática”

Colaboran: Ayuntamiento de Dos Hermanas. Consejería de Justicia y AA.PP. de la Junta de Andalucía. Fundación de Estudios Sindicales. Archivo Histórico de CC.OO. Grupo de Trabajo “RMHSA” de CGT.A. UGT.Andalucía.

El Juzgado de Aguilar de la Frontera acuerda el sobreseimiento y archivo de las diligencias previas por los hechos ocurridos en la guerra civil


Aremehisa, - 22 Febrero 2010
Se reafirma la extinción de la responsabilidad criminal por la aplicación de la Ley de Amnistía


EL JUZGADO DE AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA) ACUERDA EL SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS POR LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA GUERRA CIVIL.



NOTA DE PRENSA DE AREMEHISA

Un año y medio después de que AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) (Córdoba), presentase ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid, una denuncia por las desapariciones forzadas no esclarecidas dentro del marco de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho Internacional pidiendo el auxilio de la justicia en la localización del paradero y destino final de las personas “desaparecidas” en la localidad de Aguilar de la Frontera como consecuencia de los acontecimientos represivos desatados a raíz del golpe militar del 18 de julio de 1936, la jueza del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aguilar de la Frontera, ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa, por resultar extinguida la responsabilidad criminal derivada de los hechos objeto de la misma.

En el auto de resolución se determina que los delitos de homicidio y/o detención ilegal no pueden ser tratados como delitos de lesa humanidad al no encontrase tipificados como tales en los años en los que ocurrieron y por haberse cometido los mismos con anterioridad a la tipificación de delito de lesa humanidad recogido por ver primera en el ordenamiento jurídico español en 1995.

Se declaran además los delitos cometidos como “delitos comunes” prescriptibles ante la irretroactividad de la actual Ley penal y por lo tanto no perseguibles al haberse extinguido la responsabilidad criminal de los mismos y atendiendo al tiempo transcurrido, al mas que probable fallecimiento de los responsables que los cometieron.

Y se reafirma la extinción de la responsabilidad criminal por la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 la cual “… desplegó su efecto de extinción de responsabilidad criminal”.

En el auto la magistrada también argumenta que las victimas de estos delitos, los familiares, tienen suficientemente amparados sus derechos en la Ley de Recuperación de la Memoria Histórica de diciembre del 2007, mediante la aplicación de la cual el Gobierno y las distintas Administraciones Públicas, en colaboración con los familiares, impulsaran actuaciones precisas para la localización, exhumación e identificación de las víctimas.

Aguilar de la Frontera, 22 de Febrero del 2010

CARTA DE DESPEDIDA DEL HEROE COMUNISTA CRISTINO GARCIA GRANDA

Queridos camaradas: os extrañará no haberos enviado noticias de mi situación. Es porque no sabía si el conducto era seguro y temía que mis notas fueran a manos de la policía.

¿Qué queréis que os diga del mal trato en Gobernación? Desde que caí me lo esperaba todo y estaba dispuesto a aguantar todo lo que viniera. Sólo hubo un día de buen trato: el que caí. Desde cigarrillos rubios hasta palabras dulces, ofrecimientos de facilitarme la fuga, propuesta de que me pusiera a su servicio. Mi respuesta ya os podéis suponer cuál fue. A partir de aquí empezaron las “sesiones”. Al tercer día me sangraban los oídos y tenía los testículos como puños. Los vergajazos ya no quedaba una pulgada del cuerpo adonde no hubieran llegado. Después de cada “sesión”, me bajaban arrastrando cuatro esbirros. Cuando me desmayaba me echaban un cubo de agua, y otra vez a zumbar. Así estuvieron doce días, sin parar. Me dejaron reponer otros tres, y a empezar de nuevo una semana seguida.

Me he convencido que tengo la piel muy dura y que quien se lo propone, quien en estos momentos piensa en lo que es, y más si es comunista, no habla aunque le hagan picadillo. Creo que no hice más que comportarme como debía. No os digo esto para vanagloriarme. Lo hago sólo porque sé el fin que me espera, y quiero que esta carta, si por desgracia es la última, sirva no sólo como esclarecimiento de lo ocurrido, sino también para que pongáis al desnudo ante el mundo los métodos de estas bestias y cual ha de ser siempre el comportamiento de los antifascistas cuando tienen la desgracia de caer.

Como os digo, mi situación y la de los demás camaradas es de pocas esperanzas. Quieren envolvernos en un proceso común, y nos hemos negado a aceptarlo. Yo comprendo que matarnos por actividades políticas resultaría difícil ante la situación internacional, y por eso nos achacan atracos y otras cosas. Me olvidaba deciros que a los tres primeros “interrogativos” asistió un “boche”, que me dijo que tenía buenos “recuerdos”míos y de Medina en Francia. El tercer día se despidió de mí cuando sangraba por todas partes, echándome una bocanada de humo en los ojos y diciéndome: “Ya era hora de que te cazáramos”.

Perdonad si esta carta va un poco revuelta, pues la hago a intervalos y con vigilancia permanente. Me tienen enjaulado como a un mono; sólo faltan los niños echándome cacahuetes. Por eso quiero aprovecharla para dirigirme, quizá por última vez, a mi pueblo y a mi querido Partido. Mi ánimo, camaradas, es tan firme como lo fue siempre el mismo. Cuando pasé la frontera para incorporarme a mi puesto de combate contra esta patulea de fascistas, sabía que no eran rosas lo que me esperaba. Pero estoy orgulloso de haberlo hecho. Para mí, más que una tarea de sacrificio, era un honor que se me concedía al venir a luchar por mi pueblo y por mi patria. Recuerdo la rabia que me daba cuando en Francia veía que otros camaradas salían para el país antes que yo. Aquí estaba y está nuestro puesto. Si en la lucha caemos alguno, ¡qué importa! Otros proseguirán nuestra obra, pero no podéis imaginaros la satisfacción que tengo de haberme comportado como era mi obligación. Y así me portaré hasta el último momento. Ya sé que la canallesca Falange intentará echar basura sobre nosotros, acusándonos de robos y otras cosas. En el juicio presentaron a un tipo que en mi vida he visto delante, que me acusaba de ser su jefe; dijo que me había conocido en Madrid, dos meses antes de salir yo de Francia.

Por este estilo son las demás acusaciones. La realidad es que me han condenado y a matarnos van, porque los “boches” alemanes no me perdonan los malos ratos que les hicimos pasar. Quieren matarme porque soy antifascista, fiel hasta la muerte a la causa antifascista y al Partido.

Antes de terminar quisiera daros algunos consejos, que, dentro de mi modestia, creo que serán útiles. Estamos en situación en que posiblemente dentro de pocos meses nuestra patria será liberada. Mi experiencia me ha demostrado que no hay cosa que más vuelva locos a estos perros que la lucha guerrillera. Hay que prestar mucha atención a su crecimiento. Creo que hay que poner mucho cuidado en la selección de los mandos; que sean hombres capaces y que, si algún día caen, que no se dejen envolver por los trucos y martingalas del enemigo. Otra experiencia que he sacado es que hay que imponer inflexiblemente la norma de que nadie conozca más que lo que interesa. Hay que educar a los camaradas en el coraje ante el enemigo, en la seguridad de que tienen más posibilidades de salvarse el que no suelte palabra que el que hable. Y por encima de todo, haya o no haya posibilidades de salvarse, lo que debe imperar es nuestra conciencia de comunistas.

