Iniciativa Legislativa 15M: El 15 M plantea movilizaciones ante el Parlamento ...

Iniciativa Legislativa 15M: El 15 M plantea movilizaciones ante el Parlamento ...: "La propuesta socialista del “escaño 110” puede conseguir que la iniciativa 15-M sea bloqueada durante esta legislatura. De bloquearse la I..."

La necesaria segunda Transición

VICENÇ NAVARRO

La Transición de la dictadura a la democracia en España distó mucho de ser modélica. Puede que no hubiera alternativa a la manera como se hizo. Pero llamarla modélica me parece un error, pues el resultado de aquella Transición fue una democracia muy incompleta y un bienestar muy insuficiente. Las movilizaciones ciudadanas y, muy en particular, las del movimiento obrero, forzaron el fin de la dictadura. Durante el periodo 1973-1978, España vivió las movilizaciones más extensas que hubo en el continente europeo. El número de huelgas ocurridas en nuestro país fue de cuatro a siete veces superior (según el año) al promedio de la Comunidad Europea.
Pero aquellas movilizaciones, que fueron determinantes para terminar con aquel régimen, no fueron suficientes para que, a nivel político, hubiera una ruptura con el estado anterior, y ello a pesar de los cambios importantes que tuvieron lugar en aquel proceso, entre los cuales el más importante fue el reconocimiento de que la soberanía tenía que derivar de la voluntad popular. Por lo demás hubo una continuidad, fruto del enorme dominio que las fuerzas conservadoras, lideradas por el monarca, tuvieron sobre aquel proceso de Transición y sobre el Estado.
Una consecuencia de ello fue la Ley Electoral, que –como reconoció el expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo, y posteriormente Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, colaborador del expresidente Suárez– discriminó deliberadamente a las izquierdas en general y al Partido Comunista (que había liderado la resistencia frente a la dictadura) en particular. El PSOE, más tarde, aceptó esta ley que facilitaba el bipartidismo y se benefició de ello, aun cuando, al debilitar a los partidos a su izquierda debilitó a todas las izquierdas dificultando la aplicación de su programa. Aun cuando los partidos de izquierda han sumado más votos que los partidos de derechas en la mayoría de elecciones durante la democracia (2.677.061 votos en 1982; 1.460.497 en 1986; 2.174.278 en 1989; 2.014.027 en 1993; 1.250.822 en 1996; 2.152.514 en 2004 y 1.486.896 en 2008), las políticas públicas del Estado no han reflejado tales mayorías electorales, pues no se han traducido en mayorías parlamentarias.
Las consecuencias de este hecho son muchas. Una es la política fiscal regresiva del Estado español, uno de los estados de la UE-15 (el grupo de la UE con semejante nivel de desarrollo económico al nuestro) que ingresa menos recursos (una cantidad equivalente al 34% del PIB, un porcentaje mucho más bajo que el promedio de la UE-15, un 44%), con el agravante de que su dependencia en las rentas del trabajo es la más alta de la UE-15. Como consecuencia de ello, España tiene uno de los estados del bienestar menos financiados de la UE-15. Treinta y tres años después de haber terminado la dictadura, España continúa a la cola de la UE-15 en gasto público social por habitante.
Las enormes limitaciones de la democracia en España (tanto a nivel central como autonómico) aparecen también en las escasísimas oportunidades de participación de la ciudadanía en la gobernanza del país. Los padres de la Constitución parecían tener miedo a la población, lo cual aparecía no sólo en el sesgo del sistema electoral, sino también en la exclusión de formas de participación directa de la población, tales como los referendos, tanto a nivel autonómico, como municipal (y también a nivel central, pues no es posible hacer referendos en respuesta a peticiones de la ciudadanía).
La democracia en España se limita a votar cada tantos años, delegando el poder en un estamento político que ha desarrollado un corporativismo profesional que se resiste a la democracia directa. Cuando a Artur Mas, presidente de la Generalitat de Catalunya, los indignados le preguntaron cómo podían manifestar su protesta a las políticas de recortes de gasto público social que su Gobierno estaba realizando en contra de lo que había prometido y (en contra, también, de los deseos de la mayoría de la población en Catalunya), su respuesta fue que lo expresaran en las urnas dentro de cuatro años. Sería más democrático que, tras la recogida de firmas, pudiera convocarse un referéndum en que la ciudadanía pudiera o bien refrendar o parar tales recortes, propuesta que están haciendo los indignados.
Pero en donde las limitaciones de la democracia aparecen con mayor claridad es en los medios de información de mayor difusión (tanto públicos como privados). Su carencia de diversidad ideológica, con clara discriminación a las voces críticas de izquierdas, dificulta la expresión democrática. Un claro ejemplo de ello ha sido el debate mediático sobre la respuesta a la crisis, que se ha centrado en cómo realizar los recortes de gasto público social aceptando que no hay alternativa posible a tales recortes, y ello a pesar de la evidencia existente que cuestiona la eficacia y la inevitabilidad de tales medidas. Propuestas alternativas que incluían desde la reversión de la bajada de impuestos (mayor causa del déficit estructural del Estado), hasta el establecimiento de bancas públicas que garanticen el crédito, apenas se les permitió concurrir en tales debates, y ello a pesar de que la mayoría de la ciudadanía apoyaría tales medidas (propuestas también por los indignados).
De todo lo dicho se deriva la necesidad de hacer una segunda Transición que corrija los defectos y limitaciones de la primera Transición. Es significativo que la marcha de los indignados de Barcelona del 19-J, una de las más grandes en la historia de esta ciudad, terminara con una de las canciones de la resistencia contra la dictadura, L’estaca, estableciendo una continuidad entre los que luchamos entonces para establecer una democracia y los que luchan ahora para mejorarla sustancialmente, porque la que tenemos está lejos de lo que la población desea y se merece.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra

Debate Nación. ERC, IU e ICV piden un censo de obras realizadas medainte trabajos forzosos durante la dictadura

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La dictadura terrorista y totalitaria

09 jun 2011
VICENÇ NAVARRO
A la vuelta de un largo exilio, uno de los hechos que más me sorprendieron de la vida política española fue la percepción –ampliamente aceptada por el establishment político, y promovida por los medios de mayor difusión– de que la Transición de la dictadura a la democracia había sido modélica, creando una democracia que era homologable a las existentes en la Europa occidental. La realidad, sin embargo, mostraba con toda su crudeza una democracia muy incompleta y un bienestar muy insuficiente, realidad que continúa hoy, 33 años después.
España continúa teniendo el gasto público social (que financia al Estado del bienestar) per cápita más bajo de la UE-15. Y políticamente acabamos de ver cómo las fuerzas conservadoras han intentado prohibir la participación en el proceso democrático de un partido político, Bildu, debido a su origen, enraizado en una fuerza terrorista, ETA, y ello a pesar de que tal partido se ha distanciado de la violencia y ha aceptado las reglas del proceso democrático. Pero esto parece no ser suficiente para el Partido Popular, que desea que este partido condene tal pasado terrorista, intentando llevar a la cárcel a todos aquellos que todavía hoy defienden a ETA.
Este comportamiento sancionador del terrorismo contrasta, sin embargo, con el comportamiento del propio Partido Popular, que nunca ha condenado explícitamente y por su nombre a la mayor fuerza terrorista que existió en España durante el siglo XX, responsable del mayor número de asesinatos políticos que haya ocurrido en la historia del país. Ningún otro régimen ha asesinado a tantos españoles como la dictadura iniciada por un golpe militar, liderado por el general Franco, en contra de un sistema democrático, la II República. Fue un régimen basado en el terror, con asesinatos políticos (por cada asesinato político que cometió Mu-
ssolini, Franco cometió 10.000), torturas (sistemáticamente realizadas en sus cárceles), campos de concentración y exilio. Aquel golpe fue realizado por los que falsamente se autodefinieron como los nacionales (la mayoría de sus tropas de ataque eran mercenarios y extranjeros, y su victoria se debió única y exclusivamente al apoyo extranjero de Hitler y Mussolini) que estaban en una “cruzada” (cuyas tropas de choque, paradójicamente, eran musulmanas) y que supuestamente defendían a la patria (imprimiendo un enorme retraso económico, político, cultural y social al país). En realidad, era una minoría en contra de la mayoría de las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España, lo cual requería el terror para su propia supervivencia. El terror fue sustancial en la existencia de aquel régimen hasta su último día.
Sin pretender establecer categorías, el número de víctimas de aquel terror (asesinatos políticos) fue de casi 200.000, una cifra mucho mayor que la realizada por ETA (839). Las víctimas de aquel régimen terrorista continúan ignoradas durante el periodo democrático, sin que el Estado las haya homenajeado como se merecen. El contraste entre el comportamiento del Estado hacia las víctimas de ETA y las víctimas de la dictadura es vergonzoso e ilustra no sólo la diferente vara de medir el terrorismo, sino la baja calidad del estado democrático, cuyo Tribunal Supremo, por cierto, está enjuiciando al único juez que ha intentado en España que el Estado se responsabilizara de encontrar a los desaparecidos en aquella dictadura y de enjuiciar a los responsables de tanto dolor y terror.
La entrada dedicada a Franco del Diccionario Biográfico Español –publicado por la Real Academia de la Historia, e iniciado y financiado por el Gobierno del PP dirigido por José María Aznar– es una alabanza y una apología del responsable del mayor terror que haya existido en España. A pesar de ello, un dirigente del PP alabó la biografía de tal terrorista, presentándola como obra ejemplar. Utilizando el mismo criterio que tal partido aplica a ETA, el autor de tal biografía debiera estar en la cárcel y la Real Academia de la Historia tendría que haberse cerrado. Y, al propio portavoz del PP que hizo tal alabanza, se le hubiera tenido que llevar a los tribunales.
El hecho de que todo esto no ocurra muestra el enorme poder de las fuerzas conservadoras que hegemonizaron el proceso de la Transición y el periodo democrático. ¿Cómo, si no, puede explicarse que incluso hoy, en los libros de texto de la asignatura obligatoria de cultura cívica se sostengan posturas dignas de la ultraderecha del Tea Party de EEUU, tales como definir al feto como ser humano, considerar el aborto voluntario como un asesinato, o definir al darwinismo como una doctrina sospechosa? ¿Y, cómo, si no, pueden explicarse la visión tan sesgada y negativa que se da de la II República y el silencio sobre el terror del régimen que la derrocó que están presentes en los libros de texto de las escuelas públicas?
Pero la represión de aquel régimen fue también psicológica e ideológica, precisamente debido al carácter totalitario del mismo. La ideología que imponía era el nacionalcatolicismo, mezcla de un nacionalismo españolista extremo e imperialista, con características racistas (el día nacional se llamaba el Día de la Raza, y la película que realizó el dictador se llamó Raza) y de un catolicismo reaccionario en extremo que, junto con su caudillismo, un machismo muy acentuado y una hostilidad al mundo obrero y sindical, constituyó una ideología totalizante, pues quería cambiar “al hombre”, penetrando en las áreas más íntimas de las personas, desde el sexo hasta la lengua, todo ello normatizado. Tal régimen tuvo pleno control de los medios y de las instituciones. Considerar aquel régimen como meramente autoritario es ignorar la asfixia intelectual, política, económica y cultural que la mayoría de las clases populares sufrieron para mantener la “placidez” de aquellos que se beneficiaron de tal terror.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra