El régimen franquista ordenó en 1941 a los gobernadores civiles elaborar una lista de los judíos que vivían en España. El censo, que incluía los nombres, datos laborales, ideológicos y personales de 6.000 judíos, fue, presumiblemente, entregado a Himmler. Los nazis lo manejaron en sus planes para la solución final. Cuando la caída de Hitler era ya un hecho, las autoridades franquistas intentaron borrar todos los indicios de su colaboración en el Holocausto. EL PAÍS ha reconstruido esta historia y muestra el documento que prueba la orden antisemita de Franco
JORGE M. REVERTE 20/06/2010
Al final de la II Guerra Mundial, el régimen de Franco intentó con relativo éxito confundir a la opinión pública mundial con la fábula de que había contribuido a la salvación de miles de judíos del afán exterminador nazi. No solo era falso lo que la propaganda franquista pretendía demostrar. En la España del dictador hubo la tentación de contribuir a acabar con el "problema judío" en Europa.
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El Archivo Judaico es una prueba de lo que los falangistas de Serrano Suñer pretendían hacer con los judíos españoles
La directriz alerta de que los sefarditas pueden pasar desapercibidos por su "similitud" con el "temperamento" español
José Finat, que también fue alcalde de Madrid, hizo amistad con Himmler cuando este visitó España en 1940
La paciente labor de un periodista judío, Jacobo Israel Garzón, ha conseguido que aflorara el único documento conocido sobre el asunto, conservado por obra de la casualidad en el Archivo Histórico Nacional, y proveniente del Gobierno Civil de Zaragoza. Lo publicó en la revista Raíces. A partir de ese trabajo, EL PAÍS ha continuado la indagación y ha reconstruido la historia completa de la frustrada colaboración con el Holocausto. Quiénes fueron sus protagonistas y sus cómplices. Una historia que cambia la Historia.
El 13 de mayo de 1941, todos los gobernadores civiles españoles reciben una circular remitida el día 5 por la Dirección General de Seguridad. Se les ordena que envíen a la central informes individuales de "los israelitas nacionales y extranjeros afincados en esa provincia (...) indicando su filiación personal y político-social, medios de vida, actividades comerciales, situación actual, grado de peligrosidad, conceptuación policial". La orden la firma José Finat Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, el último día de su permanencia en el cargo, porque va a ser relevado por el coronel Galarza. De ese puesto va a saltar en pocos días al de embajador de la España de Franco en Berlín.
El conde es un personaje refinado y culto, y muy amigo de Ramón Serrano Suñer, el hombre fuerte del régimen [fue ministro de Interior y Asuntos Exteriores], que es quien le va dando los distintos cargos que ostenta. Ha prestado grandes servicios a Serrano y a Franco, como el de organizar a los policías que, en connivencia con el embajador Lequerica y la Gestapo, utilizando a un siniestro policía de apellido Urraca, consiguió traer a Companys y Zugazagoitia a España para sufrir una burla de juicio y ser fusilados.
José Finat hizo buenas migas con Himmler cuando este visitó España en octubre de 1940. Himmler pudo asistir a un espectáculo que le pareció cruel: una corrida de toros en Las Ventas. En esos días, ambos pusieron al día una vieja colaboración firmada por el general Severiano Martínez Anido en 1938. Gracias a ese acuerdo, la policía política alemana goza de status diplomático en España, y puede vigilar a sus anchas a los treinta mil alemanes que viven aquí.
Dentro de poco más de un mes, Finat va a ocupar su cargo de embajador en Berlín. Allí podrá entregar en persona a Himmler sus listas de judíos. Si España entra en la guerra, serán un buen regalo para los nazis. Antes va a tener tiempo suficiente para dar una paliza y emplumar por maricón a un cantante, Miguel de Molina. Le ayudará el falangista Sancho Dávila, primo del fundador del partido fascista.
El objetivo del Archivo Judaico no consiste en defender al régimen de la posible acción subversiva que puedan realizar los refugiados que pasan por España huyendo de la persecución nazi. Esos son conducidos directamente a Portugal para que se marchen a Estados Unidos, o internados en el campo de concentración de Miranda de Ebro hasta que se sepa qué hacer con ellos. De lo que se trata, sobre todo, es de tener controlados a los judíos españoles de origen sefardí:
"Las personas objeto de la medida que le encomiendo han de ser principalmente aquellas de origen español designadas con el nombre de sefardíes, puesto que por su adaptación al ambiente y similitud con nuestro temperamento poseen mayores garantías de ocultar su origen y hasta pasar desapercibidas sin posibilidad alguna de coartar el alcance de fáciles manejos perturbadores".
El trabajo no va a ser fácil por esa capacidad de adaptación que tienen los judíos. Sobre todo en lugares que no sean como Barcelona, Baleares y Marruecos, donde había antes de la guerra "comunidades, sinagogas y colegios especiales", y eso permite una mayor facilidad de localización.
La circular no oculta la urgencia de la acción. Hay que proteger al Nuevo Estado de la posible actuación de estos individuos, que son "peligrosos".
El coronel Valentín Galarza está poniendo patas arriba el ministerio que le ha dejado Serrano Suñer, infestado de falangistas revolucionarios. Pero no va a destrozar toda la obra de su antecesor. El Archivo Judaico se va a seguir completando con carácter de urgencia al principio y con metódica seriedad después.
¿No son acaso los judíos y los masones los enemigos fundamentales del Nuevo Estado?
Cuando haya pasado el tiempo, el Archivo Judaico será ocultado y sistemáticamente destruido, como toda la documentación comprometedora para el régimen franquista en relación con la persecución antisemita realizada en los años cuarenta. Cuando deje de ser urgente tener listas completas de israelitas y haya que justificar la patraña de que el régimen surgido del 18 de julio ayudó en todo lo posible para que se salvaran muchos judíos de la persecución nazi.
En mayo de 1941, cuando se envía la circular, resulta muy significativa la desaparición de las guardias de falangistas de la puerta del Ministerio de la Gobernación. Ya no se trata de que la represión la lleve la Falange por su cuenta, como si fuera un poder autónomo del Estado. Se trata de que el Nuevo Estado asume comportamientos que le identifican con los de la Alemania nazi, pero mediante las instituciones tradicionales, o sea, en este caso, la Policía y la Guardia Civil. Eso sí, "auxiliados por elementos de absoluta garantía".
Esos elementos son falangistas entusiastas de la represión, que hay muchos. Porque continúa en funcionamiento la Delegación Nacional de Información e Investigación, con sedes en muchos municipios españoles. Hay más de tres mil agentes del partido repartidos por toda la geografía nacional, que elaboran sin descanso expedientes sobre sospechosos. En el año anterior han escrito más de ochocientos mil informes y han elaborado fichas sobre más de cinco millones de ciudadanos. Los miembros de las delegaciones hacen informes constantes sobre la situación política en cada lugar, sobre el estado de la opinión pública, y sobre los antecedentes políticos de cualquier ciudadano que aspira a un puesto de trabajo. Y tienen el privilegio de participar en interrogatorios policiales y torturas en comisarías o cuartelillos.
A veces, fuera de las dependencias judiciales. El ricino y las palizas callejeras están a la orden del día.
Con el cambio de destino del conde de Mayalde, los falangistas dejan de ser los que encabezan este tipo de investigaciones, pero están. Siguen estando.
Los investigados para el Archivo Judaico no son gente de especial relevancia. Salvo en algún caso, como el del escritor Samuel Ros, amigo íntimo del revolucionario Dionisio Ridruejo, cuya condición de judío levantará las inquietudes de los funcionarios nazis instalados en España. Se da la circunstancia de que Ridruejo es también muy amigo del conde, con el que va a compartir muchas jornadas en Berlín durante su discontinua presencia en la División Azul, el contingente español que va a marchar a Rusia a luchar contra el comunismo a las órdenes del general Agustín Muñoz Grandes.