Tengo tantas cosas en la cabeza, que creo que estaría escribiéndoos una semana seguida, pero comprendo que tenéis cosas más importantes y no quiero entreteneros. Quiero pediros un favor, y es que hagáis llegar esta carta a nuestro grandioso Buró, pues de ella se enterarán también mis antiguos compañeros de lucha francesa. Soy poca cosa, pero sé que en cuatro años que peleamos juntos para liberar a Francia de los invasores alemanes, establecimos unos lazos que ni la muerte podrá romper. Si orgulloso me siento de ser hijo de España, no es menos el que siento de haber aportado mi esfuerzo a la liberación de Francia. Ellos ya son libres, pero a dos pasos tienen el enemigo, a los nazis y falangistas, que saquearon y asesinaron miles de franceses. Decidles que no descansen hasta barrer a estas bestias falangistas. Por último, dedico mi despedida a vosotros y al Buró.

A vosotros, camaradas de la Delegación, os pido que no escatiméis sacrificios para que nuestro querido Partido sea lo que siempre fue: el Partido de la vanguardia antifranquista.

Aún es muy largo el camino que tenemos que recorrer hasta ver a nuestra patria libre de los fascistas, pero ya queda poco. Cuando se ve cómo tiemblan ante lo que les espera, tenemos que dar mucho más, la vida y mil vidas que tuviéramos, pues todo hay que darlo por bien empleado por la libertad y el triunfo del pueblo y de la democracia. Transmitirle mi saludo a los guerrilleros, mis compañeros y hermanos, y estoy seguro de que pase lo que pase seguirán peleando como hemos jurado hacerlo. Decidle a la dirección del Partido que la promesa que le hicimos de ser fieles hasta la muerte al Partido, la hemos cumplido; que no olvidamos sus enseñanzas y consejos, y que si tenemos que morir, nuestros verdugos sabrán cómo mueren los comunistas, lo mismo que supieron cómo luchaban.

A la camarada Dolores, nuestro guía, nuestra maestra y ejemplo de luchadores, sólo dos palabras: un grupo de comunistas está casi en capilla, y cuando recibas ésta seguramente ya no existiremos. Sin embargo, queremos decirte que nadie ha podido arrancar una queja de nuestros labios ni nadie pudo impunemente echar basura sobre el nombre del glorioso Partido que diriges.

Nuestra mayor preocupación, desde que caímos en las garras de esta Gestapo española, fue poner bien alto el nombre del Partido, y de nada valió todas sus martingalas, porque, cuando alguien intentó insultar al Partido, hubieras visto a tus discípulos los comunistas, saltar como fieras en su defensa.

Hemos caído, mala suerte; pero sabemos que quedan muchos miles de españoles, comunistas y no comunistas, que la terminarán. Tu nombre, que es admirado y querido por millones de españoles, es nuestra bandera. Y todo lo damos por bien empleado, porque el orgullo de haber vivido honradamente y de haber sido dignos del título de comunistas vale más que la propia vida. No me importa lo que de mí digan los fascistas, pues lo que importa es lo que diga mi pueblo, al cual me debo y nos debemos todos.

Por él, por su libertad he luchado, lucharé hasta el último momento. Y cuando este momento llegue, estad seguros, camaradas, que un modesto militante del glorioso Partido Comunista sabrá morir como mueren los comunistas.

¡Viva el antifascismo español! ¡Viva el héroe de la resistencia, nuestro gran Partido Comunista! ¡Viva la más grande y valiente de las mujeres, nuestro jefe “Pasionaria”!

Cristino García

En la prisión de Carabanchel 15 de febrero de 1946

lunes, 22 de febrero de 2010

El republicanismo “juancarlista” no salvará a Garzón


José Mª Pedreño. Federación Estatal de Foros por la Memoria, - 22 Febrero 2010 .El procesamiento de Garzón en el Supremo va a servir para desenmascarar a todos los que defendieron y defienden la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria


El hecho de que los jueces del Supremo den por válida la Ley de Amnistía del 77 es la prueba palpable de que está fallando algo. Esa es la base de todo, es el pedestal sobre el que se asienta todo lo que vino después y es lo que hace que no vivamos en una democracia real, sino ante un decorado de cartón piedra que esconde centenares de miles de cadáveres y, aupados sobre ellos, los de siempre: las oligarquías financieras, la judicatura, el ejercito, las fuerzas de orden público, la Iglesia y la casta de políticos profesionales (de todos – o casi todos- los partidos) cómplices de la impunidad para poder vivir muy bien, incluida la mayor parte de la izquierda institucional (esa izquierda que se declara “juancarlista” y republicana o cosas por el estilo).

Eso de ser juancarlista y republicano tiene significados muy claros. Lo que nos están diciendo es que son “juancarlistas”, porque su pacto con los franquistas les ha servido para participar en el “reparto del pastel”; y al mismo tiempo republicanos, porque es la mejor forma de seguir engañándonos a todos dándose una apariencia de progresistas. Pero la verdad, es que se vive muy bien autoetiquetándose como “juancarlista” y republicano; es populismo puro, significa hablar para el pueblo mientras se trabaja para los de siempre, lo cual, en una monarquía bananera como la nuestra, es la mejor forma de garantizarse un buen porvenir como lacayo al servicio del poder.

Podemos votar, sí…Podemos hablar, también… Pero… ¡Cuidado! No amenacemos a los poderes de siempre con nuevos avances democráticos porque siempre están vigilantes y dispuestos a arrancar la “mala hierba” si ven peligrar sus privilegios. Porque España –no nos engañemos- huele a fascismo, por donde la mires, por donde la visites, por donde la toques. Y si huele a fascismo es porque los fascistas españoles se adueñaron de España, asesinando a centenares de miles de patriotas defensores de la Libertad y de la Justicia. Y años más tarde se pusieron de acuerdo para cambiar el decorado. Nos permitieron que votáramos para que nos creyéramos que estábamos en una democracia, pero se cuidaron muy mucho de controlar los partidos políticos para que el poder real no se les fuera de las manos. Tal como decía Napoleón (buen lector de “El Príncipe” de Maquiavelo), “…a los hombres se les corrompe o se les destruye…” y los fascistas, viendo que se moría el mayor de todos ellos, así lo hicieron. A los incorruptibles los asesinaron masivamente 40 años antes y, llegado el momento, corrompieron a muchos dirigentes de la oposición democrática para que se encargaran –entre otras coas- de condenar al ostracismo a los incorruptibles de los años 70 y 80; y así han seguido manteniendo el timón todos estos años. Nada se escapa a su control. Tienen todo el poder económico, político y social; lo ejercen día tras día y nadie es capaz de ponerles coto. Dieron un golpe de estado para mantener sus privilegios y todo lo que han hecho hasta ahora ha sido para seguir manteniéndolos. Primero mataron, luego cooptaron o engañaron a una buena parte de los dirigentes de la izquierda para tener una legitimidad democrática que no tenían, y se han mantenido presentes en todas las instituciones y centros de poder. Lo malo de todo esto es que muchos prohombres, autodenominados de izquierda, jalean alegremente esta situación.

La cosa tiene mucha gracia. Si leemos las listas de los que ahora se llevan las manos a la cabeza por que se haya encausado a Garzón por saltarse la Ley de Amnistía del 77, nos encontramos con que muchos de ellos la pactaron y la apoyaron y, hoy, la siguen apoyando. ¿A qué están jugando estos señores?

Y han llegado más lejos aún. Los mismos que apoyaron la Ley de Memoria –otra de las leyes que, según el juez del supremo que está instruyendo el procedimiento contra Garzón, ha vulnerado éste último por intentar iniciar un proceso contra el franquismo- están ahora llevándose las manos a la cabeza y pidiendo que se apoye a Garzón. ¡Vaya cara dura!

¿En qué quedamos? Si dan por válida la Ley de Amnistía del 77 y la Ley de Memoria de 2007, deberían apoyar que se procesase a Garzón por saltarse las leyes “a la torera” a sabiendas de lo que hacía. Y si de verdad quieren liberar a Garzón del proceso al que le han sometido, el camino es fácil: declaren la nulidad de ambas leyes y el juez del supremo se quedará sin argumentos. Declararlas nulas, que no derogarlas, porque derogar significaría que esas leyes han sido válidas hasta ese momento, con lo cual no haríamos nada. Se trata, por tanto, de declararlas NULAS. Que ya no somos aquellos adolescentes y jóvenes que hace treinta años nos creíamos todo lo que nos contaban los dirigentes de la época y hemos aprendido a conocer el significado de las palabras.

¡Basta ya de hipocresía y cobardía! La posibilidad está en sus manos. Declaren ilegales los bandos de guerra de los golpistas, declaren la nulidad de todos los actos jurídicos represivos del franquismo, declaren nula la Ley de Amnistía, declaren nula la Ley de Memoria y que el Gobierno de órdenes al Fiscal General del Estado para que dé instrucciones a todos los fiscales para perseguir de oficio los crímenes del franquismo, sentar en el banquillo a los culpables vivos (incluidos los criminales franquistas de las postrimerías del franquismo y la transición); que toda la población española conozca la verdad, que se transmita en todos los medios de comunicación, que sea de enseñanza obligatoria en colegios e institutos y que se persiga el revisionismo histórico; que se revisen las incautaciones, las multas administrativas, que se indemnice a las familias, que se investigue a los bancos, las empresas y a la Iglesia Católica, y que en la Constitución se diga que los defensores de la II República son los verdaderos padres de nuestras libertades democráticas. Eso es hablar de VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION.

Sabemos que no lo harán, porque apoyar a Garzón de palabra, para todos ellos, es una cuestión de estética porque no quedaría bien, ante la opinión pública, el que dijesen lo contrario. Y porque es muy fácil hablar, y darse golpes de pecho por Garzón, pero muy difícil para ellos apoyarlo con hechos –no con premios y manifiestos-, sino combatiendo al franquismo desde el Parlamento y desde el Gobierno. Empiecen declarando nulas las dos leyes invocadas por el magistrado del Supremo para encausar a Garzón y empezaremos a creer que sus apoyos de palabra al mismo no son tan solo “lágrimas de cocodrilo”. De esta forma, lo de Garzón y el franquismo quedaría sólo en un conflicto de competencias y, si no es Garzón, otras instancias judiciales, competentes para ello, podrían iniciar el proceso que Garzón no pudo continuar.

Garzón no es santo de mi devoción, no siento mucho aprecio por él, creo que el procedimiento que instruyó contra el franquismo tenía cierto “tufillo” a pacto con el Gobierno para cerrar las vías jurídicas al movimiento memorialista y poner en valor la descafeinada y franquista Ley de Memoria. Sin embargo, en estos momentos, quiero apoyar a Garzón; quiero que declaren nulas la Ley de Amnistía del 77 y la Ley de Memoria de 2007, para que el Tribunal Supremo archive el procedimiento iniciado contra él, y de paso poder iniciar la “Gran Causa General” de la democracia contra el franquismo sin que los jueces archiven los casos aplicando leyes que son contrarias al Derecho Penal Internacional. Eso es apoyar a Garzón y a las víctimas del franquismo, lo demás son los mismos cuentos que nos contaban en la transición y que pasados más de tres décadas ya no nos creemos.

Si Garzón no ha servido –por una cuestión de competencias y por estar en vigor leyes de punto final- para acabar con la impunidad del franquismo y conseguir Verdad, Justicia y Reparación para sus víctimas, su procesamiento en el Supremo va a servir para desenmascarar a todos los que defendieron y defienden la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria y, al mismo tiempo, poner sobre el tapete que ser “juancarlista” es ser franquista -pero con mejores formas- y ser republicano es mucho más que darse golpes de pecho porque procesen a Garzón.

España homenajeará al poeta de la Guerra Civil Miguel Hernández


Redacción

BBC Mundo
El gobierno de España dijo que reconocerá formalmente a Miguel Hernández, uno de los más destacados poetas del país, como víctima del régimen de Francisco Franco.

Hernández, natural de Alicante, fue encarcelado hace 70 años por apoyar al bando republicano durante la Guerra Civil española (1936 a 1939), y murió en prisión cuando tenía 31 años.

Ahora, España presentará a la familia del autor una carta oficial que rehabilite su memoria y celebrará el centenario de su nacimiento con diferentes eventos.

Según la vicepresidenta del Gobierno y presidenta de la comisión que organizará los actos, María Teresa Fernández de la Vega, el objetivo es "ofrecer a Miguel Hernández el homenaje, el recuerdo y la admiración que su vida y su obra merecen".

Todos compartimos (con Hernández) ese mismo rechazo a cualquier forma de opresión, esa misma rebelión ante la injusticia y esa determinación de soñar y crear un país más digno, un mundo mejor
María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno de España
"Una obra en la que todos nos reconocemos y nos encontramos, porque todos compartimos ese mismo rechazo a cualquier forma de opresión, esa misma rebelión ante la injusticia y esa determinación de soñar y crear un país más digno, un mundo mejor", dijo la número dos del ejecutivo español.

Ley de Memoria Histórica
La familia solicitó el reconocimiento del poeta basándose en la Ley de Memoria Histórica, de 2007, que nació para homenajear a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

Aunque según esta norma los Hernández podrían haber solicitado una compensación económica, la familia sólo pidió que se reconociera su sufrimiento.

Además están preparando una solicitud al Tribunal Supremo español para que se anule la sentencia de muerte que acabó con su vida, y acabar así con el último estigma en la historia del autor de El rayo que no cesa.

Por el momento, 237 personas ya han sido reconocidas bajo esta ley. Según el Ministerio de Justicia, recibieron 831 solicitudes, de las cuales se rechazaron por el momento 17 casos.

"Limpiar su memoria"

El régimen de Franco condenó a Hernández a muerte, y luego su pena fue conmutada por 30 años de prisión.
"Siempre hemos vivido con esta tristeza, y finalmente hemos limpiado su memoria", le dijo a Sarah Rainsford, de la BBC, la nuera de Miguel Hernández, Lucía Izquierdo.

"Queríamos restaurar su imagen de poeta del pueblo, y de un gran hombre", añadió.

Junto a Federico García Lorca, Hernández es considerado uno de los grandes poetas españoles del siglo XX.

Nació en una familia pobre, defendió a los combatientes de la República y sus poemas están cargados de descripciones de los horrores de la Guerra Civil.

Nanas de la cebolla
Según su familia, fue encarcelado en 1940 por negarse a firmar una confesión y una declaración de arrepentimiento de sus ideas, lo que le habría valido salir hacia el exilio.

Nunca cogió las armas, pero estaban en su contra porque defendió a España con su pluma. Su legado es una de las mejores poesías que tenemos. Su muerte injusta no privó de tener más
Lucía Izquierdo, nuera del poeta
"Nunca fue un traidor, siempre estuvo del lado de la Justicia", dijo Izquierdo. "Da miedo pensar lo que le hicieron".

"Nunca cogió las armas, pero estaban en su contra porque defendió a España con su pluma. Su legado es una de las mejores poesías que tenemos. Su muerte injusta no privó de tener más", dijo.

Franco conmutó la pena de muerte del poeta por una condena a 30 años de cárcel, pero Hernández murió poco después, tras contraer una tuberculosis que se le agravó con las duras condiciones de prisión.

Muchas de las mejores obras del poeta fueron escritas precisamente desde su celda, incluidas sus Nanas de la cebolla.

Hernández dedicó ese poema a su mujer cuando supo que ella y su hijo sobrevivían sólo a base de cebollas.

sábado, 20 de febrero de 2010

Alberto Cano vivió su tercer día de huelga, en el que la dirección del IES Mar de Alborán le requisó el móvil

DIARIOSOL.ES
El joven esteponero que reclama su derecho a recibir las clases de las materias del curso no cuenta con apoyo alguno


La aventura para Alberto Cano, de 15 años de edad y alumno del IES Mar de Alborán en Estepona, comenzó el pasado miércoles cuando decidía pasar las seis horas lectivas sentado en uno de los pasillos del centro escolar como protesta a la falta de profesorado en dos materias y tras remitir esta anomalía incluso a la Delegación Provincial de Educación. La dirección del centro decidía amonestar al joven a quien comunicaron que su huelga era ilegal al no haber solicitado los permisos necesarios para la misma.

Tras estos hechos, el joven anunciaba una huelga de hambre para el jueves, que finalmente no llevó a cabo y que fue sustituida por una huelga en el exterior del instituto, donde permaneció a la intemperie durante más de seis horas. Esa misma tarde, esta redacción tenía conocimiento que la dirección del centro, que aseguraba que es competencia de la Delegación Provincial de Educación solventar la falta de profesorado en el centro, decidía llamar a los padres del joven, quienes a su vez emplazaban al instituto a que llamaran a la Policía para que procedieran a desalojar a su hijo del patio, dado que están de acuerdo con las medidas adoptadas por el joven después de que en lo que va de curso no se hayan impartido clases de una de las materias obligatorias y cuatro semanas de otra.

El joven manifestaba a esta redacción que el viernes tenía previsto no asistir a las clases de nuevo y afirmó que a lo largo de su segunda jornada de huelga había recibido el apoyo de algunos compañeros que le habían llevado bebida caliente, así como por parte de algunos profesores. Sin embargo, ni unos ni otros se habían sumado a la reivindicación de este joven esteponero.

El viernes llegó y el menor cumplió con lo anunciado. Sin embargo, en esta tercera jornada de protesta Alberto consiguió ser objetivo de varios medios de comunicación, después de volver a sentarse en el patio al igual que el día anterior en lo que el considera una reclamación justa y que ha de ser oída. Un día más, este joven sólo tuvo el apoyo de dos compañeros que se sentaron junto a él durante un par de horas. Sin embargo, la tónica general de sus compañeros de clase, así como del profesorado del centro ha sido la de mirar hacia otro lado, porque lo que está claro es que en estos tiempos es difícil ser valiente y aún más adherirse a las causas perdidas como ésta. El joven reivindica su derecho a percibir las clases que el Instituto debe impartir, mientras el resto se dedica a intentar que éste asunto no tomo relevancia pública laguna, mientras le quitaron el móvil acogiéndose a las normas del centro. Normas depende de para qué. De cualquier manera, esta redacción habló con los padres del menor, quienes aseguraron estar de acuerdo con las acciones de su hijo desde el principio de la historia.

¿Contra Garzon o herederos de los criminales fascistas?


Están ahí. Nunca dejaron de estar. Eso es lo que Garzón está a punto de comprobar a partir de ahora.
Andres Sorel | Kaosenlared / Insurgente | 18-2-2010 a las 11:10

Las dos Españas de Antonio Machado nunca han desaparecido de España. Lo malo es que la España cainita, inquisitorial y asesina, continúa devorando a la otra España, la de las víctimas. Los jueces que articulan esa España genocida no desaparecieron del todo, trodavía conforman una parte importante de la magistratura. Ahora asistimos estupefactos e impotentes a un proceso al juez Baltasar Garzón. Y nos preguntamos: ¿realmente van contra el juez tan controvertido a lo largo de su carrera y edel que siempre defenderemos sus actuaciones contra los genocidas de la historia, o van contra lois asesinados que, y hablamos no ya de la guerra, sino de los procesos y fusilamientos sucedidos a partir de 1939, en los que ellos, como la Iglesia con sus bendiciones, participaron, sumándose obedientes a las órdenes que dictaba el franquismo, instalados en una justicia fascista que santificó el orden político del terror y la dictadura? No es extraño que los corruptos y políticos de la talla de Aznar, Camps o Jiménez Losantos, levanten cada vez más la voz y brinden enfervorizados porque esa España de la que ellos descienden ocupa cada vez más poder y ahora sin necesidad de coger las armas u organizar golpes de Estado. La España judicial, eclesial y comunicativa. Y en la época del culto al dinero como suprema virtud moral y de legalidad, resulta fácil comprar conciencias, imponer silencios y embrutecer pueblos. Las clases medias, gran parte dee los trabajadores, espectadores de las televisiones basuras, oyentes de las radios venenosas, lectores de periodistas panfletarios conforman la masa manipulada de esta historia. Y hablan para ellos, que han perdido la razón y la capacidad de pensar por sí mismos. Que ignorar sus cadenas y que desconocen el sentido de la palabra libertad. No son los atropellos y crímenes de la guerra lo que se pretende silenciar silenciando a Garzón sino los de la larga postguerra en la que solo existió la ley del fascismo. Porque aunque muchos de ellos vistan togas, ocupen púlpitos, empuñen -en el sentido literal de las palabras- ordenadores o micrófonos o se sienten en platós de televisión, no dejan de ser eso: fascistas. Viven en su reino. El reino que contribueron a instaurar en 1936 y perpetuar en 1939, y al que impusieron una mordaza en la llamada transición, a la que algunos quitamos dos letras para dejar en tra(ns)ición. Y así vivimos. No necesitan volver, aunque mucho nos tememos que volverán con todo el poder. Están ahí. Nunca dejaron de estar. Eso es lo que Garzón está a punto de comprobar a partir de ahora.