Los hombres de Himmler, a los que el conde de Mayalde ha dado el estatus oficial para que se muevan con soltura por el país, reclaman a la Policía española que les dé detalles sobre las actividades de Samuel Ros. Incluso se atreven a protestar porque se le permita escribir en medios oficiales como el diario falangista Arriba.
Otra de las circunstancias llamativas de la circular es que rompe con el antijudaísmo clásico de la católica España. Para la Iglesia, y por tanto para el régimen nacional católico amparado por los cardenales Pla i Deniel y Gomà, un judío deja de serlo si se convierte al catolicismo. Los nazis consideran que se trata de una raza, y el conde de Mayalde expresa claramente su concepción próxima a la de los seguidores de Hitler: los sefardíes, que por "su adaptación al ambiente y su similitud con nuestro temperamento poseen mayores garantías de ocultar su origen". Hay un temperamento español y un origen judío.
La fecha en que se emite la circular tampoco es casual. En España se debate desde hace meses la posibilidad de que el país entre en guerra al lado de Alemania. Y los más furibundos partidarios de esta opción son los falangistas revolucionarios, los nacionalsindicalistas que admiran a Hitler y comprenden su política de liquidación del judaísmo.
En Francia, las autoridades de Vichy han puesto en marcha, sin necesidad de que los ocupantes alemanes se lo pidan, un Estatuto Judío que incluye un censo. Ya hay muchos miles de judíos franceses o apátridas recluidos en campos de concentración en la zona de Vichy y en la zona ocupada. En todos ellos la autoridad le corresponde a la policía francesa. De esos campos saldrán los trenes de la muerte que conducirán a casi todos los judíos franceses al exterminio en Auschwitz.
El más importante está al lado de París, en una localidad llamada Drancy, donde catorce sefardíes españoles han sido recluidos. Un diplomático llamado Bernardo Rolland de Miota, cónsul general en París, intenta, contra las órdenes del embajador Lequerica y del ministro Serrano Súñer, salvarles. No lo consigue, aunque sí puede actuar a favor de otros dos mil que reciben protección de su consulado. Serrano Suñer le hará pagar por su desobediencia destinándole a un oscuro puesto africano. Será declarado por la Fundación Wallenberg "justo entre las naciones", un título al que se harán acreedores otros diplomáticos españoles, como Sebastián de Romero, Eduardo Propper, Julio Palencia, Ángel Sanz Briz o Carmen Schrader.
A las afueras de Berlín hay un plácido barrio de casas residenciales donde muchos berlineses de posición económica acomodada pasan los fines de semana. Antes para alejarse del estruendo de la gran urbe. Ahora para eludir la incomodidad de las alarmas aéreas. El barrio se llama Wannsee, y está construido a las orillas del lago del mismo nombre.
»LA REUNIÓN DE WANNSEE.
Allí se solazan y descansan los responsables de la Seguridad del Estado hitleriano. Los jefes de los Eisantzgruppen, estresados, se recuperan del pesado trabajo de matar en masa a tantos judíos, a tantos partisanos y comisarios bolcheviques. Lo hacen en una casa adquirida por la Seguridad del Reich, que dirige un asesino en masa llamado Reinhardt Heydrich.
Heydrich, el virtuoso violinista que, a las órdenes de Himmler, desarrolla la matanza de los judíos, ha hecho balance, y este no es nada bueno. Con gran esfuerzo y un enorme gasto de munición y recursos, se ha conseguido matar solo a un millón de judíos en números redondos, de los más de once que se calcula que están en los territorios del Reich o en las zonas conquistadas. Y lo que no cabe ya, a la vista de la reacción del Ejército soviético, que ha detenido la ofensiva sobre Moscú y Leningrado, es pensar en expulsar a todos los hebreos hasta los montes Urales para que allí se extingan.
Hasta octubre de 1941, se ha conseguido que quinientos treinta y siete mil judíos se marcharan de los territorios del Reich. Unos quinientos mil, de Alemania y Austria; los treinta mil restantes, de Bohemia y Moravia. Pero esta política está realmente acabada, porque trae muchos problemas, en plena guerra, negociar transportes, destinos e itinerarios.