La USAL acoge el jueves la mesa redonda ‘40 años de represión franquista, también en Salamanca’


Europa Press, 15-02-2010 - 16 Febrero 2010 .Con motivo de la exposición ‘La Dictadura de Franco: 40 años de represión’, organizada por el Foro por la Memoria de Segovia




SEGOVIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca (USAL) acogerá el próximo jueves la mesa redonda ‘40 años de represión franquista, también en Salamanca’ con motivo de la exposición ‘La Dictadura de Franco: 40 años de represión’, organizada por el Foro por la Memoria de Segovia.

Así, a las 19.00 horas en el aula de vídeo tendrá lugar el encuentro, en el que participa el investigador de la represión en Salamanca y presidente de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia, Severiano Delgado; el historiador y responsable del Foro por la Memoria de Segovia, Santiago Vega, y el presidente del Foro por la Memoria de Salamanca, Dionisio Alonso.

La actividad está organizada por el Foro por la Memoria de Salamanca y el Foro por la Memoria de Segovia.

Ver más en http://foromemoriasegovia.blogspot.com/

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-usal-acoge-jueves-mesa-redonda-40-anos-represion-franquista-tambien-salamanca-20100215141018.html

El Supremo, ¿cómplice del fascismo?


Vicenç Navarro. Público, - 18 Febrero 2010
Una de mis mayores sorpresas cuando volví de mi largo exilio fue ver la enorme tolerancia que había en España hacia el fascismo


En realidad, ni siquiera se utilizaba el término fascismo para definir el régimen dictatorial que existió en España durante 40 años. Se le llamaba régimen franquista, implicando que era un régimen caudillista dirigido por el general Franco, ignorando que aquel régimen fue mucho más que un régimen caudillista. En realidad, reunió todas las características de los regímenes fascistas, por mucho que politólogos procedentes de aquel régimen, como Juan Linz, y revisionistas de varias sensibilidades políticas –incluidas algunas de centro izquierda– lo nieguen. Como he documentado en otro artículo, “Franquismo o fascismo” (Público, 28-05-09), aquel régimen tenía cada una de las características del fascismo, es decir, un nacionalismo exacerbado con visiones imperialistas basado en una concepción racista que justificaba su derecho de conquista –ver “El racismo del nacional catolicismo” (Público, 14-01-10)–; un absoluto control sobre los medios que intentaba reproducir una ideología totalizante, el nacional catolicismo; una supeditación de la sociedad civil al Estado, dirigido por una persona que el régimen presentaba como dotada de méritos sobrenaturales (referido como “caudillo por la gracia de Dios”), líder supremo del partido fascista, del Estado y de sus Fuerzas Armadas, caudillo que dirigía un Estado enormemente represivo. Por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000. Más de 200.000 personas fueron fusiladas y 114.421 desaparecieron en el periodo 1936-1951, sin que todavía hoy se conozca dónde están sus cuerpos. El mal llamado franquismo fue un régimen fascista, uno de los regímenes que cometió las mayores atrocidades y violaciones de los derechos humanos en la Europa del siglo XX.

Resultado de la manera inmodélica en que se hizo la Transición, no existe plena conciencia de lo horrible que fue aquel régimen. El silencio que siguió a la dictadura y el olvido del pasado (excepto en pequeños círculos académicos) explica que la juventud, por ejemplo, no sepa que en otros países donde existieron regímenes semejantes, como en Alemania, cualquier tolerancia al nazismo está prohibida, incluyendo la existencia del partido nazi o de asociaciones afines. No así en España, cuyo Jefe del Estado –el monarca– fue nombrado por el régimen anterior. En realidad, todavía hoy uno de los dos mayores partidos del país, el PP, muestra su rechazo a condenar aquel régimen por su nombre, excusándose en denuncias genéricas y asumiendo una equidistancia en los horrores y responsabilidades en los dos bandos de la mal llamada Guerra Civil (que, en realidad, fue un golpe militar, ayudado por Hitler y Mussolini, resistido por la mayoría de las clases populares durante tres años), que dan prueba de su falta de comprensión de lo que fue aquel régimen fascista. El PP no es antifranquista, y esto disminuye su credibilidad democrática. Y en algunas comunidades autónomas gobernadas por él, como Madrid y Valencia, sus gobiernos autonómicos todavía apoyan programas educacionales que justifican el golpe militar y el régimen que estableció.

Pero esta tolerancia ha llegado a un extremo que es vergonzoso. Las fuerzas herederas de aquel fascismo quieren llevar a los tribunales al único juez, Baltasar Garzón, que ha intentado llevar a los tribunales al franquismo. Tal situación es impensable en cualquier país democrático europeo que vivió y sufrió el fascismo. Y lo que es vergonzoso es que el Tribunal Supremo esté dispuesto a considerar esta acusación, utilizando además el argumento, defendido por uno de sus miembros, el juez Varela, de que la Ley de Amnistía firmada al final de la dictadura ofreció inmunidad a los dirigentes de aquel régimen, ignorando también que el Estado español firmó tratados internacionales que exigen el juicio de los responsables de aquellas atrocidades. No puede verse hoy en Europa un hecho semejante y cubre a España de vergüenza. ¿Cómo pueden los miembros del Tribunal Supremo (presidido por un juez que juró lealtad al fascismo) llegar a este extremo de insensibilidad democrática? ¿Cómo pueden llegar a legitimar a los herederos del régimen que asesinó al mayor número de españoles y demócratas en el siglo XX, aceptando su demanda? Tal comportamiento ofenderá una vez más a los millones y millones que perdieron todo lo que tenían en su defensa de la democracia. ¿Y donde están las derechas, siempre listas ellas para defender el honor de España, en un momento y en un hecho que cubre de vergüenza al país? Su hipocresía sobre el terrorismo queda evidenciada cuando excluye de su homenaje al enorme número de víctimas del terrorismo fascista, que fue mucho mayor en número que el cometido por el terrorismo de ETA. ¿Cómo es que el príncipe Felipe, en representación del monarca, presidiera los actos de homenaje a los últimos y nunca ha presidido ninguno de los primeros?

El argumento que se ha utilizado para definir lo que estamos viendo es que es un mero conflicto entre dos jueces, uno de ellos molesto por el excesivo protagonismo del otro. El juez Varela que intenta penalizar a Garzón es cómplice de aquella demanda y como tal merece el mayor rechazo por parte de todas las personas demócratas. Su animosidad hacia Garzón y el protagonismo de Garzón son temas irrelevantes. Es una enorme frivolidad ver lo que está ocurriendo como un mero conflicto de personalidades. Al contrario, este comportamiento del Tribunal Supremo (en caso de aceptarse la petición del juez Varela), le haría cómplice del fascismo, mostrando un indicador más de lo inmodélica que fue la Transición de la dictadura a la democracia y de la escasa sensibilidad democrática del Estado español. El fascismo continúa vivo y presente en España.



Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

viernes, 19 de febrero de 2010

El Comisario de Memoria Histórica de Andalucía sostiene los mismos argumentos que el Auto de procesamiento del Juez Garzón


Foro por la Memoria de Andalucía, - 18 Febrero 2010 .El Foro por la Memoria sostenía que la apertura de fosas debe hacerse bajo la autoridad judicial dado que nos encontramos ante víctimas y pruebas de delitos de lesa humanidad




El Foro por la Memoria de Andalucía presentó varias alegaciones al proyecto de protocolo de exhumaciones que estaba elaborando la Junta de Andalucía. Estas alegaciones han sido respondidas una vez que el protocolo había sido aprobado y publicado mediante la Orden de 7 de septiembre de 2009, por la que se aprueba el Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, BOJA de 28 de septiembre y, desde luego, no tienen desperdicio.

El Foro por la Memoria sostenía que la apertura de fosas debe hacerse bajo la autoridad judicial dado que nos encontramos ante víctimas y pruebas de delitos de lesa humanidad, extremo que el protocolo andaluz había obviado conscientemente. Sin embargo, el Comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, don Juan Gallo González, mantiene que la Ley de Amnistía impide que sean investigados los crímenes del franquismo. Y no solo eso, haciendo una interpretación absurda de la jurisprudencia del caso Schilingo, también llega a la conclusión de que la Ley de Amnistía es perfectamente aplicable al caso, consiguientemente, los franquistas están “exentos de responsabilidad criminal de forma directa e inmediata”. Si ello fuera cierto, Adolfo Scilingo no habría sido condenado en España ni estaría cumpliendo su condena por haber cometido crímenes contra la Humanidad.

Le recordamos al Sr. Comisario algunas de las normas vigentes en nuestro país para que las tenga en cuenta a la hora de tomar sus decisiones, so pena de actuar contra legem:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 es aplicable en España desde el 24 de abril de 1977, día en que fue ratificado. Este pacto declara la nulidad de las leyes de amnistía en varios lugares de su texto pero muy especialmente cuando exige que el Estado ponga a disposición de las víctimas un recurso efectivo para perseguir a los delincuentes y obtener la justa reparación y esto no es posible si una ley de amnistía impide acudir a la Justicia. Por este motivo fueron anuladas las leyes de amnistía en Argentina y ello ha permitido que se haya procesado a más de 500 personas. En los mismos términos se manifiesta pronuncian el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

No cabe duda, por tanto, que la Ley 46/1977 de Amnistía, de 15 de octubre, es posterior a la entrada en vigor en España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contraria a varios de sus preceptos y, consiguientemente, viciada de nulidad radical.

Sostiene también el Comisario andaluz que la Ley de Memoria ha supuesto un gran avance en el reconocimiento institucional y social de las víctimas del franquismo. Dudamos que tanto el Comisario como el letrado que firma el informe sean capaces de valorar si la legislación sobre memoria histórica ha supuesto algún tipo de avance en la materia porque ni siquiera sabe numerar los párrafos correctamente. Eso sí, es en este momento en el que ya es un clamor que la llamada Ley de Memoria es un auténtico fiasco y se pide su derogación o su reforma desde todas las organizaciones memorialistas.

Como bien podéis imaginar, las alegaciones del Foro por la Memoria de Andalucía en relación con el Protocolo de Exhumaciones no han sido atendidas.

Comunicado de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

Federación Estatal de Foros por la Memoria, - 18 Febrero 2010 .En relación al Auto de procesamiento del Juez Garzón





Desde la Federación Estatal de Foros por la Memoria hemos recibido con suma preocupación el auto de procesamiento del Juez Garzón. Los argumentos utilizados por ese auto nos llevan a pensar que son varias las razones que conducen a esta situación.

En primer lugar, Baltasar Garzón ha cometido la osadía de ser el primero, y hasta ahora único, juez que ha abierto un proceso penal para investigar los crímenes del franquismo en su conjunto. Y, si bien es cierto que se inhibió a favor de diversos juzgados territoriales, no lo es menos que siempre es posible reabrir esa causa u otra similar cuando los recursos presentados sean resueltos por el Tribunal Supremo. Además, este procesamiento también sirve, a modo de aviso a los navegantes, para aquellos jueces de instrucción que tienen pendiente la apertura de una fosa no se aventuren a procesar a algún franquista por los gravísimos delitos cometidos. En palabras del Juez Zaffaroni,” da la sensación de que España trata de ocultar la existencia de crímenes contra la humanidad”.

El origen de esa ocultación lo encontramos en el “pacto de silencio, olvido y ocultación” que se cerró durante la Transición por los partidos políticos y la causa que abrió el juez Garzón, y que podría abrir cualquier otro juez territorial, rompería ese pacto y dejaría al descubierto la dudosa legitimidad de diversas instituciones del Estado.

Asistimos a un nuevo episodio de la “justicia al revés”. Del mismo modo que el franquismo procesó por adhesión a la rebelión a aquellos que habían defendido el régimen republicano y democrático, la democracia del siglo XXI procesa a quien quiere investigar los crímenes más horrendos que se pueden cometer, los de lesa humanidad, eso sí, cuando se trata de españoles, pero no cuando hay que investigar a argentinos, chinos, norteamericanos, guatemaltecos o cualquier otra nacionalidad.

El papel de la Fiscalía de la Audiencia Nacional también ha contribuido a la situación en que ahora nos encontramos. No se opuso a la investigación del juez Garzón cuando no tenía mucha trascendencia, ahora bien, cuando convirtió las actuaciones en un verdadero proceso con la intención de encausar a presuntos delincuentes, la Fiscalía actuó en contra de las decisiones judiciales en lugar de velar por los derechos de las víctimas del franquismo y actuar para que se persiga a los delincuentes.

No podemos ni siquiera imaginar que en Alemania fuesen procesados los jueces que conformaron el Tribunal de Núremberg y que, a la postre, consiguieron el primer procesamiento y condena de los gerifaltes nazis como consecuencia de sus responsabilidades en el exterminio producido en los campos de concentración, entre otros gravísimos crímenes de guerra, contra la paz, etc.

El auto de procesamiento utiliza la Ley de Amnistía de 1977 como argumento para justificar la imposibilidad de investigar los gravísimos crímenes del franquismo. Sin embargo, las leyes de impunidad son nulas de acuerdo con el Derecho Internacional y, a mayor abundamiento, España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos varios meses antes de la aprobación de dicha ley lo que nos lleva a sostener la nulidad de la Ley de Amnistía porque impide que las víctimas puedan utilizar un “recurso efectivo” para procesar a los delincuentes y obtener la justa reparación. En el mismo sentido, se pronuncian el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (1).

Ha llegado el momento de solicitar abiertamente la declaración de nulidad de la Ley de Amnistía para que ningún juez o autoridad administrativa vuelva a citarla como válida y eficaz. Corresponde al Gobierno de España iniciar la tramitación de esa declaración y sobre él pesará no hacerlo. También corresponde al Gobierno impulsar el procesamiento de los criminales franquistas y a la Fiscalía llevar a efecto las diversas acusaciones.

Finalmente, asistimos a un episodio más de la legitimación del régimen franquista que no es sino una nueva llamada de atención al movimiento memorialista en relación con los límites “históricos” a la hora de recuperar la memoria de miles de personas que todavía se encuentran en fosas comunes distribuidas por el territorio nacional y, en definitiva, para que los tres grandes principios del Derechos Internacional no puedan llevarse a efecto en España: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.

CONVOCAMOS a todo el movimiento memorialista y a las fuerzas políticas democráticas a que, de forma conjunta y coordinada, denuncien la nulidad de la Ley de Amnistía y exijan el cumplimiento de los tres principios del Derecho Internacional.

18 de Febrero de 2010

(1) Puede consultarse el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en relación con las Amnistías en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_sp.pdf

Un menor de edad decide hacer huelga en el IES Mar de Alborán reclamando su derecho a la educación

DIARIOSOL.ES
18/Febrero/2010 - Estepona.



El joven de quince años, quien en principio pensó hacer una huelga de hambre ha pasado todo el día a la intemperie

La aventura para A.C.C., de 15 años de edad y alumno del IES Mar de Alborán en Estepona, comenzó el pasado miércoles cuando decidía pasar las seis horas lectivas sentado en uno de los pasillos del centro escolar como protesta a la falta de profesorado en dos materias y tras remitir esta anomalía incluso a la Delegación Provincial de Educación. La dirección del centro decidía amonestar al joven a quien comunicaron que su huelga era ilegal al no haber solicitado los permisos necesarios para la misma.

Tras estos hechos, el joven anunciaba una huelga de hambre en el día de hoy, que finalmente no llevó a cabo y que fue sustituida por una huelga en el exterior del instituto, donde ha permanecido a la intemperie durante más de seis horas. A estas horas, esta redacción ha tenido conocimiento que la dirección del centro, que asegura que es competencia de la Delegación Provincial de Educación solventar la falta de profesorado en el centro, decidía llamar a los padres del joven, quienes a su vez emplazaban al instituto a que llamaran a la Policía para que procedieran a desalojar a su hijo del patio, dado que están de acuerdo con las medidas adoptadas por el joven después de que en lo que va de curso no se hayan impartido clases de una de las materias obligatorias y cuatro semanas de otra.

El joven ha manifestado a esta redacción que mañana tiene previsto no asistir a las clases de nuevo y afirmó que a lo largo del día de hoy ha recibido el apoyo de algunos compañeros que le han llevado bebida caliente, así como por parte de algunos profesores. Sin embargo, ni unos ni otros se han sumado a la reivindicación de este joven esteponero.

1880 razones para cambiar el nombre al parque Arias Navarro


Aquí están los nombres y apellidos de algunos de los ejecutados. ¿Más razones?





Dice Begoña Larrainzar, la concejala-presidenta de Latina, que llamar al Parque Arias Navarro Parque Aluche no responde al sentir de la mayoría. Y miente. Pero es igual. Incluso es hasta normal. Pero aunque los alucheros no le llamasemos de siempre Parque Aluche le voy a dar 1880 razones para que cambien el nombre al Parque. Los ejecutados en Málaga en 1937. Poco a poco le iré dando más, gracias a la colaboración con la Asociación Foro Por La Memoria Histórica de Málaga

Además dice que destacó como Alcade de Madrid. Cosa que el Alcade de Málaga de 1937 no pudo hacer por que fue ejecutado.

Aquí están los nombres y apellidos de algunos de los ejecutados. ¿Más razones? En la próxima entrega

http://www.scribd.com/doc/26924424/Malaga-1937-Represion-posible



http://anaaldea.es/1880-razones-para-cambiar-el-nombre-al-parque-arias-navarro

miércoles, 17 de febrero de 2010

El Rey de España Juan Carlos I coordinó el golpe de estado del 23-F de 1981, dice el coronel Amadeo Martínez


Amadeo Martínez Inglés | 16-2-2010
Don Amadeo Martínez Inglés, ex-coronel del Ejército, hizo un informe sobre los hechos acaecidos en España el 23 de febrero de 1981 presentando que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable.

AL Excmo Sr. Presidente del Congreso de los diputados de las Cortes Españolas

Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:


Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.

En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe al presidente del Congreso de los Diputados y dada la nula respuesta de éste al mismo, decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, al del Gobierno de la nación y a los de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc.

Al no obtener ninguna respuesta de esas preeminentes instituciones del Estado (a excepción del Senado que acusó recibo a través de la Comisión de peticiones de esa Cámara), un año después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté personalmente en la sede del Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir su presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.

Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que ni el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, ni el resto de autoridades a las que había dirigido el documento se iban a molestar en acusar recibo del mismo decidí, en febrero de 2008, publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado a lo largo de sus tres décadas largas de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia.


El 4 de abril de 2008, tras las elecciones de 9 de marzo y constituidas las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular, me dirigí por primera vez a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que procediera de inmediato a estudiar e investigar las muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos que le denunciaba, y que son los siguientes:

1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.

2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.

3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).

4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.

5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.

6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis profesionales incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado.



El 8 de octubre de 2008, me dirigí por segunda vez a VE adjuntándole un informe sobre la anómala actuación del monarca español (entonces príncipe de España y a cargo interinamente de la jefatura del Estado español) en relación con la entrega a Marruecos, en noviembre de 1975, de la antigua provincia española del Sahara Occidental. Del que se desprende que, con arreglo a testimonios e investigaciones históricas de toda solvencia, Juan Carlos de Borbón pudo cometer presuntos delitos de alta traición, cobardía ante el enemigo y genocidio del pueblo saharaui, en grado de colaboración necesaria.

Con fecha 2 de marzo de 2009, y con casi un año de retraso, recibí por fin el correspondiente acuse de recibo al primero de mis escritos dirigido a su autoridad, firmado por la jefa del Departamento de Registro y Distribución de Documentos del Congreso de los Diputados, en el que me comunicaba que el citado documento había tenido entrada en esa Cámara y que había sido trasladado a la Comisión de Peticiones de la misma para “su oportuno estudio y tramitación”.


En diciembre de 2009, diez meses después de que me llegara la notificación señalada en el apartado anterior, vista la escasa premura con la que se había desempeñado la siempre laboriosa Cámara Baja de las Cortes Españolas en el tema del acuse de recibo a mi escrito de denuncia del rey y ante las puertas de lo que VE ha denominado públicamente como “período hábil entre sesiones” y para el resto de los mortales no dejan de ser unas descomunales vacaciones de Navidad y año Nuevo (48 días), con el peligro añadido de que pasaran decenios antes de que volviera a saber algo de ese “oportuno estudio y tramitación” por parte de la Comisión de Peticiones del Congreso…decidí dar un paso más en la, sin duda, ardua tarea profesional que yo mismo me he impuesto dando a conocer al pueblo español, a través de un nuevo libro (“La Conspiración de mayo”), las últimas y sorprendentes revelaciones sobre el 23-F que obraban en mi poder tras muchos años de investigaciones en lo más reservado del estamento militar. Y que aclaran de una forma definitiva, radical, irrefutable… las tramas, los contubernios y los espurios pactos que jalonaron la larga planificación, preparación y ejecución de tan desgraciado evento de nuestra historia reciente. Revelaciones inéditas que, ingenuamente, venía reservando como oro en paño para ponerlas a disposición de sus señorías cuando de verdad quisieran depurar las altas responsabilidades que a día de hoy, y en relación con ese falso golpe militar, apuntan indefectiblemente hacia la borbónica figura del todavía “rey de todos los españoles”.