Mientras a los de las repúblicas bálticas se les mata en bosques o se les enrola por la fuerza en destacamentos de trabajo, en Varsovia sigue habiendo un gueto poblado por decenas de millares de judíos polacos que absorben recursos alimenticios, que obligan a dedicar numerosas tropas a controlarles. No es barato liquidar el problema judío. Los responsables de cada área ocupada se las ven y se las desean para cumplir con una orden muy vaga, la de que cada uno se las tiene que arreglar para matar a sus judíos. Pero eso no es fácil. Hans Frank, el gobernador general de Polonia, ha mostrado su desesperación hace pocas semanas: "No podemos fusilar a esos tres millones y medio de judíos, no podemos envenenarles, pero tenemos que ser capaces de dar pasos para encontrar una forma de llegar al éxito en el exterminio".
Es 20 de enero y en el palacio de Wannsee, junto al lago de aguas cristalinas, Heydrich ha reunido a los quince mejores expertos en matanzas porque ha recibido la orden de poner de una vez en marcha la "solución final" de ese problema. Hay que tomarse en serio el asunto, y ordenar los métodos, convertir el empeño en un sistema industrial eficiente en resultados concretos y en términos de economía. Y la consigna debe carecer de elementos que permitan la duda. A partir de ahora está claro que lo que procede es matar a todos, absolutamente todos, los judíos que se encuentran en territorios del Reich o en zonas conquistadas. No solo en esas áreas, sino también en el resto de Europa. Porque quedan muchos judíos en países rendidos o aliados. En casi ninguno de ellos se va a encontrar ningún problema para aplicar la solución. Sí en Italia, que es un aliado dubitativo en este asunto, pero no hay quejas sobre la actitud de Francia.
Hitler ha hecho hincapié varias veces en su "profecía" de que, si se produjera una nueva guerra mundial, los judíos desaparecerían de la faz de la tierra. Ahora ya no puede haber vacilaciones. Ya hay una guerra mundial desde que Estados Unidos se han enrolado en ella. Dentro de diez días, en un sitio público, el Sportpalas de Berlín, el Führer va a insistir en ello: "Esta guerra no tendrá un final como imaginan los judíos, con el exterminio de los pueblos arios de Europa, sino que el resultado de esta guerra será la aniquilación de la judería. Por primera vez, la antigua ley judía será aplicada ahora: ojo por ojo y diente por diente".
No hay constancia documental de que en Wannsee se hable de España. Se hace notar, simplemente, que allí hay seis mil judíos. Pero su destino está claro, para cuando se pueda atender la relación con este país. Lo seis mil están censados por algún organismo del Gobierno, que ha pasado nota a los representantes alemanes en la Embajada de Madrid. El censo que inició el 5 de mayo de 1941 José Finat, conde de Mayalde, ahora embajador en Berlín. Están todos localizados.
Una compleja serie de razones impedirá que España entre en la guerra al lado de Alemania. Eso evitará que los nombres incluidos en el Archivo Judaico pasen a formar parte de los listados de Auschwitz.
A finales de 1945, los archivos de los ministerios de Gobernación y de Asuntos Exteriores serán expurgados para que no quede nada que demuestre que la mayor actitud de piedad de Franco hacia los judíos fue dejar pasar a algunos, o soportar en ocasiones la acción individual de los pocos diplomáticos que se la jugaron por salvar vidas humanas.
El Archivo Judaico habría sido un hermoso regalo para Hitler. Su conservación, una repugnante prueba de lo que los falangistas de Ramón Serrano Suñer pretendían hacer con los judíos españoles.
El cinismo franquista llegó al extremo cuando tuvo que negociar con los aliados vencedores en la guerra la liquidación de las deudas con Alemania. La delegación española se atrevió, ante el escándalo de los representantes aliados, a pedir compensación por los daños patrimoniales causados por los nazis a los sefardíes de Tesalónica. El representante inglés McCombe tuvo que recordar en la reunión que España jamás había protestado por la persecución nazi contra sus compatriotas.