Algo debía hacer, sin duda, a título personal, ante la pasividad culpable de la Cámara que VE preside que, resulta meridianamente claro, ha elegido el inconveniente camino del silencio administrativo, el mirar para otro lado y el marear la perdiz ante las gravísimas y reiterativas denuncias presentadas por un ciudadano español contra el actual jefe del Estado; efectuadas, eso sí, tras muchos años de investigación y apoyadas, además, en irrefutables indicios racionales de culpabilidad del mismo en presuntos delitos de golpismo, terrorismo de Estado, malversación de fondos públicos, corrupción… etc, etc. Y ese algo debía ser el sacar a la luz pública, el desvelar por primera vez a los medios de comunicación y a la sociedad española en general uno de los misterios mejor guardados de la transición española, un absoluto secreto militar dormido durante décadas en las entrañas del “gran mudo” castrense español, presentando como nació, se preparó, estudió y organizó el golpe duro “a la turca”, la gran apuesta golpista denominada “Operación Móstoles” dentro de un movimiento militar (un nuevo “Alzamiento Nacional”) de corte franquista que, preparado para ponerse en marcha en la madrugada del 2 de mayo de 1981, hubiera podido conducir al país a una nueva guerra civil. Y para desmontar el cual, saltándose a la torera la Constitución y las leyes, el rey de España no dudó en dar el placet a sus generales cortesanos (Armada y Milans) para que planificaran y ejecutaran, en estrecho contacto con los principales partidos políticos del arco parlamentario español, la chapucera maniobra político-militar-institucional que inmediatamente sería conocida en España y en todo el mundo como el “golpe involucionista del 23-F”.


Señor presidente del Congreso de los Diputados: En poder ya del pueblo soberano mis últimas investigaciones sobre el 23-F y con ellas el secreto mejor guardado del Ejército español en relación con la trama que lo hizo posible y, por lo tanto, a disposición de las Cortes españolas que pueden conocer de primera mano como se fraguó uno de los hechos más controvertidos de la reciente historia de este país, y con mi ofrecimiento más leal para que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado puedan recibir toda la información complementaria que precisen sobre tan importante asunto, me permito solicitar de VE lo siguiente:


Que con arreglo a lo que contempla el artículo 76.1 de la Constitución española, y puesto que ni puede ni debe ser asumido por el pueblo español y sus instituciones el lamentable hecho de que la jefatura del Estado esté ocupada por un presunto delincuente culpable de delitos de golpismo y terrorismo de Estado, se constituya con urgencia en la Cámara que VE preside una Comisión de Investigación que depure las responsabilidades del actual rey de España, Juan Carlos I; tanto en los hechos acaecidos en este país en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (denominados indebidamente desde entonces por los poderes públicos como “intentona involucionista a cargo de militares y guardias civiles nostálgicos del anterior régimen”) como en los ocurridos entre los años 1983-1986 relacionados con la guerra sucia contra ETA (28 asesinatos y 1 secuestro) a cargo de mercenarios y miembros de los CFSE y del Ejército. Así como en aquellas otras actividades presuntamente delictivas en las que haya podido intervenir o conocer el actual monarca español y que se presentan, estudian y valoran en los periódicos informes que este historiador se ha permitido enviar a las Cortes españolas.

Y como incuestionable corolario, ante la gravedad de los delitos presuntamente cometidos por Juan Carlos de Borbón tanto en el desempeño de sus atribuciones constitucionales como en aquellas otras que manifiestamente no lo eran o atentaban contra ella, se proceda por el Congreso de los Diputados (máxima representación del poder soberano del pueblo español y única institución nacional que pude hacerlo constitucionalmente) a iniciar los trámites oportunos y urgentes para que las Cortes españolas, de acuerdo a lo que recoge el artículo 59.2 de la Carta Magna, puedan “reconocer la inhabilitación” del actual rey de España, Juan Carlos I, para seguir ostentando la jefatura del Estado español a título de rey.

Sin perjuicio de las responsabilidades de todo tipo (incluidas las penales) que en un Estado verdaderamente democrático y de derecho, en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, podrían serle atribuidas en el futuro al ciudadano Borbón y que, vuelvo a repetirle una vez más, señor presidente del Congreso, tienen que ver con gravísimos, y de momento presuntos, delitos de golpismo, terrorismo de Estado, malversación de fondos públicos, fratricidio premeditado, corrupción… etc, etc.

Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si la Cámara que VE preside piensa seguir despreciando y obviando mis denuncias como ha venido haciendo estos últimos cinco años o hibernándolas a perpetuidad (para estudio y tramitación) en la Comisión de Peticiones de la misma, como ha hecho en los últimos diez meses y parece ser quiere seguir haciendo en el futuro, le ruego me comunique oficialmente ante que autoridad de este país, y en que forma, debo formularlas a partir de ahora. Porque, desde luego, el historiador militar que suscribe no va a renunciar en absoluto a que el pueblo español sepa, clara y contundentemente, que clase de “salvador de la democracia” ocupa la jefatura del Estado y, además, está convencido de que, aunque la sacrosanta Constitución del 78 especifica con rotundidad manifiesta que este hombre (o dios), el rey, es inviolable e irresponsable ante la justicia de los hombres (esperemos que ante la divina, no), algún mecanismo debe existir en un Estado democrático y de derecho como se supone es el español de hoy, para poder sentarlo en el banquillo si se demuestra que ha cometido delitos execrables.

Mecanismos democráticos, como los puestos en marcha recientemente en un país en vías de desarrollo y, en teoría, menos respetuoso que España con los parámetros propios de un Estado de derecho como es Perú, en el que se acaba de condenar nada menos que a veinticinco años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori, por unos delitos prácticamente iguales a los presuntamente cometidos por el rey Juan Carlos I en la década de los ochenta del siglo pasado: golpismo y terrorismo de Estado.

Porque, de no ser así, señor presidente del Congreso de los Diputados, si el actual jefe del Estado español (a título de rey por deseo testicular del dictador Franco; asquerosa eyaculación política que, sin embargo, aceptó sin rechistar la aborregada y cobarde ciudadanía de la época con sus dirigentes políticos a la cabeza) está por encima de las leyes y de la justicia de los hombres, dígame en que se diferencia VE de, por ejemplo, el antiguo presidente de las Cortes franquistas y del Consejo del reino, el falangista Rodríguez de Valcárcel. Ante quien, por cierto, el 22 de noviembre de 1975 juró fidelidad a los principios fundamentales del Estado fascista salido de julio de 1936, el actual rey de España, Juan Carlos I, el último Borbón.

Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 16 de febrero de 2010